La presente ponencia se desprende de la investigación realizada como trabajo de tesis para optar por el título de maestra en ciencia política en la Universidad de Guadalajara.
La presente investigación se centra en el caso de las políticas públicas orientadas hacia los pueblos indígenas en el estado de Jalisco y su incidencia en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en esta población para el periodo 2001-2015. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2015 en el estado de Jalisco, ubicado al oeste de México había 56.938 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del uno por ciento de la población de la entidad. Cabe resaltar que en la actualidad hay población indígena que, aunque por cuestiones migratorias y procesos de urbanización no hablan lengua indígena se autoreconocen como tal y conservan muchas tradiciones culturales.
En Jalisco habitan dos pueblos originarios, el pueblo wixárika, asentados principalmente al norte del estado y el pueblo nahua hacia el sur. De igual forma se registra la presencia de pueblos procedentes de otros estados, lo que se conoce como población migrante residente; quienes se ubican principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y en el municipio de Puerto Vallarta. Pese a ser un porcentaje muy bajo de población, son quienes se encuentran en peores condiciones de pobreza y falta de servicios básicos de educación, salud e ingresos. Y es que son precisamente los municipios del norte y sur del estado los que mayores niveles de marginación presentan y en donde los índices de pobreza alcance a más del 80 por ciento de la población (IIEG,2010).
Bajo este panorama y por la obligatoriedad que tiene la Federación y el estado de Jalisco por mandato constitucional y por las leyes que de ella se desprenden, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas así como eliminar cualquier practica discriminatoria, mediante la implementación de planes, programas y partidas específicas para atender sus necesidades, esta investigación se trazó como objetivo principal identificar las políticas públicas en materia de salud, educación e ingresos diseñadas durante el periodo 2001-2015 para los indígenas de Jalisco y su influencia en el Índice de Desarrollo Humano de estos pueblos.
Para alcanzar dicho objetivo se trabajó bajo un diseño metodológico de enfoque mixto y de alcance descriptivo – explicativo. La primera parte del trabajo consistió en examinar los programas desarrollados en las áreas de educación, salud, y generación de ingresos (mismos componentes del IDH) en el periodo 2001-2015, para los indígenas del estado de Jalisco, por parte de la Federación y del estado de Jalisco; identificar sus características, instituciones encargadas de su ejecución y los beneficiarios del mismo, en los distintos municipios del estado con población indígena. Una vez analizados los programas, estos se contrastaron con los resultados obtenidos del IDH, en diferentes periodos de tiempo, a fin de observar si la mejora o no de este indicador, es el resultado de más y mejores programas direccionados a la población indígena. Adicionalmente se analizó el IDH por componentes para observar en cuál de ellos ha habido mayores avances y si estos están relacionados con los programas públicos desarrollados en las áreas estudiadas (salud, educación, generación de ingresos).
Dentro de los principales resultados obtenidos de dicho análisis se destaca el pobre trabajo realizado por los gobiernos estatales y municipales, durante el tiempo que cubre esta investigación. La población indígena estuvo lejos de ser un tema prioritario, aunque en los planes de desarrollo estatal se describen las difíciles condiciones de vida de los indígenas del estado, entre ellas: altas tasa de marginalidad en los municipios del norte, poca cobertura educativa, mala calidad de los servicios médicos, falta de trabajo, discriminación, entre otros. Además de que existe reconocimiento en la Constitución estatal y leyes que establecen su cumplimiento obligatorio, la realidad es que igual que sucede en el plano nacional, los wixáritari, nahuas y demás población indígena migrante se enfrentan cotidianamente a obstáculos como el acceso a servicios básicos que frenan su desarrollo.
El estado de Jalisco no cuenta con políticas públicas en salud, educación y generación de ingresos que beneficien a esta población. De los trece programas revisados, nueve funcionan con recursos federales y sólo cuatro son financiados y operados por instancias estatales, sin embargo de estos últimos cuatro, únicamente el programa de becas indígenas está diseñado exclusivamente para población indígena, de forma específica fue diseñado como estrategia para mitigar el problema del acceso y permanencia en el sistema educativo de los jóvenes nahua y wixaritari, en tanto que los otros tres benefician a la población indígena por ser parte de la población más pobre, sin ningún otro criterio que tenga en cuenta características culturales o necesidades especiales de los pueblos.
Los programas federales y estatales funcionan de forma descoordinada; lo cual evidencia una falta de comunicación para trabajar problemas que abordados de manera conjunta podrían dar mejores resultados. Adicional a la ausencia de coordinación entre programas, son evidentes los graves problemas que existen al interior de ellos. En el análisis por etapas se observa que muchos de los programas parten sin tener claramente identificado el problema al que se quiere dar solución o el alcance del mismo, es decir se parte sin un diagnóstico que dé cuenta de la magnitud del problema y que a su vez permite dimensionar los objetivos que se puedan alcanzar. Fallas de este tipo condicionan las etapas siguientes de las políticas y el impacto que pueda tener el programa pues ante el desconocimiento puede que solo se resuelva una parte del parte de problema o que se elija la alternativa solución menos eficaz.
Otra de las graves deficiencias identificadas en la mayor parte de los programas aquí analizados es la ausencia de evaluaciones de impacto como parte del ciclo de las políticas públicas, que permitan identificar en qué medida estas intervenciones mejoran el bienestar de la población y cumplen con el propósito para los que fueron creados. A partir de ello difícilmente se pueden hacer mejoras o dar por terminado este tipo de programas en la medida que no se conocen avances surgidos como producto de la implementación de los programas.
Al analizar el IDH a nivel agregado, los municipios indígenas de la región norte muestran una tendencia cíclica, esto es, que después de periodos de ligero crecimiento, nuevamente decrece. En este orden de ideas y al asociar el resultado del IDH con los programas analizados, es notorio como la falta de programas diseñados para que sean sostenibles en el tiempo y aumenten su impacto de forma progresiva, se reflejan en este tipo de indicadores que intentan cuantificar los progresos alcanzados en el desarrollo de una determinada región.
Del comportamiento del IDH por componentes se concluye que en el área de educación fue donde se produjo mayores avances durante el periodo estudiado. Pese a ello en los municipios del norte y sur del estado el crecimiento fue mucho más lento que en otros municipios, esto como resultado de un menor acceso a la educación y a los pocos y deficientes programas que se tienen para subsanarlo. En este componente como en salud y generación de ingresos, lejos se está de proporcionar políticas que den solución a las problemáticas que se abordan en estas áreas, además que incluyan enfoque intercultural, como se establece en los distintos documentos normativos, donde se respete las manifestaciones culturales y formas de organización social, económica y política de los indígenas, sin que ello signifique abandono y desentendimiento de las instituciones federales, estatales y municipales; por el contrario políticas de este tipo requiere del trabajo conjunto del gobierno en sus distintos niveles, así como de la población indígena y de la sociedad en general.