Desde el 2006 comenzó en Chile un aumento de la conflictividad social a partir de la revolución pingüina en lo estudiantil; los contratistas del cobre y la emergencia de la Unión Portuaria en lo laboral y la proliferación de conflictos socio-ambientales. Este fenómeno tuvo un aumento significativo en masividad a partir del 2011. Según estudios del PNUD el 2011 el número de manifestaciones se cuadruplicó pasando de 1773 el 2009 a 6938 el 2011 (PNUD, 2012: 41) y las alteraciones al orden público aumentaron nueve veces de 237572 el 2009 a 2194973 el 2011 (PNUD 2014: 253). En este contexto, es posible agrupar la conflictividad en torno a cuatro matrices y relatos:

1- Los conflictos por derechos sociales básicos (Penaglia, 2016; Gaudichaud, 2015), eje caracterizado principalmente por el movimiento estudiantil desde el 2006 a la fecha, pero en el que se integra la lucha por el sistema de pensiones el 2016 y la incipiente emergencia del conflicto en torno a salud; 2- La radicalización del conflicto etnonacional y territorial mapuche, que si bien tiene centenas de años y, en el mediano plazo se agudizó desde mediados de los años noventa, estudios como el de Rojas y Miranda (2016) evidencian una radicalización en los repertorios de lucha desde el 2011; 3-Conflictos territoriales-ambientales (González, et al 2016; Fuenzalida y Quiroz, 2012; Rivera, 2011) en los que se tensiona el capitalismo extractivista con las comunidades locales como los casos de Pascua Lama 2005-2006, 2013, Mehuin 2006, Caimanes 2010, Castilla 2010, Hidroaysén 2011, Freirina, 2012, Chiloé 2016; 4-Conflictos regionalistas (Delamaza y Thayer, 2016; Delamaza, Thayer y Gaete, 2015; Penaglia, Valenzuela y Basaure, 2015) caracterizados por reivindicaciones y demandas de zonas –generalmente- extremas, que tienen como uno de los ejes articuladores el centralismo y la ausencia de poder político para decidir sobre temas regionales como los casos de Calama 2010-2013; Magallanes 2011; Aysén 2012; Tocopilla 2012.

Como un fenómeno paralelo a la emergencia de la conflictividad social, a partir del 1998 comenzó una paulatina baja en la participación electoral, sumado a un rechazo a la política y los partidos de la transición. Este fenómeno se agudizó en el marco de aumento de la conflictividad, generando por ejemplo, que en las últimas dos elecciones presidenciales de 2013 y 2017 haya existido más de un 50% de abstención; que el respaldo y aprobación de figuras políticas no sea superior al 30% y que solo el 3% confíe en los partidos (esto se constata en los estudios de opinión CEP, ADIMARK, CADEM entre el periodo 2006 y 2017).

En este contexto de separación entre lo político (aumento de la conflictividad y protestas) y la política (crisis de confianza, legitimidad o representatividad), también se observa desde el 2006 un crecimiento cuantitativo y cualitativo de organizaciones políticas a la izquierda de los partidos oficiales (agrupados en las coaliciones Nueva Mayoría y Chile Vamos), quienes principalmente se han insertado en movimientos populares. Si bien, las organizaciones políticas a la izquierda de los partidos de la transición no han sido objeto de estudio de las ciencias sociales en Chile, el libro Subversión del orden transicional (Penaglia, 2016) investiga los principios centrales de 16 organizaciones, dando cuenta de tres apuestas generales:

- Organizaciones de carácter socialdemócrata, que apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema político, la crisis de legitimidad, la relación Estado-mercado y la distribución de la renta.

- Organizaciones de carácter reformista que apuntan a la transformación del neoliberalismo a partir la democratización e inserción en espacios institucionales. Esto ha sido desplegado principalmente por el Frente Amplio y otros grupos como Unión Patriótica.

-Organizaciones de carácter revolucionario que apuestan a una transformación estructural de la sociedad principalmente –más no única- a través de la movilización ascendente y el radicalismo de masas por medio de la lucha reivindicativa.

Sin embargo, pese a lo anterior, en Chile en la última década no han existido cambios sustantivos en cuánto al modelo económico y su estructura; ni en torno al bloque en el poder y su composición. Pareciera ser que no han existido transformaciones político institucionales (reformas) significativas en las principales reivindicaciones planteadas por los movimientos populares, y que por el contrario, la derecha chilena regresó al gobierno con una agenda orientada a la profundización capitalista.
La ponencia tendrá como objetivo hacer un balance y un análisis sobre los límites, avances y retrocesos de las transformaciones sociopolíticas en Chile, centrándose en:
1- Cómo han interpretado las Ciencias Sociales en Chile el fenómeno de conflictividad social.
2- Realizando un balance de la relación entre los movimientos populares y la institucionalidad política, evaluando como esta última ha procesado el conflicto social realizando- o no- transformaciones.
3- Estudiando cómo y de qué maneras se han articulado política y socialmente los sectores populares y proyectos de izquierda, cuáles son sus límites y apuestas.