Las democracias desafiadas en América Latina. Perspectivas en el Cono Sur.
Gerardo Caetano
En América Latina, las nuevas discusiones sobre los conceptos de ciudadanía y de democracia se anudaron hace décadas con los efectos residuales de los procesos de transición a la democracia luego de las dictaduras de la Seguridad Nacional, así como a los trámites de “reacción antipolítica” y de “democracias limitadas” posteriores al fracaso –en medio de crisis económicas muy severas- de varios gobiernos que aplicaron de manera ortodoxa las recetas y postulados del llamado “neoliberalismo”, en boga en el continente durante la década de los 90. En la actualidad, el proceso que ha relanzado y que impulsa más decisivamente este debate tiene que ver con la crisis más o menos radical de los gobiernos de signo progresista que ascendieron en las últimas décadas, en especial en América del Sur, así como con la oleada de gobiernos de derecha y de ultraderecha que sobrevinieron después en varios países. Todo esto coincidió además con una pérdida de “acuerdo de régimen” en el continente y con las controversias polarizadoras que ello ha generado. Para varios analistas esto último constituiría un factor decisivo para promover un cambio de ciclo político en América Latina, en el marco de una nueva realidad económica regional e internacional que estimularía una restauración de varios gobiernos de signo conservador. En algunos casos, los procesos que han acompañado este giro a la derecha han derivado a situaciones de impugnación radical de aspectos sustantivos de un régimen democrático, con trayectorias dictatoriales (Venezuela, Nicaragua, Honduras) y hasta neofascistas (eventualmente Brasil, de cara al proceso electoral en curso).
Son muchas las preguntas que surgen desde la consideración de estos asuntos, en especial desde un continente diverso y complejo como América Latina, pero también desde una perspectiva más global. ¿De qué manera se redefine el vínculo entre ciudadanía y representación política en los nuevos contextos? ¿Bajo qué formas, instituciones y procedimientos se establecen los nuevos pactos de ciudadanía en un mundo mass-mediatizado con fuertes poderes fácticos extra-institucionales? ¿Cómo se vinculan el concepto de homogeneidad cultural propio del modelo clásico y universalista de ciudadanía con los desafíos emergentes del multiculturalismo y de los Estados “plurinacionales”? ¿Cómo se reformula la ciudadanía y qué significa representar o participar en los tiempos de la posmodernidad y de las redes sociales? ¿Qué cambios o reformas deben sufrir las instituciones clásicas de la democracia liberal para afrontar estas nuevas exigencias? ¿Cómo se reconceptualiza la perspectiva de los derechos humanos para incluir en ella, de manera central, una consideración más integral de la pobreza, la indigencia y la desigualdad radicales como los fenómenos que en el continente coadyuvan en forma más decisiva con la mayor parte de las situaciones de violación flagrante de los mismos? ¿Cómo se reformula la noción de Estado, de los modelos de desarrollo y de las políticas públicas para encarar estas demandas impostergables? ¿Cómo se combate de plano el fenómeno devastador de la corrupción, que en la actualidad más cercana configura una usina incontenible de desprestigio de los políticos y aun de desencanto en torno a los valores democráticos?
Teniendo en cuenta las dificultades y la indeseabilidad de cualquier posición absolutista o puramente “normativa” en sociedades democráticas, a la hora de respetar la heterogeneidad interna que marcan las complejas y plurales sociedades de la América Latina contemporánea, no se puede aspirar a recetas aplicables a tan distintos contextos. Lo que sí se puede (y hasta resulta cada vez más indispensable) es la renovación de la discusión político-intelectual de proyección efectivamente internacional, en la que sea posible debatir de manera consistente y sin “dobleces” sobre ciertos “filtros conceptuales” indispensables para la calificación de una democracia genuina. (Rosanvallon, 2011) Ello apunta, por ejemplo, a precisar con rigor qué pertenece o no al ámbito de la política democrática, qué significa o no ser un ciudadano, cómo incorporar las dimensiones de género, territoriales, comunitarias y étnicas en las fraguas de nuevos sistemas políticos que legítimamente puedan reivindicar su condición inclusiva. También supone analizar a qué democracia aspiramos y cómo es que han devenido las que son a través de los avatares de nuestras historias.
Las democracias varían con el tiempo, con las circunstancias históricas y hemos de convenir que la defensa de cualquier concepción, tanto de democracia como de ciudadanía o de derechos humanos, mueve no sólo justificaciones económicas, políticas e incluso psicológicas, sino también sociales y culturales. Significa en su dimensión más profunda la rediscusión de la legitimidad del poder y de su ejercicio concreto en el día a día. A su vez, una definición de ciudadanía no escapa a lo implícito –y explícito- del proceso histórico de su adquisición específica. Sin embargo, valga la reiteración, después de todo lo ocurrido en la región y en el mundo en las últimas décadas, los usos conceptuales de la democracia requieren límites y alcances más precisos y también más profundos que en décadas anteriores. Y esto resulta una interpelación tanto por lo que se hace como por lo que no se hace. Tal vez aun no podamos saber los rasgos que definirán a las nuevas democracias del siglo XXI, pero sí sabemos decididamente lo que estas no pueden ser.
Esta exigencia renovada en el plano de las definiciones incorpora ciertas dimensiones clásicas del debate pero no cabe duda que hoy resulta imprescindible la asunción de retos nuevos, de cara a las consecuencias políticas de muchos de los cambios de las sociedades contemporáneas en América Latina. En ese sentido, los índices definidores y operativos de una democracia enfrentan actualmente desafíos importantes y en ciertos aspectos inéditos. Los indicadores tradicionales de autores clásicos como Robert Dahl (derecho al voto, derecho a ser elegido, derecho a la competencia política, elecciones libres y justas, libertad de asociación, libertad de expresión, existencia de fuentes alternativas de información, solidez de las instituciones, sustentatibilidad de las políticas públicas, etc.), por ejemplo, en su aplicabilidad concreta a las condiciones de muchos países del planeta, enfrentan exigencias y dificultades renovadas. Si resulta por demás claro que en un continente como América Latina, las definiciones procedimentales minimalistas (elecciones libres, sufragio universal, participación plena, libertades civiles) siempre son importantes pero también insuficientes, la aplicabilidad y conceptualización de definiciones de democracia desde opciones ampliadas o maximalistas (que incorporan otros indicadores como las exigencias de que los gobernantes electos tengan poder efectivo para gobernar o que existan ciertos niveles básicos de equidad socio-económica y altos niveles de participación popular) también se ven interpeladas desde diversas perspectivas. Adviértase, por ejemplo, la amplificación de los debates en torno a la idea de la justicia, desde tradiciones como la del pensamiento de John Rawls hasta desarrollos más contemporáneos como los que aparecen en los trabajos de Amartya Sen. (Sen: 1999)
En lo que refiere a un marco de análisis más específicamente político, téngase en cuenta, por ejemplo, las dudas que podrían emerger de un cuadro de análisis que aplicara una regla de evaluación rigurosa e independiente sobre la situación de todos y cada uno de los actuales gobiernos de América Latina en general, en relación a factores como los que integran la reseña que sigue: expansión de la corrupción; poder creciente del narcotráfico; manipulación de leyes electorales; usos clientelísticos, presiones y acciones directas promovidas desde los entornos gobernantes; convocatorias electorales de dudosa constitucionalidad y uso plebiscitario a favor de los proyectos oficialistas; impulso de proyectos de reforma constitucional “tramposos”; restricciones a medios de comunicación opositores o manipulación (directa o indirecta) de medios afines; escrutinios fraudulentos en las instancias electorales; peso de poderes fácticos y extraterritoriales; circuitos ilegales o ilegítimos de financiamiento de las acciones partidarias; restricciones a los sistemas públicos y privados de contralor; presiones sobre los poderes judiciales; entre otros que podrían agregarse.
Si a estos factores de perfil más “procedimental” le sumáramos otros con proyección más socio-política (distorsiones profundas en el ejercicio de los derechos humanos a partir de niveles especialmente graves de pobreza, indigencia y desigualdad; impacto de la violencia a distintos niveles como terrorismo de Estado, inseguridad ciudadana, narcotráfico, organizaciones delictivas de nivel macro; inseguridad jurídica; insatisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de amplios sectores de la sociedad; etc.), con seguridad se podrá convenir en un panorama no homogéneo pero sí con preocupaciones severas y perfiles críticos respecto a la situación de las democracias del continente. En suma, las mutaciones de la democracia en América Latina, inscritas por cierto en procesos que son globales pero que tienen particularidades regionales, devienen hoy en desafíos novedosos e inciertos, también radicales. El giro actual en el continente hacia gobiernos de derecha con un rumbo de “contrarreforma” conservadora corre el peligro de no ser una simple alternancia en el curso democrático. Sus alcances ampliados tienen mucho que ver con el futuro de la democracia en América Latina, ese concepto siempre proteico y ambiguo pero aun imprescindible desde sus exigencias.
Los procesos actuales en Argentina y sobre todo en Brasil, con sus muy fuertes impactos sobre Uruguay, proyectan un escenario particularment