América Latina (y el mundo) se batió entre dictaduras, genocidios y desapariciones forzadas desde mediados hasta fines del siglo XX. Estos hechos traumáticos para la sociedad que se encontraba (o se encuentra aún) en transiciones hacia gobiernos democráticos, exigió una revisión de los mismos para que no sucedan Nunca Más.
En este contexto, los gobiernos de transición desarrollaron distintas estrategias, algunas de olvido y otras de visibilización y denuncia de violación a los derechos humanos. El caso argentino fue paradigmático en esto con su ejemplo, elaborando el documento del Nunca Más y por el fuerte reclamo de los organismos de derechos humanos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables. A partir de estas experiencias traumáticas, las ciencias sociales en América Latina volcaron su atención a la Historia Reciente y a los estudios de las memorias que se disputan las significaciones de esas experiencias en el presente.
El Perú no fue una excepción en este proceso aunque los hechos se fueron desarrollando con posterioridad al de la mayoría de los países latinoamericanos. En los ochenta, cuando en Argentina se producía el retorno a la democracia, comenzó en el Perú el periodo denominado como del Conflicto Armado Interno entre el Estado peruano y grupos armados revolucionarios, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Este conflicto duró más de veinte años y para fines de la década del noventa comenzó a mermar, quedando aun hoy algunos grupos armados en la selva que permanecen en confrontación aunque con distintas características que no analizaremos en este trabajo.
El gobierno de transición de Valentín Paniagua ordenó en el año 2001 la conformación de una Comisión de la Verdad (luego se añadió “y de la Reconciliación”), que realizó una profunda revisión de los sucesos ocurridos en el Perú, sus causas, consecuencias y sus víctimas. Se estima que el saldo aproximado de muertos y desaparecidos asciende a las 70.000 personas, ya que existen gran cantidad de fosas comunes aun no localizadas.
EL presente estudio busca analizar las memorias y los olvidos que resignifican tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, los sucesos ocurridos partiendo de una relectura en el presente. Para ello seguiremos el análisis de Paul Ricoeur en su libro La memoria, la historia, el olvido (2013).
Consideramos que el Estado peruano impuso un discurso respecto al conflicto armado, que permanece vigente. A través de la CVyR se instaló, en su momento, un discurso estatal que responsabilizaba a los grupos revolucionarios armados, y principalmente al PCP-SL por las violaciones a derechos humanos y asesinatos; criminalizándolo y reduciéndolo a un grupo de “terroristas”. Sendero era el principal responsable e iniciador del conflicto, y si bien también se atribuía parte de la responsabilidad a las Fuerza Armadas, éstas quedaban en un segundo grado de responsabilidad, lo cual condujo a no cuestionar a la institución en sí, ya que fueron las garantes del orden.
Hoy en día la coyuntura política está cambiando, en toda América Latina puede observarse un fortalecimiento de los gobiernos neoliberales de derecha . El Perú tampoco es ajeno a esta tendencia del área. Actualmente, el Estado cuestiona la labor de la CVYR y busca imponer una mirada “noventosa” sobre el conflicto, dándole voz a las posturas de muchos funcionarios fujimoristas, que impulsan un discurso de impunidad a la gestión de Fujimori y condecoran la labor de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto nuestra hipótesis entiende que el Estado en forma intencional construye una “memoria manipulada”, a través de la cual logra fortalecerse como garante del orden y la seguridad. Esta estrategia permite ocultar y reducir las implicancias de las causas sociohistóricas que condujeron a la violencia en el Perú.
Ante esta situación solo nos queda pensar que una reconciliación de la sociedad con su pasado podrá lograrse cuando la lucha por la memoria pueda desarrollarse con la libertad de argumentar y exponer las propias ideas de todos los ciudadanos. En una sociedad democrática deben garantizarse las vías para que todo aquel que piensa diferente pueda tener participación.