Actualmente la apelación a la “diversidad sexual” comienza a tener un lugar en la acción pública social en Chile (Esguerra y Bello, 2014), lo que es relevante en tanto denota la preocupación del Estado por un tema relegado tradicionalmente al ámbito júridico o psico-médico. Sin embargo, esta actuación del Estado chileno opera sobre una multiplicidad de sujetos cuya condición los sitúa como objetos susceptibles de ser intervenidos: desde el retorno a la democracia la población LGTBI a través de diversos dispositivos sociales. Se presentan los primeros resultados de una investigación que analiza cualitativamente la emergencia de la “diversidad sexual” como campo de la acción pública en Chile, haciendo visibles las diversas matrices de comprensión presentes respecto del fenómeno (Hacking, 1999) y su relación con los diversos procesos de subjetivación que se concretan. Desde una perspectiva genealógica, se analiza la emergencia y articulación de la noción de diferencia en el campo de la sexualidad y las políticas de identidad situando la diversidad como su traducción gubernamental. En tal dirección se busca visualizar cómo en estas políticas se descuida la naturaleza y la ontología del cuerpo y las condiciones bajo las cuales a los cuerpos se les adjudican identidades, se les psicologiza, se les localiza históricamente y se les asignan culturas y agencias.
En este sentido, la pregunta onto-epistémica sobre las diferencias, parece desplazarse, es decir ser problematizada a partir de la noción de diversidad, cuestión que la hará inteligible, es decir gobernable (Gauché, 2014). A nivel internacional la gestión de la diversidad empieza a operar sobre una multiplicidad de sujetos, cuya condición los sitúa como objetos/sujetos, poblaciones, grupos o colectivos “vulnerables” o “minorías”, susceptibles de intervenir, es decir gestionar mediante una serie de políticas identitarias orientadas a su inclusión. Sin duda ello obedece en parte, a la acción de organizaciones y colectivos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales/transgénero e intersexuales (en adelante LGBTI) que ha permitido la instalación de un debate que ya sea por motivos de violencia y discriminación (Ceballos y Prieto, 2013; Ferfolja, 2013), por la ausencia de reconocimiento en la política pública (Mulé et al., 2009; Vianna et al., 2008), o por desigualdades sociales y económicas (Esguerra y Bello, 2014), busca discutir sobre temas como la sexualidad, los derechos, la identidad, y la ciudadanía de quienes se consideran parte esta población. A partir del término de las dictaduras en América Latina y España -período en que se discriminaba abiertamente a personas LGBTI- se ha dado una expansión sin precedentes de derechos para la diversidad sexual, los cuales van desde legislaciones anti discriminación hasta el reconocimiento de formas de familia no tradicionales (Díez, 2013).
Sin embargo, esta irrupción podría suponer una doble lectura: por un lado, que responda a una atenuación de las desigualdades existentes y/o, también, a una forma más del poder que se ejerce sobre los individuos y sus cuerpos (Foucault, 1977). Concretamente los discursos respecto de la diversidad pueden operar invisibilizando diferencias y especificidades, además de mantener y promover representaciones patriarcales, heteronormativas y etnocéntricas (Valentine, 2007; Sabsay, 2011, Butler, 2006, Wittig, 1992). Es por eso que nuestra investigación asumimos que es necesario interrogar y problematizar las actuaciones públicas actuales para develar los sentidos, discursos y prácticas vinculadas al ejercicio de la función estatal en esta materia y su impacto en los sujetos, considerando tanto el rol que cumplen funcionarios/as públicos, como los efectos que estas acciones públicas tienen en la formación de sujetos usuarios. Creemos que esto resulta fundamental para comprender los alcances políticos de la acción del Estado en la diversidad sexual y las eventuales categorías de sujetos que instala en el espacio de lo social.