En Costa Rica, en las últimas dos décadas, han ganado notable visibilidad los conflictos socio-ambientales que giran alrededor del acceso, uso y gestión del agua, tanto en contextos rurales como también urbanos. Muestra de ello es el surgimiento y consolidación de una línea de investigación en esta temática que va creciendo día con día y alrededor de la cual convergen profesionales de distintas disciplinas, así como otros actores sociales y políticos fuera de la academia, especialmente los movimientos sociales comunitarios y ecologistas.
Dentro del panorama general de conflictos por el agua, aparece un tipo de disputa con características específicas, que son todas aquellas relacionadas con el represamiento de los ríos para la generación de energía eléctrica. No son pocos los casos (alrededor de 40) en que un proyecto hidroeléctrico (tanto público como privado) ha suscitado fuertes tensiones y ha encontrado oposición a nivel de las comunidades locales. Esta oposición, a su vez, ha asumido formas organizadas de acción colectiva, las cuales buscan frenar lo que consideran una amenaza sobre sus ríos y sus formas de vivir, conformando así un complejo escenario de conflictividad socio-ambiental asociado a proyectos de generación hidroeléctricos que ha venido en ascenso.
Esta realidad contrasta y pone en jaque la imagen arraigada hacia dentro y hacia fuera de Costa Rica, que concibe al país como paraíso natural y modelo a seguir en términos de políticas ambientales y sustentabilidad. Justamente uno de los pilares sobre los cuales se sostiene este imaginario es la creencia, aceptada acríticamente en el mainstream de la opinión pública, de que el país tiene una matriz energética “limpia”, considerando que dos terceras partes de la electricidad generada proviene del agua que fluye a través de sus ríos.
En esta ponencia se busca reflexionar sobre los diferentes procesos de conflicto y lucha socio-ambiental asociados a la construcción (o bien, a la intención de construir) proyectos de generación hidroeléctrica en distintos ríos del país, con énfasis en los acontecimientos que se han dado en los veinte años que abarcan entre 1995 y 2015. En este período no solamente se observa un aumento significativo en la ocurrencia de este tipo de contienda, sino que también, como resultado de esto, se fue conformando un movimiento social contra represas/en defensa de los ríos, compuesto por varias decenas de organizaciones comunales y ecologistas a lo largo del país.
Debido a la gran amplitud espacial y temporal que el trabajo abarca, el mismo no realiza un estudio de caso específico, sino que pone énfasis en entender las causas comunes que subyacen a los diferentes conflictos y, aún más importante, visualizar de qué maneras estos procesos de lucha, que se llevan a cabo en una gran diversidad de espacios geográficos y socio-culturales, se han articulado entre sí en dicho período y han conformado una especie de “frente nacional” en defensa de los ríos. Entre los principales hallazgos de la investigación destaca el hecho de que a partir de la segunda mitad de los años 90, los distintos procesos de lucha contra proyectos hidroeléctricos, hasta entonces relativamente aislados y de alcance local, fueron estableciendo articulaciones entre sí, modificando la escala de los conflictos hacia el nivel nacional (y en algunos casos, internacional), dentro de lo que podríamos interpretar como una “política de escalas”.
No es casual que haya sido en la segunda mitad de los años 90 que se haya dado este fenómeno, considerando que fue en esa década que se dieron una serie de cambios importantes en términos de normativa y regulaciones en el sector eléctrico. En específico, se crearon dos leyes (leyes 7200 y 7508, conocidas como “leyes de cogeneración”), las cuales permitieron la participación de empresas privadas en la generación de electricidad, en lo que hasta entonces era competencia exclusiva del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En la práctica, estas leyes provocaron la proliferación de decenas de plantas privadas, en su mayoría de pequeña y mediana capacidad, sin embargo, con fuertes impactos socio-ambientales locales. Asimismo, en este nuevo contexto regido por los principios de la “competitividad”, no solo crecieron proyectos privados, sino también mega-proyectos promovidos desde el Estado, los cuales han contado con fuerte oposición.
A través de estas luchas, las comunidades organizadas han logrado obstaculizar significativamente los planes del gobierno y de empresas privadas de expandir la generación eléctrica, paralizando, archivando o inclusive extinguiendo en definitivo diferentes proyectos que estaban planteados. Sin embargo, más allá de casos puntuales, quizás el logro más importante de este movimiento es que logró hacer visibles los impactos socio-ambientales de la generación hidroeléctrica sobre los ríos, los ecosistemas y las comunidades rurales, posicionando esta temática como un problema público nacional. En ese proceso las comunidades se han convertido en actores sociales y políticos dentro de un campo que hasta entonces se asumía como exclusivo de técnicos, empresarios y funcionarios del gobierno, y que nunca había tomado en consideración sus sentimientos, opiniones y puntos de vista. Al final, si la generación hidroeléctrica es un tema de “interés nacional”, no se puede ignorar que todas aquellas comunidades afectadas negativamente por este tipo de desarrollos también forman parte de esta nación, y que sus voces merecen ser escuchadas.