Guerrero es el segundo estado de México, después de Tamaulipas, con mayor incidencia de desplazamiento forzado interno, hecho que, según apunta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción por los Derechos Humanos (CMPDH), afectó a 310,527 personas en México que tuvieron que abandonar sus hogares y sus tierras de manera forzada entre enero de 2009 y enero de 2017.

A pesar de la gravedad de la situación, este es un fenómeno prácticamente invisibilizado en las políticas públicas del país y en el imaginario social de la violencia. Cuando los desplazamientos forzados son cubiertos por los medios de comunicación, a menudo se vinculan con la violencia infringida por grupos del narcotráfico, interpretación que, si bien puede ser parcialmente cierta, desconoce otros elementos de violencia estructural implícita en el modelo económico del neoliberalismo: acumulación por desposesión (Harvey, 2004) que se manifiesta en la expansión e incrustación territorial de actividades extractivas como la minería a cielo abierto, la extracción de agregados pétreos, las represas hidroeléctricas, las macro-infraestructuras viarias y los monocultivos, incluido el forestal, entre otros, en detrimento de economías locales y de la supervivencia de modos de vida indígenas y campesinos en los que el tejido socio-comunitario es esencial.

En el estado de Guerrero encontramos la presencia de todas estas actividades empresariales extractivas, que es resistida por colectivos locales de diferente orden, pero apoyada por el aparato institucional y de seguridad del Estado; un Estado que podría calificarse de estado neoliberal cautivo, sobre todo tras las reformas salinistas de la década de los 90 (reforma del artículo 27 constitucional y desmantelamiento parcial de la protección jurídica de ejidos y bienes comunales, así como incentivos a la no producción agraria auspiciados por el Banco Mundial) y el reciente ciclo de privatizaciones: la reforma a la Ley Minera en el año 2014, la reforma la ley de Agua en el año 2014 y la nueva Ley de Hidrocarburos de 2014 que permite a las entidades concesionarias “obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio…” (3.14) en contradicción y detrimento no solo de la institucionalidad agraria, sino también de derechos constitucionales y del derecho internacional, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las NNUU sobre los pueblos indígenas (2007) y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos (2011).

Cuando aproximamos la mirada, observamos que para que este estado neoliberal pueda incrustarse en territorios guerrerenses habitados por poblaciones que buscan poner límites a la expansión de las lógicas de acumulación flexible y que incluso han creado sus propias estructuras de control socio-jurídico y comunitario del territorio (como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – CRAC), los actores empresariales extractivistas han buscado opacar su trazabilidad financiera a través de una densa red de prestanombres, y articularse con cacicazgos locales y operadores políticos propios de regímenes caudillistas represivos y con fuerte presencia histórica en la región, como son los clanes priistas de los Figueroa y los Aguirre Rivero.

En este contexto, nuestra investigación considera que allí donde los agentes macro-empresariales y políticos no logran cooptar la voluntad de municipalidades, opositores políticos, núcleos agrarios y colectivos sociales, se despliegan mecanismos de terror, en los que intervienen tanto fuerzas armadas regulares como irregulares y otros poderes fácticos. Estos mecanismos de terror pasan por la violencia directa (en forma de asesinato, tortura, amenaza y desaparición forzada) y por dispositivos de violencia indirecta y control biopolítico, como son la construcción de enemigo público, la cultura política de la sospecha, la criminalización de defensores de derechos humanos, la teatralización mediática de la violencia y el blindaje jurídico que garantiza la impunidad de los perpetradores y la falta de acceso a la justicia de las víctimas. En última instancia, estas prácticas acarrean duelos no suturados (por familiares muertos o desaparecidos sobre los que no hay información ni justicia), miedo y parálisis social, re-victimización, desplazamiento forzado y abandono de los espacios socio-productivos, ya sea por el temor de acceder a los mismos (toques de queda o inhibición), o por la necesidad vital de enfocarse en reivindicaciones básicas de derecho a la vida. En última instancia, transforma abruptamente los modos de vida indígenas y campesinos e hipoteca su transmisión generacional, una transmisión en el que las mujeres rurales son un eslabón fundamental.

En este marco, nuestra ponencia busca demostrar que el uso desmedido de la fuerza político-militar, la normalización del estado de excepción con el pretexto retórico de la guerra a las drogas y el incremento de los índices de violencia en México son consustanciales y funcionales a la intensificación del ritmo de explotación capitalista. Asimismo, buscamos mostrar, a través de testimonios y resultados del trabajo etnográfico que, por su impacto en las esferas socio-económicas y psico-afectivas del territorio, el desplazamiento forzado interno, como una estrategia y consecuencia de la violencia estructural del capitalismo en su modus operandi actual, necesita ser abordado más integralmente.