La renovación de los gobiernos, la alternancia partidista y la presencia de la transparencia en la discusión pública han enfatizado una línea discursiva: “ésta, la nueva administración, será más honesta que la anterior”. No es asunto sin precedentes, en cualquier registro histórico del mundo se encuentran noveles administraciones pretendiendo distancia con su anterior. Pero es precisamente por el énfasis más o menos reciente que la situación invita a su estudio desde una perspectiva actualizada.
En México, puede considerarse el año 2000 como un importante hito en la historia del quehacer público. El incremento en la representación electoral de una oposición germinada a lo largo de siete décadas coincidió con la adopción de técnicas renovadoras de la gestión pública; la posición ciudadana y el ámbito burocrático adoptaron expresiones y prácticas de la iniciativa privada y países con larga tradición democrática. En lo político, comenzó a vivirse el reacomodo de fuerzas y agendas buscando un nuevo equilibrio; en lo normativo, por mencionar lo más significativo, se incrementó la producción de leyes relacionadas con el acceso a la información, la reforma administrativa y la participación ciudadana. Para decirlo en una frase, los canales de comunicación entre gobierno y gobernados ya probados resultaron insuficientes; de origen muy diverso, se escribieron nuevas reglas. Al día de hoy se sigue buscando recomponer la relación entre actores, fuerzas, intereses, agendas.
En esta muy compleja dinámica, una sección acotada es constituida por todos los esfuerzos tendientes a fortalecer (o redescubrir) la legitimidad.del gobierno frente a los gobernados a través de un ejercicio ético del poder. En esta relación, de alguna manera, se pueden contar los procesos electorales relativamente libres y competidos, pero no con procesos efectivos de rendición de cuentas (Lagunes López & Pineda Pablos, 2013). Por ello, expresiones como “transparencia”, “anticorrupción”, “ética en el servicio público”, o más recientemente “gobierno abierto”, se encuentran en el orden del día. Todas ellas (y otras más que, por espacio, se omiten) buscan aportar en los rubros de racionalidad, coherencia y neutralidad en el quehacer público, es decir, la legitimidad.
En la experiencia mexicana (al menos), la euforia causada de la introducción de estas propuestas ha sido seguida por el abatimiento de las expectativas no cumplidas (Roberts, 2009; Peña, 2014a). Tampoco hay en esto algo nuevo. Hace más de dos décadas, Morris describía, por ejemplo, el funcionamiento de las campañas anticorrupción mediante sus tres rasgos característicos: Primero, incluye tres componentes esenciales (retórica y movilización, el enjuiciamiento de funcionarios públicos y reformas estructurales y legales); segundo, suelen menguar en su credibilidad por el trato a exmandatarios; tercero, “pese al serio tono que proyectan y al optimismo que inspiran, han demostrado carecer en gran medida de éxito para limitar más que temporalmente la incidencia de la corrupción” (Morris, 1992:113). Algo similar sucede con los otros temas. Frente a esto, ¿qué hacer?
Para responder a esta pregunta, el presente texto propone la adopción de “integridad pública” como concepto articulador de las políticas públicas cuyas variables dependientes o efectos puedan reforzar los mecanismos ya existentes alrededor de la legitimidad del gobierno estatal. Articular para coordinar, coordinar para fortalecer.
Dada la intención propositiva del presente capítulo, se argumenta en los siguientes apartados: en el primero, se encuentra un panorama general (no exhaustivo) de los rasgos más representativos de lo que se ha identificado como “integridad pública”; en el segundo, a manera de diagnóstico, se encontrará una descripción de mediciones, hechos y circunstancias que, para el caso concreto (Gobierno de Sonora), son significativos y útiles para el diseño e implementación de una política pública. En el tercero de los apartados, se propone qué hacer y cómo proceder a partir de lo observado en los dos apartados anteriores y un ejercicio de reflexión de parte de los autores. Se concluye el presente capítulo con una reflexión final.
Se concluye en esta investigación que el panorama político-social mexicano deja muy poco a la imaginación: La corrupción es un problema que importa y tiene efectos negativos en muchos rubros sociales, económicos y políticos. Sonora, en la última década no escapa de esa realidad.
Las métricas e índices referidos muestran dos realidades: por una parte, el hecho de que se han creado e implementado mecanismos para alentar la transparencia y combatir la corrupción y, por otra parte, el hecho percibido de que estos mecanismos son y serán insuficientes en la medida en que puedan amoldarse a los intereses de los mandatarios, usados para confundir a la ciudadanía.
No estamos ante una crisis de los mecanismos a favor de la transparencia o el combate a la corrupción, sino en una etapa de maduración para la implementación de políticas públicas mediante la decisión de crear una definición que reconozca los valores de una administración y pueda llevarse a la práctica.
La tendencia cada vez más creciente de incorporar nociones como las de “gobierno abierto” deben verse con cautela y abordarlas a partir de las fortalezas y oportunidad locales. Aprovechar el trabajo ya realizado, reconocer el valor que aporta la experiencia del servidor público.
Sonora es el primer Estado a nivel nacional que instala un “Sistema Estatal de Transparencia”, ente articular que busca mejorar los mecanismos ya existentes de rendición de cuentas, eficiencia en el gobierno e incorporar el concepto de integridad en la realidad sonorense. La promoción a nivel estatal de la Alianza por el Gobierno Abierto, entendido como aquel que pone a disposición de la población, el conocimiento de su acervo documental, estadístico e informativo en formato de datos abiertos es también un indicio alentador.
Realizando una mirada retrospectiva y actual de la realidad política sonorense se pueden considerar favorables los intentos de la actual administración por crear un marco de integridad pública en Sonora. El fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, y la ya conocida lucha contra la corrupción a través de las acciones ya referidas sólo mostrarán su eficacia a largo plazo. Mientras tanto, el establecimiento de alternativas de control y de organismos más eficaces sigue siendo un reto institucional que puede ser logrado a corto plazo. Una red de integridad.
El asunto se presenta tan complejo que, en muchas ocasiones, hasta cómodo resulta emplear metáforas que simplifiquen el tremendo embrollo que está por delante. No es una tarea sencilla. Tan solo en este texto, en su pretensión de explicar lo que se necesita, se pasó del Derecho a la Economía, del Institucionalismo a la Ciencia Política y de regreso. El esfuerzo en el diseño e implementación de cualquier sistema conlleva la necesaria interdisciplinariedad. Acá nadie tiene toda la razón, todos colaboramos. Y reconocer esto es tremendamente complicado.
Pero lo más urgente es el trabajo con los funcionarios y la población para lograr una concientización de principios morales y éticos, del conocimiento de las responsabilidades y funciones de los servidores públicos.