Para entender en la complejidad y relevancia del Acuerdo Final (2016) se debe tener presente que un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo e implementarlo, que está compuesto por fases o etapas en las que intervienen diferentes actores en un ejercicio colectivo que pretende alcanzar pactos que pongan fin a la violencia física para iniciar, mediante la implementación de los mismos el proceso de superación de las violencias culturales (Fisas, 2010, P. 10).
En ese sentido la implementación del Acuerdo Final (2016), al igual que las fases precedentes, debe entenderse como una disputa por la hegemonía que se desarrolla en el campo político en torno de tres pilares; las representaciones del pasado, la justicia y las reformas políticas (Osorio, 2017), cuya resolución depende de la correlación de fuerzas de los bloques que lo componen al campo político colombiano tanto en función de la implementación del mismo como de sus dinámicas propias. Esta disputa puede llevar a la recomposición y consolidación de largo plazo del poder de clase si el Acuerdo Final (2016) no transforma estructuralmente la correlación de fuerzas imperantes y se produce la simple absorción de la guerrilla en la dinámica política existente; pero también es posible que el Acuerdo (2016) contribuya a desatar por medio de la Participación Social un ciclo de reformas jurídicas, institucionales y de gestión pública que conlleven a la real democratización política, económica y social del país con alcances transformadores aún no predecibles (Estrada, 2014, Pp. 17-18).
En Colombia los bloques del campo político hoy están compuestos principalmente por el gobierno nacional y sus aliados en el congreso -hoy la facción predominante-, la ultraderecha adversa al proceso de paz, la izquierda desinteresada en la paz y la izquierda promotora de la implementación integral del Acuerdo. Las relaciones entre estos bloques se ha complejizado en el proceso de institucionalización del proceso de paz en tanto la correlación de fuerzas alcanzada durante el proceso de negociación se transformó en favor de la ultraderecha y el Gobierno, se abrieron espacios de diferenciación entre los partidos en función de la posibilidad de modificación en el congreso nacional de lo acordado, la pérdida de importancia en la opinión pública del proceso de implementación y los incumplimientos del Gobierno respecto de lo acordado; todo esto ad portas de la próxima coyuntura electoral nacional.
La facción dominante del bloque de poder, ha expuesto su idea de post conflicto como el fin de la confrontación armada, la desmovilización, desarme y reinserción de la guerrilla; una paz sin reformas sustantivas que pasteurice las demandas sociales haciéndolas consumibles por el régimen sin mayores costos fiscales, que dé continuidad, profundice, expanda y estabilice al régimen de dominación en el contexto de acumulación neoliberal que se ha venido adelantando en el país.
La extrema derecha se ha concentrado en la movilización de sectores sociales cercanos a sus posturas a partir de la denuncia de ilegitimidad del proceso de implementación en tanto las modificaciones hechas al acuerdo luego del 2 de Octubre no fueron a su modo de ver sustanciales, la denuncia internacional del proceso y la preparación de la campaña electoral del 2018 en perspectiva de ´hacer trizas los acuerdos de paz.´
Mientras que la izquierda desinteresada en la paz ha concentrado sus esfuerzos en la denuncia de otros fenómenos característicos del régimen político como la corrupción y la izquierda promotora de la implementación integral del acuerdo de Paz se ha visto abocada a varias acciones que pese a su importancia para el desarrollo de la vida nacional no han alcanzado el acompañamiento de grandes multitudes, entre ellas se encuentran; el acompañamiento político, social y económico al proceso de reincorporación a la vida civil de los ex combatientes, la reorganización las alianzas y coaliciones en función de las elecciones del 2018, la implementación de lo acordado respecto de reformas sociales y de gestión pública y la incidencia en la institucionalización del Acuerdo Final respetando y profundizando el espíritu democrático que el mismo tiene.
En este contexto, la Participación Social es la única garantía para la construcción de una Paz Estable y Duradera generando capacidad de reacción frente a las amenazas e intentos de ruptura con el espíritu del Acuerdo (2016) (Estrada, 2014, Pp 12-13), por lo que el desarrollo en profundidad de ésta como principio de la implementación en el contexto de una estrategia de democratización nacional cobra especial valor para los sectores sociales interesados en la construcción de una paz más allá del silencio de los fusiles que implica la superación de las violencias estructurales que hacen parte de la vida nacional. Lo anterior implica desarrollar y fortalecer los mecanismos de participación contemplados en el Acuerdo referentes a la solución de problemas específicos y la incidencia en la gestión pública territorial acorde a las necesidades que se establezcan bien sea en relación a las alternativas de intervención emanadas del Acuerdo o de otras que hoy impactan la vida local, regional y nacional.
