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Las sociedades latinoamericanas enfrentan hoy una crisis profunda en sus formas de organización y de relación con la naturaleza. Por un lado, porque heredan un pesado pasivo ambiental. Desde los tiempos de la conquista y la colonia, la región fue saqueada y despojada de sus recursos naturales. Por otro lado, esta crisis también se explica por la inserción de las sociedades latinoamericanas en la economía global como fuentes de materias primas, exportadoras de productos agrícolas y proveedoras de recursos energéticos, minerales y forestales.

En ambos casos, la explotación predatoria de los territorios y recursos naturales y el creciente deterioro social y ambiental de la región constituyen la “huella ecológica” del desarrollo de los países más avanzados. Efectivamente, así como durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XIX las colonias se especializaron en la elaboración de metales y productos agrícolas, desde entonces, y sistemáticamente, los países centrales adquirieron la materia prima de los países de la periferia. En la actualidad, las empresas agrícolas, petroleras y farmacéuticas transnacionales financian a los centros de investigación ubicados en nuestros países que se dedican a la sistematización de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, la investigación en biotecnología y la manipulación de la información genética contenida en los materiales biológicos. Estas compañías, y una red institucional más amplia que también incluye a instituciones financieras internacionales, mercantilizan los resultados de las investigaciones e inciden sobre las políticas de ciencia y tecnología con el objeto de regular tanto el acceso como la comercialización de la biodiversidad y los recursos naturales de exportación. Esta situación genera nuevas condiciones de producción para los agricultores latinoamericanos, en particular los campesinos e indígenas. Así, por ejemplo, estos últimos se ven obligados a adquirir las semillas genéticamente modificadas y patentadas por las empresas y universidades del mundo desarrollado, y forzados a modificar sus prácticas históricas de producción y organización social y cultural. También, y como consecuencia del avance del desmonte y la explotación comercial de los campos, son perseguidos y desplazados de sus tierras ancestrales.

La actual expansión de la frontera agropecuaria en los países de la región encuentra su explicación en su inserción en el sistema agroalimentario global como exportadores de productos tradicionales en un escenario caracterizado por el aumento sostenido de los precios internacionales de los productos agroalimentarios y energéticos. Los altos niveles de rentabilidad en el sector agropecuario se traducen en el incremento en el valor de la tierra, atraen la inversión de capitales especulativos y promueven la extensión del monocultivo, la soja en particular. Por otra parte, el aumento del precio del barril de petróleo encarece los costos del transporte, impulsa el desarrollo de los biocombustibles e impacta sobre el nivel de consumo y nutrición de la población perjudicando principalmente a los sectores más pobres.

La lista de indicadores ambientales que cuestionan la sustentabilidad de nuestra vinculación actual con la naturaleza es muy vasta. De manera general e indicativa podemos mencionar la devastación de las selvas tropicales, la deforestación de los bosques, la contaminación y erosión del suelo, la desertificación, la acumulación de gases contaminantes en la atmósfera y la polución de los acuíferos. También, la contaminación ambiental y el daño climático que se derivan de la falta de una regulación sustentable en materia de tratamiento de desechos nucleares y otros residuos industriales, la construcción de centrales térmicas para la generación de electricidad y la falta de preservación de los recursos oceánicos y los territorios considerados patrimonio de la humanidad.

En suma, el daño ocasionado al medio ambiente y a la biodiversidad en la región es enorme y no sólo dificulta las posibilidades de desarrollo de los países; también impone límites concretos a la reproducción de la vida misma. En este contexto, la problemática ambiental ocupa un lugar cada vez más importante en la formulación de políticas públicas y acuerdos internacionales y supranacionales y en los debates públicos nacionales y regionales. En los últimos años, diversos sectores se expresaron en contra de los efectos perversos de la mundialización sobre el medio ambiente. Ejemplo de ello son el cuestionamiento que diversos sectores hicieron frente a la urbanización desregulada y las experiencias de movilización del campesinado andino y los pueblos indígenas en defensa de los territorios y recursos naturales de los cuales depende su subsistencia. La disputa por la apropiación del territorio y el creciente reconocimiento de las acciones dirigidas a su recuperación muestran las profundas fisuras en las relaciones de poder contemporáneas. En este sentido, las demandas de nacionalización del gas y el petróleo, la redistribución de la tierra por medio de su ocupación y la reorganización del territorio a partir de la producción autogestionada constituyen estrategias de sobrevivencia pero también, y principalmente, formas de resistencia al poder político de los gobiernos y las empresas.

