En esta ponencia se presentan los resultados de una investigación que estuvo vinculada al proyecto “Hungry Cities” el cual trabaja un contexto interdisciplinario de investigación, sobre urbanización, seguridad alimentaria, informalidad y crecimiento inclusivo en siete ciudades del sur global. Aquí se aborda una discusión en donde el espacio físicamente demarcado y definido por cúmulos de interacción en los mercados públicos de la Ciudad de México, se ven amenazados por las políticas de urbanización neoliberal, que pugnan por un ordenamiento territorial que prima la actividad de competencia y libre mercado. Es importante señalar la relevancia de la existencia de los mercados públicos en la Ciudad de México, ya que estos han sido espacios definidos para cumplir con el abasto de productos de la canasta básica; además, su importancia ha sido constatada a lo largo del tiempo y han trascendido el espacio físico, toda vez que son espacios de socialización, encuentro y reproducción de identidad cultural de las colonias, barrios y pueblos de la ciudad. La función de abastecimiento de productos básicos en la ciudad no sólo se encuentra en manos del mercado público sino de otros espacios como: tianguis, mercados sobre ruedas, tiendas de abarrotes, recauderías, pollerías y cadenas de supermercados de autoservicio, con este último se da una competencia en condiciones de desigualdad, evidenciándose en los precios que ofertan ambos al público consumidor. Este trabajo propone hacer un análisis de cómo la disposición del espacio configura las relaciones de poder y lleva a la población de pequeños comerciantes de mercados públicos a organizarse con el fin de revindicar su actividad ante la desigualdad que supone entrar en un mercado mediado por la competencia con grandes cadenas de supermercados de autoservicio. En este contexto surge la resistencia organizada de locatarios de mercados públicos de la Ciudad de México frente a políticas neoliberales que tienden a perjudicar su actividad en favor de grandes empresas de supermercados particularmente a partir de una política económica que impacta en el territorio: la invalidación de la norma 29 en el año 2013. La norma 29 es una norma de disposición de ordenamiento territorial propuesta por el ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2011, que tenía como fin ordenar y dirigir la localización de los giros mercantiles que operan bajo el sistema de autoservicio (supermercados de cadena, tiendas de conveniencia) sin que amenazaran por su ubicación cercana la existencia de los mercados públicos en la ciudad. Las organizaciones de comerciantes de los mercados públicos han estado en constante mediación, disputa y generación de espacios de negociación para abrir procesos de participación con las autoridades y garantizar su existencia en la ciudad, lo que se consolida en la declaración de los mercados públicos como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México en agosto de 2016. A partir del análisis de la problemática fue parte del interés de esta investigación comprender como la población afectada por la derogación de la norma 29, es decir los comerciantes de los mercados públicos, generan mecanismos apropiándose del discurso del mercado como un bien común para legitimar la defensa del territorio, de su actividad económica y su importancia para la sociedad. Se realizó observación participante en asambleas de la organización Movimiento Nacional del Contribuyente Social y se realizaron entrevistas a profundidad con los líderes del movimiento y con autoridades del gobierno en las que participó el director general de abasto, comercio y distribución de la Secretaria de Desarrollo Económico, y el representante de la Secretaria de Cultura en la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible. La planeación territorial está primando por promover la inversión privada en la ciudad, dejando a poblaciones vulnerables desamparadas que buscan protección en otras políticas como las culturales.