Hace una década, el 22 de enero de 2006, Evo Morales juró ante el Congreso Nacional como presidente de la República de Bolivia. Este acto inauguró un nuevo ciclo político cuyo momento más alto es la institución del Estado Plurinacional, en febrero de 2009. Ningún otro presidente gobernó tanto tiempo en un clima de relativa estabilidad política y de prolongado crecimiento económico. Los sucesivos gobiernos del Movimiento Al Socialismo han concentrado un capital político inédito que se ha expresado en el control absoluto de los poderes del Estado, pero también de los actores estratégicos de la sociedad civil y particularmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

¿En qué consiste entonces la rareza del proceso político boliviano? ¿En qué medida el “proceso de cambio” ha inaugurado un ciclo histórico inédito que nada le debe al pasado? ¿Cuál es su genealogía? ¿Cuál es esa trama de causalidades y conexiones que sostiene el “proceso de cambio”? ¿Qué lugar ocupan las organizaciones campesinas e indígenas en la actual estructura de poder?
En El Espejo de la Sociedad (Zegada y Komadina 2013) hemos descrito y analizado el sistema institucional y las prácticas de representación política en Bolivia, en el marco de las transformaciones sociales producidas por el nuevo diagrama de fuerzas en el campo político y por efecto de la institución del Estado Plurinacional. Una de las conclusiones relevantes de ese trabajo es la articulación y la tensión entre dos territorios y dos lógicas del quehacer político: uno, es el territorio político institucional representativo, en el cual predominan las instituciones y los partidos políticos y cuyas acciones están reguladas por los procedimientos de la democracia liberal representativa, y en el cual la ciudadanía se expresa a través del voto; otro es el ámbito social|corporativo protagonizado por sindicatos, gremios y corporaciones que a través del Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) han logrado ocupar espacios de poder en las instancias parlamentarias.

Mostramos en ese estudio cómo ambos territorios se conectan de manera fluida, aunque también afloran entre ellos tensiones y confrontaciones. Los grupos sociales estratégicos (los campesinos y los mineros cooperativistas, entre otros) han adquirido un peso político cada vez más relevante, que a momentos se impone sobre las propias capacidades institucionales del sistema, pero en otros momentos se ven obligados a actuar bajo sus reglas de juego. De hecho, decíamos, Bolivia parece ser la constatación de una simbiosis entre la democracia electoral y la democracia social, entre instituciones oficiales e instituciones informales o subterráneas.

Esa constatación nos llevó a preguntarnos sobre las estructuras de poder en Bolivia y especialmente sobre la relación entre el Estado y las organizaciones campesinas|indígenas, articulación que parece esconder el secreto del éxito político del presidente Morales. Esta relación está marcada por un doble sello. Por una parte, el MAS-IPSP y sus gobiernos han logrado interpelar eficazmente a los indígenas|campesinos y los ha constituido como actores políticos y sujetos de derechos colectivos. Por otra parte, más allá de la retórica de la descolonización y el “gobierno de los movimientos sociales”, este vínculo está modulado a nuestro juicio por los intercambios de recursos públicos, económicos y materiales, a cambio de una lealtad política expresada por medio del voto masivo, sostenido a lo largo de una década, y por movilizaciones a favor del gobierno y en desmedro de su autonomía política. Esta estrategia no es episódica y aislada, es un habitus político cuyo origen se puede rastrear en el “pacto de reciprocidad” entre las comunidades indígenas y el Estado colonial y, por supuesto, en las interacciones entre los sindicatos y el Estado, en el marco de la revolución de 1952. Sin embargo, las “dos repúblicas” -el Estado y la comunidad indígena- tuvieron también momentos agudos de confrontación y antagonismo durante las sucesivas rebeliones indígenas, como la sublevación emblemática protagonizada en el siglo XVIII por Tupac Katari y Bartolina Sisa contra el dominio español. La sublevación fue la forma de lucha adoptada históricamente por los indígenas contra la dominación española y en defensa de sus comunidades frente a la expansión de las haciendas. Al principio, las rebeliones fueron dispersas y desconectadas, pero luego ellas se conjugaron con otras contradicciones como aquellas entre colonos y hacendados o entre indígenas versus vecinos de los pueblos y buscaron formas de acción simultáneas. En los albores de la revolución del 52, el brote de los “ciclos rebeldes” asumió un cariz violento que fue mitigado por la revolución que reinventó las relaciones de reciprocidad e intercambio político, mediante pactos entre los gobiernos nacionalistas y los sindicatos campesinos. En el capítulo primero analizamos esas oscilaciones entre la sublevación y el pacto tanto en la historia “larga” como en la historia “corta”.

