La persistencia de las organizaciones públicas (o si se prefiere el término extraído de la biología, la vida) es resultado de la concurrencia de dos factores: las características del nacimiento y la dinámica del contexto (Boin, Kuipers, & Steenbergen, 2010).
Por nacimiento, las organizaciones públicas se diseñan para funcionar en ambientes formales, procedimientos definidos y una cadena clara de comunicación-mando. El contexto en fechas recientes, sin embargo, promueve su convivencia con entes que siguen otra lógica (consejos ciudadanos o comités de participación, como ejemplos) que no tendrían por qué constreñirse a la cadena de comunicación-mando o procedimientos formales. Reflexiones y estudios sobre la desburocratización (Meyer 1979; Shariff 1979, Osborne y Plastrik 1997, Koll 2009), la postburocracia (Osborne y Gaebler 1993, Hollings 1996, Barzelay 1998, Muñoz Aravena 2007; Gantman 2014) o la democratización de la burocracia (Meier y Smith 1994; Espeland 2000; Hunold 2001) parecieran reforzar la idea de que la participación de entes “ciudadanizados” incrementa la legitimidad de las decisiones o disminuye errores o vicios. Deben, sin embargo, analizarse a profundidad y a la luz de la experiencia y no solo desde un plano ideal: si bien es consecuencia del paradigma “Estado moderno liberal” incentiva interacciones que obligan la toma de decisiones sobre cómo relacionarse antes de poder avanzar en lo sustantivo y esperado de la relación.
En México, la presencia de un componente ciudadano en la arena pública comienza a verse a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado a manera de síntoma que anunciaba el fin de la época posrevolucionaria que estructuró el sistema político nacional (Hevia de la Jara, 2013). A partir de ese momento, la presencia (y peso político) de la sociedad civil (y otras agrupaciones ciudadanas con distinta fisonomía) es esencial para explicar la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones públicas. De entre los muchos ejemplos que pueden enumerarse, el de la transparencia resulta de los más significativos.
La presente ponencia, producto de un proyecto de investigación nacional (México) aborda la relación entre organizaciones públicas y sus entes “ciudadanizados” a partir de evidencia empírica de un caso concreto (Oaxaca); identifica un contexto de tensión con respecto a las características de nacimiento y, a partir de su estudio, propone líneas de acción para un eventual diseño. Si bien se aborda un caso particular, se considera que los hallazgos pueden servir de referencia para casos similares donde, por ley, se espera la convivencia entre organizaciones públicas y entidad “ciudadanas”.
La presente ponencia es resultado de una investigación no experimental basada en exploración documental y de campo. En la etapa documental se revisó –a partir del modelo de análisis descrito más adelante- bibliografía sobre decisión pública, burocracia, organización pública y la relación de esto con actores externos. En la etapa de campo se sostuvieron entrevistas en profundidad con actores clave, particularmente los comisionados del órgano garante de la transparencia en Oaxaca (Abraham Isaac Soriano Reyes, Juan Gómez Pérez y Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionado presidente), a tres de cinco integrantes del Consejo Consultivo del órgano garante de la transparencia (Lydia Victorina Sánchez Zárate, presidenta; Xóchitl Jazmín Velásquez Vásquez, ex presidenta; Luis Antonio García Luna).
El caso Oaxaca fue seleccionado por habérsele identificado antecedentes claros de tensión entre el órgano garante y el consejo consultivo que no se resolvieron con la renovación de las personas en 2015. En este sentido se trata de un caso interpretativo (Lijphart, 1971) con la variante de poder aportar a la teoría.
La entrevista en profundidad, realizadas durante los meses de febrero y abril de 2017, se eligió como técnica idónea pues permite identificar cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación y “qué quieren decir [los entrevistados], y con ello, crear una atmósfera en la cual se expresen libremente” (Robles 2011, 40). Por la naturaleza de la información compartida por los entrevistados, se optó por compartir citas textuales empleando claves (OG y un número consecutivo, para los integrantes del órgano garante de a transparencia; CC y un número consecutivo para el caso de los integrantes del Consejo Consultivo). Lo anterior se ilustra de mejor manera refieriendo que, en el desarrollo de una de las entrevistas a integrante del órgano garante de transparencia, para contestar con mayor libertad, por valoraciones políticas, optó por solicitar “ahora sí apague tantito [la grabadora]” (entrevista OG2).
En el tiempo que se realizaron las entrevistas en profundidad, para tener una mejor comprensión de lo observado y una adecuada valoración de las respuestas obtenidas, se sostuvieron pláticas informativas e informales con periodistas y activistas sociales relacionados con el tema.
El análisis empleado se elaboró a partir de la hipótesis que subyace en la investigación y que sirvió para la construcción del marco teórico: existe, entre los integrantes del órgano garante de la transparencia (organización pública) y del consejo consultivo (externos), una tensión producto de una relación obligatoria (por ley). Dicha tensión, para el caso concreto, puede describirse a partir de cinco factores: 1) Naturaleza política de la designación de instancias técnicas; 2) Costos no considerados y reglas difusas para cubrirlos; 3) Agenda y prioridades del Congreso del Estado; 4) d) Ausencia de reconocimiento de capacidades de la contraparte; 5) e) Curva de aprendizaje.
