Los últimos quince años, el Perú vivió un período de inédito crecimiento de la actividad extractiva (minera, petrolera y gasífera) el cual repercutió en un alza de las exportaciones de materia prima y el incremento de recursos públicos. Entre el 2001 y el 2012, debido a factores internos y externos, tales como la privatización de empresas públicas, la apertura a capitales transnacionales y el alza de los precios en el mercado internacional, el valor de las exportaciones mineras se multiplicó siete veces. No obstante, este crecimiento primario exportador, no implicó necesariamente una adecuada política redistributiva, además de generar impactos ambientales y sociales especialmente en las comunidades andinas y amazónicas donde se localizan los recursos. Asimismo, los sucesivos gobiernos optaron por desarrollar políticas focalizadas que consiguieron cierta disminución de la extrema pobreza, pero un incremento de desigualdades y asimetrías que terminan redundando en mayor conflictividad.
Justamente, el actual momento del neoliberalismo y crisis de régimen tiene un impacto crucial en los territorios de los pueblos indígenas, los mismos que ven afectados sus condiciones de vida, exponiéndose a renovadas desigualdades y profundos cambios en sus formas de vida y organización. Situando el análisis del actual momento de crecimiento económico en los andes y la Amazonia peruana, resulta pertinente volver al citado enfoque de “acumulación por desposesión” desarrollado por Harvey (2004) según el cual la fase actual de desarrollo del capital supone una serie de ajustes espacio-temporales, que asignan a determinadas regiones del orbe un lugar en la producción de bienes y la acumulación de beneficios. Tomando en cuenta la información recabada, la Amazonía en general y la selva peruana en particular ocuparían el rol de proveer recursos energéticos, sea hidro carburos, electricidad o bio combustibles vitales para el sostenimiento de la gran industria y la reproducción de un estilo de vida cada vez más urbano. Diversos especialistas en el tema coinciden ampliamente en señalar que nunca antes en su historia la Amazonía peruana concentró tantos proyectos, confrontando un momento particular de proyección e implementación de infraestructuras públicas y explotación de recursos naturales a ejecutarse entre los años 2010 y 2021. Entre estos proyectos destacan las 26 centrales hidroeléctricas situadas en la selva, la industria de hidrocarburos que abarca el 72% del territorio amazónico concesionado y la minería que afecta a 10 millones de hectáreas de la cuenca amazónica en forma de derechos titulados, principalmente en los departamentos de Amazonas y San Martín. A esto se suma la industria maderera y la construcción de grandes carreteras, pieza fundamental para concretar la explotación de la mayor parte de los recursos naturales (Dourojeanni 2009, Chirif, 2011; Rumrril 2010)
El 2016, de modo coincidente con la llegada al gobierno del presidente Kuscinky, representante de la derecha tecnocrática neoliberal, se consolida la baja de precios internacionales de los minerales y con ello una contracción de la economía redundante en menor inversión pública y contracción del empleo etc. Todo ello en medio de un malestar social generalizado debido al destape del caso Lavajato que evidenció lo generalizado de la corrupción en el país. Se intensifican así distintas protestas que cuestionan la utilización de los recursos que entraron durante el super ciclo minero interpelando al Estado y la sociedad sobre las persistentes brechas y desigualdades.
Es el caso del pueblo ashaninka en la selva central peruana, que enfrentan hoy la expansión de la industria de hidrocarburos, la misma que genera desplazamientos y cambios económicos, políticos y sociales. Ante este período de reconfiguraciones, expresado en el ingreso de poderosos actores económicos y nuevas correlaciones de poder, los ashaninkas desarrollan a su vez respuestas organizativas que van de la movilización y la protesta a la participación en la política local. De otro lado, en el caso de Cajamarca, la región como nunca experimentó un incremento de la producción minera, en medio del conflicto que llevo a masivas movilizaciones contra la expansión de las industrias como en Conga el 2012. En tal sentido, la presente ponencia se propone analizar los impactos del denominado fin del super ciclo minero en el incremento de las brechas sociales de desigualdad, y sus repercusiones en la conflictividad. Para ello, se parte de analizar las dinámicas de protesta de los actores sociales más movilizados la etapa de boom extractivo, en particular la central de Rondas de Cajamarca, y la Asociación de pueblos indígenas de la Selva Central (ARPI- SC)