La democratización de la vida nacional (Estrada, 2015) como parte de la Potencia Transformadora del Acuerdo Final (2016), pasa por la profundización de la Participación Social, entendida como la articulación de los intereses y expectativas capaz de construir un Sujeto Social que cuente con garantías a la vida y la labor de los líderes, que tenga conciencia de clase y esté fortalecido y articulado; cuyas actuaciones tengan un Alcance Político en la medida que reconfigure lo que se considera y cómo se resuelven los problemas públicos, genere incidencia en la gestión pública y fortalezca la vigencia del Estado Social de Derecho.
Democratizar la vida nacional, pasa por reconocer los múltiples y diferentes niveles de afectación del conflicto y el abandono estatal a los diferentes territorios y comunidades, en lo que se ha denominado desde la gestión pública el enfoque de justicia territorial, que implica el desarrollo privilegiado del Acuerdo Final en zonas periféricas del país, bajo lógicas reparadoras, con enfoques étnicos y de géneros diferenciales, formas de gestión que superen las múltiples formas de clientelismo y corrupción asegurando el goce efectivo de derechos y la construcción de formas alternativas de desarrollo por parte de las comunidades más afectadas en diálogo con un proyecto nacional integrador y democratizador.
En ese sentido, el estudio y la reflexión sobre la Potencia Transformadora del Acuerdo Final (2016) y en particular de los Planes de desarrollo con Enfoque Territorial cobra importancia, tanto para las comunidades que convergen en las 16 sub-regiones, como para quienes han construido experiencias de resistencia y desarrollo alternativo en otros lugares del país, para la izquierda promotora de la paz y para la institucionalidad responsable en parte importante de llevar a buen término los sueños plasmados en el Acuerdo; y por supuesto de la academia que hoy como siempre está llamada a vincularse en el sentido más praxiológico posible a la construcción de paz, de país, de futuro.
La reflexión sobre la Participación desde el enfoque crítico se hace importante en tanto la concepción de la participación y sus alcances en el contexto del Estado capitalista es también un campo en disputa por las miradas académicas, políticas, sociales y culturales que se desarrollan e interactúan con ideologías diferentes e incluso contradictorias. En esa disputa, se plantea la dificultad que tienen las comunidades que participan y más aún de quienes no lo hacen de analizar, debatir, criticar generalizar los procesos, prácticas y avances de la participación entre otras por la falta de teoría y de pensamiento estratégico en relación a este tema y a las formas de democracia (Caruso, 2013, P. 9) subyacentes a estos ejercicios.
En general la literatura es abundante respecto de la participación especialmente en América Latina y Europa donde su producción se ha fortalecido desde la década de los 90 a partir de las crisis de los partidos políticos y la baja legitimidad de la democracia representativa (Massal, 2010, P. 80), es poco el estudio de la Participación Social como ejercicio de construcción capaz de crear condiciones para transformar la sociedad pese a la cantidad de experiencias significativas al respecto y su importante impacto en la transformación de relaciones económicas, políticas y sociales que ha instalado la idea en los imaginarios populares de que la vivencia y profundización de la democracia por esta vía es una posibilidad de acción, que confronte la apuesta neoliberal de sociedades sin sujetos colectivos, en donde la participación se reduce a la legitimación de decisiones tomadas en ámbitos cada día más globales y concentrados y a la capacidad de hacerse parte del mercado desde las lógicas dominantes de consumo.
En consecuencia a lo antes expuesto, la pregunta que orienta esta ponencia, como resultado de la investigación para la tesis de maestría en Sociología es ¿Cómo la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial pueden contribuir al desarrollo de la Potencia Transformadora del Acuerdo Final? y la hipótesis que se sustenta es que en tanto mecanismos de Participación Social, desarrollados en el contexto de la construcción de paz, los PDET pueden ser un mecanismo privilegiado para la materialización de la Participación Social, lo que en consecuencia puede derivar en la construcción de un sujeto social y nuevas formas de gestión pública en tanto el contexto general de la implementación y del campo político se mantengan favorables a la Paz como eje articulador de la construcción de nuevas formas de relacionamiento y de construcción de país.