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CLACSO
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El Comité Directivo de CLACSO reunido en Ciudad México el 26 y 27 de abril de 2017, expresa su más enfático apoyo al pueblo portorriqueño y a las y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Como siempre hemos hecho, acompañamos incondicionalmente las luchas del pueblo de Puerto Rico en la afirmación de su soberanía, autodeterminación y libertad.

Puerto Rico, la isla más pequeña de las Antillas Mayores, ubicada en el Mar Caribe, es una colonia de Estados Unidos por invasión militar desde 1898. Esta isla caribeña comparte muchos de los problemas que enfrentan los países de la región como el acecho de los fondos buitres, la ofensiva xenófoba y colonial del gobierno de Donald Trump y el ataque al gasto social, particularmente a la educación y la salud.

A la Isla se le atribuye una deuda de 72 mil millones de dólares y se estima que por lo menos la mitad de esta deuda puede ser inconstitucional e ilegal.

Meses antes de que Donald Trump fuera electo presidente, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), estableciendo un proceso para reestructurar la deuda pública del gobierno de la Isla creando una junta federal de control fiscal para tutelar al país hasta que supuestamente su crisis fiscal se estabilice. Los miembros de la Junta fueron nombrados por Barack Obama y su poder está por encima del de la legislatura y el gobernador de Puerto Rico. Ésta ley y la Junta de Supervisión Fiscal son la expresión más elocuente del colapso y el límite del modelo colonial de desarrollo.

La Junta de Control Fiscal le ha requerido al gobierno de Puerto Rico un presupuesto balanceado para el 2019 y la restauración del acceso a los mercados de capital. Para ello, el gobierno debe llevar adelante un recorte brutal de mil millones de dólares en salud y un ajuste de más de 500 millones de dólares en el presupuesto de la universidad pública, entre otros.

El recorte a la Universidad de Puerto Rico, equivalente a la mitad (o más) de su presupuesto, supone el desmantelamiento del proyecto de educación pública. Además, el gobierno le adeuda a la universidad más de 1000 millones de dólares y la institución ya ha reducido significativamente sus gastos en los últimos años.

El gobierno no cuestiona la inconstitucionalidad de la deuda que atenta contra los derechos de los trabajadores y a la educación. En 2015 se creó una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Los fondos buitres se oponen a la revisión de la deuda buscando proteger sus ilegales y e ilegítimas prácticas de especulación y usura.

En la actualidad, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico se han declarado en huelga indefinida, contando con el apoyo del sector no docente y de varias asociaciones de profesores. Entre sus reclamos, plantean la ilegalidad de la deuda y exigen una auditoría pública, independiente y transparente de la misma.

La Universidad de Puerto Rico constituye la esperanza para que la Isla genere un proyecto de desarrollo socioeconómico sostenible e incluyente. Ésta situación exige acciones claras y urgentes para garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad para todos y todas.

Nos solidarizamos con los reclamos de los estudiantes en huelga y con los sectores académicos que han propuesto alternativas frente al ajuste. Rechazamos los recortes impuestos a la Universidad de Puerto Rico y apoyamos las luchas por un proyecto emancipatorio capaz de gestar su propio modelo de desarrollo socioeconómico como nación independiente y soberana.

Comité Directivo de CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales