Garretón (2001) plantea que hemos transitado de una matriz estructuralista clásica que concebía a la sociedad como un sistema articulado de estructuras (componente duro) guiado por leyes universales y a la historia como una sucesión lineal de etapas en las que los actores (componente blando) eran portadores de un rol histórico determinado; a una matriz de “alcance medio” en la que se concibe a la sociedad como un espacio en el que conviven una diversidad de niveles o dimensiones, además de diversas esferas o ámbitos de la acción social que explican la emergencia de nuevos ejes de acción colectiva asociada a una explosión de identidades adscriptivas y la expansión valorativa de la dimensión ciudadana que generan movilizaciones esporádicas y acciones fragmentarias y defensivas, con baja institucionalización y representación políticas (Garretón, 2001), no programáticos y sin unidad de propósitos que canalizarían diversas reivindicaciones focalizadas (De Piero y Gradin, 2015) en un tipo de acción colectiva denominada “forma multitud” (García Linera, 2008) resultado de la agregación de individuos “sueltos” que son convocados, dirigidos y movilizados por una red organizativa flexible y laxa para expresar una emocionalidad (humillación, indignación, descontento, frustración) (De Piero y Gradin, 2015) frente a los abusos, excesos, injusticias e inmoralidades de un abstracto “modelo” o “sistema” económico y político, a través de expresiones efervescentes y festivas de impaciencia y convicción que promueven apenas una reforma ética del capitalismo (Delgado, 2016), una emancipación personal, social y cultural (Boaventura de Sousa, 2004) o reacciones individuales de tipo consumista (Garretón, 2001).

En contraste al carácter irracional de la forma multitud, la categoría de “situación de multitud” (Fillieule y Tartakowsky, 2015) intenta explicar los comportamientos colectivos de acuerdo a las situaciones específicas que enfrentan los individuos que en una situación manifestante serían más bien parte de redes de contacto de “militantes activos” por lo que su participación, esporádica y puntual, podría constituir una puerta de entrada a formas más formales de participación política en el marco de una “democracia de protesta” o de una “sociedad en y de movimiento(s)” caracterizada por la multiplicación de micromovilizaciones (o manifestaciones de cercanía) que ocupan momentáneamente lugares físicos abiertos para expresar colectivamente demandas específicas en clave política. Es decir, abarcan la calle, el objeto, los espectadores inmediatos y la base social, aunque lo más relevante es la interacción entre los diversos actores ya que la manifestación es un acto de dramaturgia que se desarrolla en presencia de públicos y para públicos que permitiría transformar una “multitud” en una “manifestación”, afianzando la identidad y solidaridad grupal y generando adhesión, unanimidad y socialización de la práctica manifestante mediante el contagio mutuo de sentimientos y emociones de la que pueden nacer solidaridades orgánicas y comportamientos ceremoniales y rituales más duraderas (Fillieule y Tartakowsky, 2015).

Las demandas sociales así expresadas pueden provocar respuestas que en general son el resultado de la acción de decidores que se enfrentan a problemas ambiguos y multidimensionales, información incompleta, tiempo, habilidades y recursos limitados y presiones de una multiplicidad de actores que defienden múltiples intereses y actúan en el espacio político para influir en la agregación, articulación, selección y jerarquización de las demandas, problemas e intereses que serán parte de la agenda de gobierno (Lahera, 2002). Por lo tanto, la agenda de gobierno es una combinación dinámica del contexto, la viabilidad política y el programa de gobierno que, a su vez, está determinado por la base doctrinaria de la coalición de gobierno, políticas de continuidad, demandas de actores sociales organizados potentes o afines al gobierno, asuntos negociados con la oposición, problemas emergentes imperativos, campañas mediáticas fuertes y perseverantes, iniciativas provenientes de la tecnocracia y la burocracia, respuestas a crisis externas o circunstancias imprevistas y convicciones o prioridades personales de un Presidente con suficiente poder personal para llevar a cabo la agenda de gobierno y gestionar eficazmente el conflicto social y la acción de los actores de veto ya que mientras más actores, instancias y momentos de veto hay, mayores serán las dificultades para introducir cambios en las políticas (Boeninger, 2007) debido a que los actores de veto en la decisión sólo permiten cambios graduales cuando se modifican sus propias preferencias o metas o cuando se producen transformaciones en los intereses, creencias y valores dominantes en la sociedad (Sabatier, 1995 referido en Olavarría, 2012), mientras que los actores de veto en la implementación pueden obstaculizar o sabotear los cambios decididos en función de sus propios intereses, disposiciones y condiciones de operación (Aguilar, 2000).

