En el presente documento se realiza un análisis de la dimensión acceso de la seguridad alimentaria en Bolivia, a partir del desempeño de indicadores macroeconómicos y macrosociales en el período 1985-2016, llegando a demostrar la existencia de obstáculos de carácter económico y social para alcanzar la referida dimensión de la seguridad alimentaria. En este marco, se sostiene que si bien Bolivia ha tenido un aceptable desempeño en algunos indicadores macroeconómicos y macrosociales, sin embargo el desempeño de otros indicadores macroeconómicos y macrosociales no necesariamente son aceptables, es decir, si bien el PIB ha crecido en los últimos años de manera importante, una gran parte de la población boliviana todavía se encuentra en condiciones de subempleo, pobreza moderada y pobreza extrema, además de una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, es decir, parece haber un escaso impacto de la expansión económica en la dimensión acceso de la población. Lo anterior, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, significa que no se tendría mucho problema en Bolivia en la dimensión disponibilidad de alimentos, sino que el problema estaría en el acceso a los mismos, principalmente para la población que se encuentran en los quintiles más bajos, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a gastos en alimentos. De esta manera, la inflación de alimentos y bebidas, el subempleo, la pobreza y la desigualdad en la distribución de ingresos, acaban constituyéndose en obstáculos para el acceso a los alimentos y por ende, para erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Tomando en cuenta el desempeño de los indicadores macrosociales durante el denominado Estado Nacional Productivo (2006-2016), se puede vislumbrar, por un lado, un panorama relativamente optimista para la dimensión acceso económico de la seguridad alimentaria, considerando la disminución de la pobreza moderada y fundamentalmente de la pobreza extrema, sobre todo en el área rural, resultado que permitió a nivel nacional cumplir con anticipación la disminución de la pobreza extrema contemplado en el primer objetivo del Milenio, según el cual había que disminuir en Bolivia del 40.4% en 2001 al 24.1% el 2015. A lo anterior se debe añadir la leve mejora en la distribución del ingreso a nivel de la población boliviana y la disminución importante de la desigualdad en la distribución del ingreso entre el 20% de la población más pobre y el 20% más rico, por las políticas públicas relativas a las transferencias condicionadas en efectivo y al gasto social de la administración central.

Por otro lado, todavía se tiene una preocupación por el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos (tasa de inflación de alimentos y bebidas) y algunos indicadores macrosociales (desempleo y subempleo), que afectan de manera negativa a la dimensión acceso económico de la seguridad alimentaria. En el primer caso, se evidencia que la tasa de inflación de alimentos y bebidas, en el período correspondiente al Estado nacional productivo, ha estado normalmente por encima de la inflación general, aunque no sea necesariamente la que considera el gobierno para realizar los ajustes salariales, afectando negativamente, en consecuencia, el poder adquisitivo o valor del dinero, sobre todo de sectores de población con bajos ingresos, los que destinan altos porcentajes de sus ingresos para el gasto de alimentos. En el segundo caso, se muestra que los mayores crecimientos del PIB no necesariamente han estado acompañados de una disminución en el desempleo y subempleo.

A pesar de lo señalado anteriormente, queda claro, en general, para el período de estudio, que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no se traduce automáticamente en la disminución del desempleo, de la pobreza (moderada y extrema) y en mejorar la distribución del ingreso. En este sentido, se comparte lo planteado por la FAO (2012), cuando señala, por ejemplo, que los pobres no se benefician en forma suficiente del crecimiento económico y que éste es necesario pero no suficiente para acelerar la reducción del hambre y la mal nutrición.

Por tanto, en Bolivia todavía queda mucho por trabajar en políticas públicas de carácter coyuntural y estructural, que permitan que el poco, moderado o mucho crecimiento de la producción, acabe satisfaciendo necesidades sobre todo de acceso a la alimentación, principalmente de la población que menos participa de los ingresos generados y de aquella población que tiene ingresos bajos (pobres moderados y pobres extremos) que no le permiten satisfacer necesidades de básicas, tomando en cuenta que la satisfacción del consumo de alimentos mejora sus condiciones materiales y la calidad de vida. Como señalaron Dreze y Sen, citado por la FAO (2012: 4), hay necesidad de políticas públicas activas que aseguren una amplia distribución de los frutos del crecimiento económico en favor, en el presente caso, de la población que tiene problemas de acceso a los alimentos.