La terminación de la fase de negociación del proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP impone retos institucionales y sociales a todos los niveles para Colombia. La fase de implementación, inmediatamente posterior a la anterior, representa la concreción de lo pactado y apunta a hacer realidad las condiciones mínimas que concreten a la normalización de la situación de conflicto armado en los territorios, el compromiso de las partes para cumplir lo acordado y la intervención institucional y estatal para poner en marcha planes que mitiguen las condiciones más agudas que ponen en entredicho su capacidad política institucional. Los factores de riesgo son mayúsculos y están claramente identificados: las garantías políticas que le permiten a la fuerza que abandona la guerra un proceso de transición de grupo armado a partido político, las garantías de DDHH que le faciliten adelantar la lucha política en condiciones de legalidad y sin recurrir a la violencia, la neutralización de los grupos armados que representen un riesgo para la estabilidad y el cumplimiento de acuerdos y el paquete de reformas que el Estado debe adelantar en materia de justicia, inversión y política en el ordenamiento constitucional del país.

Este proceso de implementación requiere condiciones políticas particulares y favorables que le permitan al gobierno y los sectores comprometidos con la implementación adelantar las reformas y los procesos de ajuste institucional requeridos para responder a lo pactado y a la comunidad internacional, un actor que en esta fase es decisivo. Estas condiciones políticas favorables están en entredicho, pues, por un lado, el conflicto social y armado en Colombia no desaparece con la dejación de armas de las FARC-EP y por el contrario tiende a agudizarse con la emergencia de disidencias armadas de las FARC, emergencia de bandas que se disputan el control territorial de las zonas de donde salen las FARC, el paramilitarismo continúa actuando en contra de los movimientos sociales y sus organizaciones, y finalmente la guerrilla del ELN continúa alzada en armas, si bien participando de un proceso de diálogo con el gobierno.

Por otro, la sociedad y los partidos están polarizados en torno al tema de los acuerdos y su implementación, y este escenario tiene a problematizarse con el cambio de gobierno en 2018, un escenario fundamental si de hacer realidad la implementación se trata. La derecha colombiana polariza en dirección de echar a tras lo pactado y de otro lado, la unidad en torno a los mismos es inestable y problemática. La izquierda, aliada del proceso de paz considera que es el momento de profundizar en las reformas democráticas y sociales viendo una oportunidad favorable para tener vigencia histórica. Así mismo, las políticas neoliberales del Estado colombiano y las subordinación a los EEUU continúan adelante tanto en materia de política extractivista y minero-energética, favorecimiento del gran capital, política antidrogas, etc.

En consecuencia, el proceso de implementación enfrenta grandes retos institucionales, si el propósito es la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, no esta clara las posibilidades de un gobierno democrático comprometido con el cumplimiento de los acuerdos y esta por verse el efecto en la correlación de fuerzas de la legalización de las FARC y de la construcción del Nuevo Partido político. Igualmente, el proceso de diálogo iniciado entre el gobierno y el ELN en Quito avanza a ritmo lento y no parece clara la posibilidad de que la participación de la sociedad, primer punto de la agenda de diálogo, sea una alternativa efectiva a la movilización ciudadana necesaria por el proceso y la construcción de la paz.

Este análisis se hace desde las selectividades estratégicas del Estado, una categoría del Enfoque Estratégico Relacional, formulada originalmente por el marxista británico Bob Jessop, a partir de una lectura de Poulantzas, la cual entiende que la política estatal es contradictoria y caótica porque representa las contradicciones interinstitucionales como expresión de tensiones, luchas y estrategias de agentes políticos de distinta naturaleza, inscrita en la lucha de clases. La política estatal expresa asimetrías de poder a través del aparato institucional facilitando a unas fuerzas políticas e impidiendo a otras, en un juego complejo e históricamente situado, acceder diferencialmente a las capacidades estatales que a su vez dependen de poderes más allá del Estado.

En esta forma, la implementación de los acuerdos de la Habana se convierten en un escenario de lucha política en que las fuerzas políticas que se expresan institucionalmente como las que tienen manifestaciones extrainstituciones y por tanto poderes "no estatales", se juegan el establecimiento de una paz estable y duradera.