Esta noción transaccional de las políticas asume que bajo condiciones de racionalidad limitada los decidores hacen lo que pueden o hacen como que hacen (Forester, 2000) y las decisiones siguen más bien la regla de “salir del paso” (Lindblom, 2000), por lo que una política es el resultado de un proceso sistemático de aproximaciones sucesivas, graduales, experimentales y correctivas que se encaminan hacia objetivos deseados que se van modificando sobre la marcha. Por lo tanto, la lógica incremental es a la vez un método, una estrategia de aprendizaje colectivo, un patrón de comportamiento político o una exploración inteligente (Lindblom, 2000) que permite reducir los riesgos, mantener los consensos básicos y corregir los errores con rapidez. Además, la lógica incremental es una característica innata de los sistemas democráticos competitivos en los que las políticas cambian generalmente a través de ajustes incrementales como resultado de la actuación de múltiples actores defensores de intereses que determinan que cualquier modificación en las políticas requiere discutir, persuadir e ir avanzando a pasos pequeños, incluso de “contrabando”, en las cuestiones comunes y ordinarias mientras que dificultan o impiden realizar cambios en las cuestiones más fundamentales aunque los cambios hayan sido planeados con todo cuidado (Lindblom, 2000).

En correspondencia con lo anterior, en el período comprendido entre 1990 y 2017 el sistema de educación superior chileno no ha tenido ninguna reforma en el sentido de un cambio estructural y profundo de las bases económicas e ideológicas que lo sustentan y sólo ha experimentado cambios y ajustes que han posibilitado su perfeccionamiento, consolidación y profundización bajo la lógica de nudos transaccionales (Cariman, 2013) luego de diversos ciclos de movilizaciones estudiantiles que contrariamente han apelado sistemáticamente en lo discursivo a la modificación de su matriz neoliberal, revelando una gran capacidad política de los actores políticos y económicos de la educación para traducir a su favor la protesta y el malestar estudiantil.

En el primer nudo transaccional los reformadores se enfrentaron a los defensores de la obra educacional de la dictadura militar civil (1973-1990), que se tradujo en la renuncia a la reforma del sistema por la continuidad del modelo reforzando la lógica del subsidio a la demanda por medio de la ampliación de becas y créditos estudiantiles (ajustes por continuidad); mientras que los estudiantes exigían más y mejores ayudas estudiantiles (matriz socio-económica) en detrimento de sus demandas históricas de democratización y participación (matriz política). En el segundo nudo transaccional se enfrentaron quienes querían dotar de mayores capacidades de regulación del Estado frente a la masificación de instituciones autónomas y quienes defendieron la autonomía de estas generándose como resultado la instalación de un modelo de acreditación voluntaria a cambio del acceso a crédito estudiantil (acreditación por crédito), lo que reforzó la matriz crediticia, el endeudamiento estudiantil y la supremacía de la educación superior privada; mientras que los estudiantes se enfocaron en denunciar la deficiente calidad de la educación, su alto costo económico, el endeudamiento financiero y el negocio lucrativo y corrupto asociado, abogando por una educación gratuita, de calidad y sin lucro en cuanto derecho social (matriz socio-cultural). En el tercer y último nudo transaccional se enfrentaron quienes demandaron una educación como derecho social, pública, gratuita y de calidad, y quienes defendieron (apelando a la vulnerabilidad económica y libertad de elegir instituciones de los estudiantes) el acceso de las instituciones de educación superior privadas a todos los instrumentos públicos de financiamiento estudiantil, (regulación suave a cambio de gratuidad y becas) lo que terminó por consagrar la supremacía de la educación superior privada.