El Derecho Universal al Acceso a Internet ha sido reconocido por todos los gobiernos del mundo y ratificado en sus legislaciones, habiéndose implementado diversas medidas para asegurarlo. Alrededor del globo se han producido orientaciones por parte del Estado para que se implementen mecanismos que permitan a la población acceder a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).
La desigualdad en la provisión de las TICS entre las naciones desarrolladas y las menos desarrolladas es evidente, y dentro de los propios países, y sobre todo en los países en vía de desarrollo, configurando la Brecha Digital.
Este hecho, reconocido por los gobiernos del mundo, pretende ser atendido a través del concepto de Acceso Universal, que se entiende como un objetivo consistente con la equidad y la vigencia de los derechos humanos, especialmente el derecho a la igualdad, a la libertad de información y al acceso a la información y al conocimiento.
Específicamente, el despliegue de políticas públicas que se está realizando en Latinoamérica se centra en tres sectores básicos para alcanzar el Acceso Universal: Legislación, Modernización Tecnológica e Instalación de Puntos de Conectividad, cada uno de los cuales tiene una especificidad estructural.
Una característica frecuente de la intervención estatal en Latinoamérica es la planificación de proyectos de conectividad de gran cobertura geográfica e integrados por numerosas unidades. El panorama inmediato que se observa es el de la instalación vertical de megaproyectos. Efectivamente, no son propuestas piloto ni experimentales, sino decisiones políticas estructuradas en una escala antes desconocida, en las cuales la participación de las empresas privadas y de las organizaciones de la sociedad civil es de gran importancia.
La instalación y despliegue de los Telecentros es un fenómeno que se inicia en la década de 1990 en la región y en el momento actual ha adquirido una enorme fuerza. Siendo un suceso relativamente reciente, su proceso de desarrollo se ha caracterizado por un veloz proceso de instalación en todos los países del continente.
Entendemos por Telecentros “un espacio donde las personas acceden a las TICS y las usan como medios para influir en el desarrollo de sus comunidades, mejorando su calidad de vida e influyendo en las políticas de acceso a las telecomunicaciones. Los Telecentros son lugares de acceso público al Internet, que buscan acelerar el proceso para la gente que no tiene recursos para comprar un teléfono o una computadora. Mediante este acceso al Internet se busca acortar la enorme brecha tecnológica que existe en muchos países pobres”.
En sus inicios la operación de los Telecentros se desarrolló espontáneamente conducida por entidades de la sociedad civil. Los promotores identificaban una comunidad, buscaban auspicio, promovían los servicios, realizaban la instalación e iniciaban sus operaciones. En la actualidad el estado interviene con fuerza en el proceso, estableciendo políticas nacionales y dictando regulaciones de impulso y control e implementando sus propias iniciativas de generación de Telecentros.
Como en toda América donde se observa cómo en años recientes y en la actualidad varios gobiernos proponen agendas digitales a las sociedades, que básicamente buscan una actualización de la legislación de telecomunicaciones con el objeto de que éstas se extiendan a toda la sociedad, en Venezuela se han desarrollado políticas públicas que tienen como objetivo básico alcanzar el acceso universal a las telecomunicaciones, Internet incluido y, a la vez que generen fondos financieros específicos y en algunos casos faciliten la instalación de Telecentros como una herramienta para poner las telecomunicaciones y específicamente Internet al alcance de la población.
En Venezuela, desde que llego la Revolución Bolivariana, han ocurrido importantes avances en el desarrollo, uso, difusión y apropiación de las TICS, tanto en el ámbito público como privado. Actualmente, se siguen impulsando acciones y proyectos de relevancia con el apoyo del Estado, donde observamos el compromiso oficial para lanzar iniciativas y estrategias políticas que promuevan la democratización del acceso a las TICS. En estas iniciativas, el desafío crucial es lograr la mayor participación de las comunidades, con la aplicación y uso de las nuevas tecnologías de manera apropiada y en función de las necesidades sociales y el contexto sociopolítico y económico de nuestro país.
El propósito de esta ponencia es presentar el análisis de la evolución de unos de los programas más significativos, no sólo por sus resultados, sino por su posicionamiento en Venezuela, con relación a la masificación del acceso, uso y aplicación de las TICS en el país, como es el caso de los Infocentros.
Como Programa, Infocentro se inicia en septiembre de 2000, y es siete años después (2007) -cuando ya se contaba con un despliegue importante de centros en todo el país- que se crea la Fundación Infocentros para proveer de la infraestructura física (infocentros, infomóviles, infopuntos) y tecnológica (computadores y otros dispositivos, conectividad, y aplicaciones de Enlace Glosario software) así como del talento (personal de la fundación, coordinadores, supervisores y facilitadores de la red social) para garantizar la sustentabilidad del proyecto socio-tecnológico, de la mano con comunidades organizadas. Su objetivo central es consolidar espacios comunitarios cimentados en las Tecnologías de Información y Comunicación, para afianzar la organización y la articulación de los colectivos sociales, en el proceso de fortalecimiento del Poder Popular y la construcción del Socialismo del Siglo XXI.
La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación fue de carácter cualitativo y de tipo descriptivo. Para alcanzar el objetivo planteado en este trabajo, recolectamos información de fuentes primarias mediante entrevistas dirigidas a diferentes actores claves relacionados con las políticas públicas en TICS del país. Además, se revisó literatura especializada sobre el tema, con particular énfasis en América Latina y Venezuela. Nos apoyamos en material bibliográfico y en información vía Internet, así como en documentos oficiales de los organismos rectores de Ciencia y Tecnología del país.
Por último, quisiéramos que este trabajo sirviera para la promoción del debate y la construcción de consensos y acuerdos sobre el rumbo y naturaleza de una sociedad realmente democrática, participativa e inclusiva entre los distintos actores sociales a escala local, nacional y regional. Nuestro fin último, como ciudadanos de este país, es la construcción de una sociedad más justa, enfocada en las necesidades humanas fundamentales, en la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones y en un proceso de desarrollo sostenible. El llamado es a trabajar en la construcción de mecanismos participativos e inclusivos de generación de políticas públicas y/o privadas centradas en los derechos humanos que apunten a combatir las diversas brechas humanas, entre ellas la digital.