Luego de más de una década de existencia de gobiernos latinoamericanos denominados neo-desarrollistas o de corte “progresista”, la matriz económica basada en la exportación de commodities no fue modificada en estos países, intensificando de este modo la presión sobre los bienes comunes de la naturaleza y las poblaciones locales con ellos involucradas.
La configuración del agro latinoamericano en clave de “agronegocio” viene siendo uno de los pilares de esta matriz o modelo de desarrollo, que algunos autores denominan de forma genérica “neoextractivismo”. En efecto, la lógica de los agronegocios se ha expandido desde el despliegue de la gobernabilidad neoliberal hasta el ascenso de las experiencias gubernamentales de centro-izquierdo, más allá de las contradicciones que estos procesos introdujeron en las realidades agrarias nacionales: la promoción de políticas de compatibilidad de diversos y antagónicos sujetos agrarios, el despliegue de políticas de redistribución y captación estatal de renta agraria, el reconocimiento de derechos para las agriculturas familiares, campesinas y pueblos indígenas, las políticas de tierras y asentamientos rurales, la legislación ambiental, etc. La reinstalación de gestiones estatales de recomposición neoliberal, o llamada de “reacción conservadora”, ha resuelto estas contradicciones a favor de los procesos de exclusión y concentración económica en la agricultura.
Argentina ha sido señalada como parte de este conjunto de casos. Atentos no obstante a los matices y rupturas que se han producido en el periodo histórico más reciente, entendemos que las principales orientaciones de los agronegocios se han mantenido, marcando la consolidación histórica de un patrón de acumulación agraria singular.
Este ascenso de la lógica de los agronegocios en el marco de los arreglos institucionales neoliberales, supuso en el caso de Argentina, por un lado, desarticular vía represión las expresiones más radicales del activismo agrario en la década de 1970, y en la década de 1990 desmantelar las regulaciones estatales sobre el funcionamiento del agro. Como resultado, el núcleo de poder de los sistemas agrarios paso a estar conformado por grandes corporaciones transnacionales, ligadas a la exportación de commodities y la provisión de insumos y paquetes tecnológicos. Y se asistió a la aparición de nuevos sujetos socioeconómicos en el agro, en un escenario general de aumento de la escala productiva y reapertura de las fronteras agropecuarias, e intensificación de la conflictividad y violencia rural. De este modo, como señala Luis Daniel Hocsman (2011), el agronegocio debe entenderse como resultado de un nuevo maridaje entre mercado y Estado, en clave de concentración económica y exclusión social. Un maridaje diferente de aquel propio del modelo anterior, denominado “modelo agroindustrial”, donde existían arreglos institucionales para garantizar la articulación de distintos sujetos socioeconómicos de la estructura agraria y agroalimentaria (Giarracca y Teubal, 2008).
En este contexto de transformaciones, Gras y Hernández (2013) entienden al agronegocio como un modelo o lógica de producción que (re)organiza los factores productivos a partir diversos pilares que hacen al desarrollo del mismo en general: el tecnológico basado en sistemas de innovación principalmente a partir de la introducción de las semillas transgénicas, la siembra directa y otros productos de la industria agroquímica; el financiero, que remite a los cambios en la participación del capital financiero en la actividad agropecuaria a partir de las transformaciones en el mercado financiero internacional durante las dos últimas décadas y que conllevaron a la valorización de las commodities agrícolas y de la tierra; el productivo que remite, por un lado, al factor tierra y a los procesos de acaparamiento de la misma a partir de inversiones de carácter especulativo como productivo, por el otro, el factor trabajo, cuyas transformaciones remiten al aumento de la tercerización de actividades y a la especialización tecnológica (ya no por actividad como sucedía en el modelo agroexportador). Por último, las autoras señalan un último pilar, el organizacional, que remite a las estrategias empresariales y las nuevas identidades profesionales. Aquí indican cuatro desplazamientos respecto a los modelos empresariales precedentes: a) de la propiedad familiar al territorio global, b) de la gestión familiar al management moderno, c) la importancia que adquirió el conocimiento o empowerment, d) de lo agropecuario a lo transectorial.
En clave de entender al agro como negocio, en la última década, se generó una agenda de investigación que avanzó en comprender las transformaciones y las nuevas configuraciones que la lógica del agronegocios trajo aparejadas. En esta dirección, una serie de trabajos se focalizaron en las reconfiguraciones en cuanto a sus lógicas productivas, ya sea de los sectores medios rurales (Giarracca, Gras y Barbetta, 2005; Muzlera, 2013; Craviotti y Gras, 2006; Gras y Hernández; 2009, entre otros) como de los empresarios rurales (Gras, 2002; Gras y Sosa Varotti, 2013; Gras y Hernández, 2016, entre otros). En cuanto a las lógicas productivas, otros autores hicieron hincapié en cómo las vertiginosas dinámicas de innovación tecnológica han aumentado la demanda de servicios agropecuarios de labores culturales, los llamados "contratistas", ya sea prestado por empresas, lo cual reorganiza, además, el mercado de trabajo (Vilulla, 2016) como por los productores familiares, que frente a la imposibilidad de aumentar la escala productiva decidieran invertir en maquinaria, y comenzar a prestar servicios como alternativa de capitalización y de generación de puestos de trabajo para los miembros de la familia (Hernández y Muzlera, 2016, Muzlera, 2013). Por último, autores como Grosso y Albaladejo (2009) dan cuenta de las transformaciones en los saberes y competencias profesionales de los ingenieros agrónomos a partir de la instauración del modelo del agronegocio.
Por otra parte, otros trabajos hacen foco en el surgimiento y consolidación de nuevas entidades técnicas (AAPRESID y AACREA) u organizaciones por cadena de valor (MAIZAR, ACsoja, ArgenTrigo, AAGIR, ACTA) como aparatos ideológicos a través de las cuales se difunden los principios rectores del modelo agropecuario entre los productores, en los ámbitos de decisión política y en la esfera pública en general (Liaudat, 2017, Hernández, 2007). También en clave de las lógicas de construcción hegemónica del agronegocio, algunos autores han comenzado a problematizar el rol de los medios de comunicación (en especial del diario Clarín y La Nación) (Carniglia, 2009; Liaudat, 2016, Muzlera, 2017).
El pilar tecnológico del agronegocio también ha sido objeto de investigaciones. En algunas de ellas, haciendo hincapié en las regulaciones estatales o andamiajes institucionales que favorecen el desarrollo de la biotecnología (Perelmutter, 2017; Poth, 2013). En otras, marcando las consecuencias que los nuevos paquetes biotecnológicos traen aparejadas en la relación naturaleza/ sociedad (de Boeck, 2017; Palmisano, 2015; Barri y Wahren; 2010).
En este trabajo nos proponemos, por un lado, en clave teórico-práctica critica, inscribir el análisis del agronegocio como modelo que expresa una determinada configuración de la cuestión agraria actual. Por el otro, frente a los análisis segmentarios del agronegocio, proponemos recuperar un enfoque holístico que dé cuenta de su multi-dimensionalidad. En principio entendemos que los modelos de desarrollo agropecuario capitalista refieren a una orientación económica, política, científico-tecnológica y cultural (cultural-epistémico), que asumen determinadas particularidades en un momento histórico determinado. De este modo, a partir de una revisión bibliográfica y de nuestros propios trabajos de investigación presentaremos el conjunto de dimensiones que conforman la lógica del modelo de los agronegocios. Partiendo del análisis del caso argentino, pretendemos aportar al debate más amplio sobre las configuraciones agrarias en los países latinoamericanos.