Nuestra ponencia explorará las implicaciones de las respuestas de los movimientos de migrantes y sus defensores a la militarización de la frontera entre México y los Estados Unidos y a la criminalización de los flujos migratorios hacia el norte desde México y Centroamérica, para la construcción de paradigmas alternativos contra-hegemónicos de los derechos humanos y de la ciudadanía. Abordaremos también la relación entre el contexto mexicano y el proceso actual de negociación dentro del marco de la ONU de pactos mundiales sobre migración y refugio que culminará en septiembre en Nueva York. Se fundamentará nuestro aporte en parte en nuestras investigaciones como organización (ver por favor: hopeborder.org) sobre el impacto de las políticas migratorias del gobierno de Trump en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos.

México constituye el ejemplo paradigmático a escala continental y mundial de una tradición migratoria de más de 100 años hacia Estados Unidos, cuyo ritmo se ha acelerado desde la imposición del modelo neoliberal a principios de los años ochenta, y más aún a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994 (García Zamora 2007, Bustamante 1997). El impacto de estos procesos ha sido especialmente notorio en las comunidades campesinas e indígenas del país, e incluye patrones entrelazados de migración interna e internacional en contextos como la región de la Montaña de Guerrero dónde se combinan flujos masivos de jornaleros agrícolas hacia Sinaloa y Baja California con otros hacia Nueva York (CDH Tlachinollan 2005 y actualizaciones posteriores).

El papel estratégico de México en el contexto migratorio permea su proceso actual generalizado de terror estatal, caracterizado por la militarización y el narco-paramilitarismo como rasgos prevalecientes del tipo de gobernabilidad que se refleja en casos representativos recientes de masacres con numerosas víctimas civiles como el de Ayotzinapa. Este caso reproduce razgos recurrentes presentes en casos previos como las masacres de Acteal (diciembre 1997) y San Fernando (agosto 2010, y las fosas masivas descubiertas en ese mismo municipio en abril de 2011 ) y Cadereyta (mayo 2012), cuyas víctimas fueron respectivamente indígenas desplazado/as por la militarización y el paramilitarismo que caracterizaron la respuesta del estado mexicano a la rebelión zapatista de 1994 en la región de los Altos de Chiapas (Acteal), y migrantes en tránsito (San Fernando y Cadereyta).

La masacre y las fosas de San Fernando reflejan un patrón más generalizado de persecución contra estos migrantes, incluyendo aproximadamente 20,000 secuestrados por año desde 2007 y un número aún indeterminado de migrantes desaparecido/as, generado por la complicidad del estado mexicano con las presiones estadounidenses abiertas e encubiertas para aplicar el equivalente funcional de las mismas políticas migratorias restrictivas y represivas impulsadas por el gobierno estadounidense contra los migrantes de origen mexicano y otros dentro de su territorio y en sus fronteras. Acteal, San Fernando y Cadereyta constituyen muestras representativas del terror más generalizado característico del régimen mexicano en la actualidad, que incluye procesos de migración forzada como elemento inherente.

El paradigma hegemónico de políticas migratorias implantado por los Estados Unidos y por la Unión Europea a partir del 11 de Septiembre del 2001 está caracterizado por su subordinación a los supuestos imperativos de la seguridad nacional (incluyendo las llamadas luchas anti-terrorista, anti-drogas, y contra el tráfico humano y la trata, por conducto de la ¨securitización¨ (Huysmans 2000), e incluye la militarización de las fronteras (muros físicos y virtuales, terrestres y marítimos), y su “externalización” (extensión de controles fronterizos, interceptación de flujos, y ubicación de centros de detención, más allá de las fronteras inmediatas), y “regionalización” (aplicación de medidas restrictivas y represivas equivalentes a las de los Estados Unidos y Unión Europea en países vecinos y socios comerciales, a partir de condicionamientos implícitos y explícitos).
En el caso mexicano el despliegue en la práctica de estos factores incluye preferencias para concederle visas mexicanas a latinoamericanos que posean visas estadounidenses, y permisos especiales para la interrogación de migrantes en tránsito detenidos por agentes estadounidenses en territorio mexicano, que en la práctica transforman al estado mexicano en ejecutor extraterritorial de las políticas migratorias estadounidenses. Esta dinámica ha quedado subrayada por la detención y expulsión masiva de migrantes centroamericanos y andinos a raíz de los flujos masivos más recientes de menores y sus familiares desplazados por la violencia desatada por la guerra anti-drogas y los efectos de la pobreza resultante de la imposición del ¨libre comercio" desde 2014. Estos flujos reflejan la persistencia del legado de los desplazamientos forzados masivos producidos por la intervención estadounidense en los conflictos armados en la región centroamericana durante los años ´80.

Todo esto a su vez necesariamente implica la criminalización y la mercantilización de los flujos migratorios irregulares (“ilegales” o clandestinos) y de los sujetos humanos y protagonistas de estos procesos (por ejemplo a través de leyes como la SB 1070 en Arizona y otras afines en estados como Georgia e Indiana), y la extensión en la práctica de las fronteras estadounidenses hasta la frontera sur de México, y de allí hasta las fronteras de Colombia, logrando así un engranaje continuo desde la Iniciativa Mérida, pasando por el Proyecto Mesoamericano, hasta el Plan Colombia y sus ramificaciones hacia el sur, incluyendo la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay, y Argentina. Se lograría así una versión torcida, al revés, de la integración entre México y Colombia soñado por Simón Bolívar dentro del marco de su proyecto anfictiónico, libertador, y dirigido precisamente contra la hegemonía estadounidense que él vislumbraba como amenaza principal inminente a los logros anti-coloniales iniciales de la gesta independentista.

Estos paradigmas alternativos subrayan las insuficiencias de los marcos hegemónicos conceptuales y estructurales de los derechos humanos y del derecho ante los desafíos de los procesos migratorios contemporáneos en los países de origen, tránsito, destino, y retorno en nuestra región- y a escala mundial. Esto fundamenta la necesidad de abordarlos “desde abajo”, dentro del marco de paradigmas y espacios alternativos, contra-hegemónicos. Estos espacios emergentes los entiendo aquí en términos de su complementariedad con mecanismos inter-estatales como los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, pero comprometidos a la misma vez, como tareas entrelazadas, con la necesidad de suplir los vacíos inherentes a tales espacios.

Esto implica la construcción de otra justicia y otro derecho: crítico, emancipatorio, popular, colectivo, comunitario, e intercultural, a partir de marcos teóricos como los planteados por Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Balakrishnan Rajagopal, y Upendra Baxi, y de experiencias concretas como las del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). El TPP ha realizado un juicio histórico de crímenes de estado en México que inició en 2011 y concluyó en 2014, con los casos de la masacre de San Fernando y de Acteal, entre muchos otros, como casos emblemáticos.