Aquí es importante distinguir el concepto de bloque político respecto al poder del Estado (también llamado “bloque de poder”). El bloque político dominante no es un conjunto homogéneo e involucra la presencia de fracciones y grupos sociales que convergen con un objetivo político común, de ahí que el sujeto político no responde mecánicamente a la composición de clase, sino a otro tipo de articulaciones que hoy monopolizan el poder del Estado. Desde 2006 hay un cambio sustantivo en la composición social y política del bloque político dominante: si el régimen neoliberal ejercía su dominio a través de los partidos políticos (la llamada democracia pactada) y las estructuras empresariales que acumularon poder durante décadas, en el caso de los gobiernos del MAS, esta alianza política (que articula y ocupa los espacios políticos legítimos) estaba originalmente conformado por sectores campesinos e indígenas junto a sectores populares, a él se adhirieron posteriormente otros como los sectores comerciantes, cooperativistas, asalariados. Las corporaciones empresariales de los sectores financiero, productivo, comercial, terrateniente, agroindustrial del oriente, de mediana y gran escala, si bien se benefician del gobierno, no forman parte de este bloque político de manera directa. En el nuevo escenario, estos últimos no tienen la capacidad de imponer decisiones -salvo referidas a su actividad económica, en las que pueden tener cierta incidencia-; por tanto, no se podría afirmar que forman parte del bloque de poder, del sujeto político o del actual proyecto estatal, y en principio fueron desplazados a espacios regionales como Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Para Luis Tapia no es una fracción de clase la que articula el poder estatal (como sostuvo el teórico marxista Nicos Poulantzas), sino el sujeto político (Tapia 2009: 23). Nosotros nos adherimos a esa lectura crítica; de hecho, según este autor, en el MAS-IPSP este sujeto proviene de la composición de núcleos sociales corporativos y culturales campesinos e indígenas, unidos para construir un proyecto nacional (no plurinacional como enuncia el discurso oficialista), que gobierna a través de estructuras de mediación y formas de participación donde predomina la organización sindical, y da cuenta de un vínculo particular entre Estado y sociedad; por tanto los sectores empresariales económicamente dominantes -en palabras de Tapia- no son los articuladores del actual bloque político nacional (: 34).

La noción de intercambio político ocupa un lugar central en el estudio. Definimos esta noción como un sistema de acción colectiva que no solo involucra la transacción de bienes materiales entre los grupos sociales organizados y el Estado, sino también de bienes simbólicos: la identidad, por ejemplo. No obstante, hablamos con mayor precisión de transacciones asimétricas de poder, pues no todos los actores implicados tienen el mismo volumen de poder y la misma capacidad de presión| negociación. Esta asimetría ha dado lugar a nuevas formas de clientelismo político que están revestidas de solidaridad y desinterés.

La contemporaneidad y la vitalidad de las prácticas políticas informales (clientelismo, patrimonialismo, prebendalismo, nepotismo, entre otras) y su fluida conexión con las instituciones oficiales nos han conducido a preguntarnos ¿Dónde radica el poder en el proceso político en curso? Nuestra hipótesis es que la política no puede ser confinada solamente al campo de las instituciones oficiales y la competencia electoral, ella es heterogénea y ocupa varios territorios o esferas que están conectados por múltiples redes. El poder tiene una estructura rizomática, es múltiple e imprevisible, por ello su pertinencia para entender las intrincadas relaciones que sostienen al gobierno del MAS mediante una sólida red social heterogénea pero conectada, que actúa bajo códigos organizativos sindicales e informales. En el capítulo segundo, nuestro trabajo explora tres territorios o lugares del poder: las organizaciones indígenas|campesinas, el Movimiento al Socialismo y las estructuras estatales.

Los intercambios políticos entre estos tres territorios, o en otras palabras, los procesos de reterritorialización política están fuertemente influenciados por la cultura política sindical, no solo por la matriz originaria del Instrumento Político, sino también por la reproducción de prácticas sindicales “informales” que invaden el espacio institucional estatal y dialogan o disputan la impronta del poder constituido. No obstante, dada la estructura rizomática y cambiante del poder, en determinados momentos, como por ejemplo en los eventos electorales, suele imponerse la lógica partidista que opera como una poderosa máquina política. Para objetivar la estructura de poder es preciso prestar atención a las interfaces entre el MAS, las organizaciones indígenas|campesinas y el Estado.