La cuestión de la reforma agraria y otros temas tales como  la soberanía alimentaria, la integración regional y el desarrollo económico involucran nuestra relación con los recursos de la naturaleza así como también señalan algunas de las principales dimensiones que debería comprender un modelo integral de desarrollo sustentable capaz de garantizar el bienestar de la población. Los conflictos de intereses, las resistencias y los reclamos sectoriales que se derivan de las políticas de redistribución de los excedentes agropecuarios y la nacionalización y estatización de los recursos energéticos e hidrocarburos implementadas por algunos gobiernos abren un debate acerca de los límites del modelo exportador actual y el rumbo del desarrollo de las economías y las sociedades de la región.

Esperamos que los proyectos presentados a este concurso y las investigaciones que de ellos resulten aprovechen el rico caudal del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, integren los desarrollos de la geografía, la antropología y la sociología con los de nuevos campos del saber como la economía ecológica, la ecología política y la historia ambiental, y produzcan una elaboración teórica novedosa sobre alguno de los problemas y cuestiones que orientan esta convocatoria. Sin pretender agotar la lista de temas posibles, a continuación se sugieren algunas líneas temáticas que podrían ser abordadas en los proyectos de investigación que se presenten a este concurso.

• La dimensión global del problema ambiental y su importancia en el esquema de relaciones internacionales. Los procesos e iniciativas de integración regional y los desafíos que plantean en la elaboración y ejecución de políticas ambientales. La inserción de las economías en el mercado global. La acentuación de la interdependencia asimétrica.
• La gestión ambiental y el manejo de recursos naturales. Las políticas públicas ambientales aplicadas en la región. La organización de los mercados de bienes y servicios ambientales. La inversión en megaproyectos de infraestructura.
• Los vínculos entre el deterioro social y el deterioro ambiental. Los principales impactos sociales, culturales y ambientales de los procesos de desarrollo. En particular, los efectos del desarrollo científico y tecnológico. La centralidad de la biodiversidad en el proceso de acumulación global. La investigación en biotecnología, su rol en el desarrollo del capitalismo moderno y su implementación en la región. Las alianzas entre gobiernos, empresas y científicos.
• Las nuevas formas de organización territorial de las economías y sociedades de la región. Sus impactos socio-demográficos y políticos intra e internacionales. Las nuevas fronteras de las agriculturas de exportación y la redefinición de los ecosistemas.
• La regulación y organización institucional de la explotación y/o la preservación de los recursos naturales. Los debates sobre la legislación y la construcción de marcos institucionales en materia ambiental. Los desarrollos legales alternativos en bioseguridad.
• La incorporación de lo ambiental como problema y como campo de acción en las nuevas agendas políticas de los actores sociales. Las opciones hegemónicas y sus estrategias político-comunicacionales. El ambientalismo de mercado.
• El carácter político y conflictivo de la gestión ambiental. Los actores de las luchas ambientales actuales. Las alianzas y configuraciones mundiales. Las acciones de los gobiernos nacionales, las empresas transnacionales y los organismos internacionales. Las reivindicaciones de los movimientos urbanos y campesinos e indígenas. Los conflictos mineros. Las experiencias locales y las redes de producción y comercialización agroecológica.
• El papel de las organizaciones no gubernamentales y la participación ciudadana en la formación de las nuevas agendas ambientales, la formulación de políticas y la creación de instrumentos para su ejecución. Análisis de la dimensión ambiental del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, el Banco del Sur, la duplicación del Canal de Panamá o la transposición del río São Francisco.
• Los debates acerca de las políticas de los estados para insertar el complejo agroalimentario en un modelo de desarrollo sustentable, con distribución equitativa y calidad institucional. La relación entre la ocupación de tierras y la reforma agraria. El papel de los estados en la administración y el control de los recursos hidrocarburíferos en la región.