La historia colombiana ha estado permeada permanentemente por escenarios de violencia, desde antes de su surgimiento como República en el proceso de colonización de Nuestra América hasta nuestros días actualmente el país sigue padeciendo las consecuencias del conflicto armado, pese a los grandes avances alcanzados con el acuerdo de paz firmado por la antigua guerrilla de las FARC –EP y el Gobierno Colombiano y las actuales negociaciones con el ELN ; este escenario bélico se ha cobrado miles de vidas y ha dejado a su paso una cantidad de víctimas aterradora, de las cuales las mujeres y la diversidad sexual han ocupado una parte considerable.

En el año 2008, la Corte Constitucional Colombiana, constató que: “la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), existen 18.544 mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto; cabe resaltar que según los registros oficiales, Nariño es el tercer departamento con mayor reporte de casos violencia sexual contra las mujeres con 1.178, mientras que el número de casos denunciados por la población LGBT es de 27 desde el año 1985.

Frente a la denuncia de este tipo de delitos, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), existe un gran margen de subregistros por miedo a las retaliaciones de los grupos al margen de la ley que siguen operando en los territorios. Cabe también resaltar que el reconocimiento de las orientaciones e identidades de géneros diversas no se toman en cuenta en la mayoría de censos y estadísticas lo que agrava mucho más su condición de vulnerabilidad, puesto que la discriminación se encuentran muy marcada en el contexto colombiano.

Todo ello tiene relevancia no solo por lo abrumador de las cifras, sino también porque descubrimos que la escritura en el cuerpo de las mujeres y la exclusión de las diversidades sexuales, es un elemento fundamental en el desarrollo de toda violencia que tenga por objeto ejercer el control sobre un territorio, partiendo del entendido que el género es la forma elemental de todo poder, y todo poder es el resultado de una expropiación inevitablemente violenta (Segato, 2016).

Dada la evidente sistematicidad en el uso de la violencia sexual en el marco de la confrontación armada que nos referimos a la “feminización de la guerra”, mediante la reafirmación del mandato de masculinidad que exacerba la brecha entre quienes ostentan el poder de las armas y quienes se encuentran en situación de dominación. Así es posible comprender que la «violencia sexual», aunque se ejecute por medios sexuales, su finalidad no es del orden de lo sexual, sino del orden del poder (Segato,2016) . En este sentido es necesario tratar la violencia sexual desde una mirada amplia, pues ha sido utilizada en el conflicto armado Colombiano como un arma de dominación y corrección de poblaciones a través de acciones como el acceso carnal, el acoso sexual, actos sexuales abusivos, esclavitud sexual, transferencia sexual, y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos como en el aborto forzado, embarazo forzado, planificación forzada, esterilización, entre otras formas de violencia en contra de las mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.

Una de las respuestas en contra del mandato de masculinidad y feminización de la guerra ha sido la lucha de las organizaciones de mujeres y de las diversidades sexuales y de género por reivindicar sus derechos desde sus propios cuerpos, acciones y territorios. La historia de las mujeres pone su acento en el arraigo, en relaciones de cercanía y comunitarias, desde la reciprocidad y el cuidado. Lo que debemos recuperar es este estilo de hacer política en ese espacio vincular, de contacto corporal estrecho y menos protocolar, que se abandonó cuando se impuso que la política pertenecía solo a la esfera pública, alejada de nuestras relaciones cotidianas.