A lo largo de esta ponencia nos interesa, en primer lugar, realizar un recorrido histórico por las transformaciones que ha sufrido el agro argentino a raíz de la incidencia del capitalismo financiero para, en un segundo lugar, detenernos en las consecuencias sociales, económicas y ambientales de dichas transformaciones. Finalizamos esta exposición reflexionando sobre la urgente y necesaria alternativa al modelo de desarrollo hegemónico así como de los patrones de consumo actuales.
A mediados de la década de los ´60 se introduce en Argentina el cultivo experimental de soja no transgénica, abarcando una superficie aproximada de 20 mil hectáreas. Diez años más tarde, dicha producción se había incrementado en un 375% (Carrasco, Sánchez, & Tamagno, 2012). Para ese entonces se dejó de alternar la producción agrícola con la ganadera y se abrió paso a una “agriculturización” sustentada principalmente en el cultivo de soja y en el paquete tecnológico que la acompañaba (Teubal, 2006). La producción de soja siguió en aumento, viéndose favorecida por los altos precios internacionales y la demanda creciente por parte de países europeos y asiáticos. Sumado a esto, el decreto de Desregulación del año 1991 implicó que el sector se trasformara rápidamente en uno de los menos regulados a nivel mundial, lo que impactó considerablemente sobre la variabilidad de la actividad, los precios de los insumos, la capacidad de acceder a créditos, y la rentabilidad general que se tradujo en mejores condiciones de vida para los grupos minoritarios de mayor poder adquisitivo (Teubal, 2006).
La tendencia iniciada en los ´60 se terminó de consolidar en 1996 cuando la secretaría de Agricultura y la Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria autorizaron la introducción y utilización de la soja transgénica, comercialmente llamada Roundup Ready, junto con el paquete tecnológico necesario para su producción. Con el devenir de los años el uso de este paquete tecnológico se hizo extensivo y se generó lo que algunos autores (Carrasco, Sánchez, & Tamagno, 2012; Giarraca & Teubal, 2013) denominan “sojización”, es decir, la expansión del cultivo de soja en toda la región pampeana y extrapampeana.
Para comprender el fenómeno de la sojización en Argentina basta con señalar que, actualmente, de las 39 millones de hectáreas cultivables con las que cuenta el país, el 50% se destina al cultivo de soja transgénica. Desde la década de los ´90 la producción de soja transgénica se incrementó en un 574% y la superficie sembrada con este cultivo aumentó un 388%, pasando de 5 millones de hectáreas a inicios de los ´90 a más de 19 millones en la campaña 2014/15. La provincia de Buenos Aires aumentó un 460% la superficie sembrada con soja, Córdoba incrementó un 331% y Santa Fe un 133%. En lo que respecta a las provincias del área extrapampeana, los incrementos fueron desproporcionados: en Chaco aumentó el 430%, en Entre Ríos el incremento fue del 1270% y en Corrientes las hectáreas con soja aumentaron 10.000% (Aranda, 2016).
En Argentina, como en muchos países de América Latina existe un apoyo estatal a las actividades extractivas ya que los gobernantes consideran que en la actual coyuntura internacional, donde los commodities tienen un elevado precio de mercado, las actividades extractivas son la única vía hacia el progreso y el desarrollo de la región (Svampa, 2008). En tal sentido, en los años recientes las políticas estatales Argentinas evidencian un fuerte respaldo al modelo extractivista de agronegocio. En 2011 el gobierno Nacional anunció el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 que prevé un incremento en la producción de granos. Esta meta va de la mano con la autorización del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la comercialización de una nueva semilla transgénica de soja, la “Intacta RR2 Pro” de Monsanto. Esta medida coincide con la decisión de la transnacional de instalar una planta de tratamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas-Córdoba (Seoane, Taddei y Algranati, 2013).
En consecuencia, las políticas públicas que ampliaron y consolidaron esta matriz productiva contribuyeron, entre otros aspectos, a profundizar un modelo de desarrollo basado en la explotación de los bienes comunes como mercancía, que desarticula los anclajes socio-productivos de las comunidades rurales e impacta violenta y negativamente en sus condiciones socioambientales de existencia.
A nuestro entender el primer gran impacto se encuentra vinculado a los altos costos de producción que requiere el paquete tecnológico implementado en la agricultura hegemónica actual, los que no pueden ser afrontados por los pequeños productores. Esta situación generó la venta o arriendo de las tierras con la consecuente migración rural-urbana. En el caso argentino se observa que, entre finales de la década de los ochenta y comienzos del presente siglo, desaparecieron en total 81% de los pequeños y medianos productores en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La migración rural-urbana conllevó a una desarticulación de la matriz productiva en la que se insertaba el pequeño productor, quien movilizaba las economías locales a partir de la compra-venta de productos y de la contratación de mano de obra rural, inyectando un flujo permanente de dinero en los pequeños poblados. Con la desaparición de los chacareros, la vida en los pueblos se vio subsumida a condiciones de vulnerabilidad social y económica que terminaron por expulsar a sus habitantes hacia las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Además, la desaparición de los chacareros implicó una concentración de la tierra. Según el último censo nacional agropecuario, el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra de la República Argentina era de 0,83 (OXFAM 2016). Esto pone en evidencia que la agricultura queda subsumida a la especulación del capital financiero y se transforma en una agricultura sin agricultores.
Un segundo impacto de este modelo extractivista agrícola se encuentra en sus propias entrañas, es decir, la agricultura, actualmente, representa una economía de escala que permite disminuir los costos a medida que aumenta la producción. Esto conlleva a la extensión de la frontera agrícola hacia zonas que anteriormente se consideraban improductivas o bien se destinaban a otros cultivos menos redituables en el mercado mundial de los commodities. La extensión de la franja agrícola sojera generó el desmonte de grandes superficies de bosque nativo principalmente en áreas de baja pendiente y suficientes precipitaciones anuales. El Banco Mundial (2016) señala que entre los años 2001 y 2014 Argentina perdió más del 12% de sus zonas forestales, lo que equivale a un campo de futbol por minuto, y lo que llevó a colocar al país en el puesto 9 en la escala de pérdida forestal mundial. Los desmontes no sólo traen aparejada la pérdida de biodiversidad y suelo, sino que además impactan en la forma de vida de las poblaciones rurales y pueblos originarios que habitan esas zonas, ya que con los bosques desaparecen los servicios ecosistémicos que estos proveen y que redundan en beneficios continuos, gratuitos e insustituibles para las poblaciones humanas. Además, estas comunidades se ven permanentemente violentadas por los grandes capitales, quienes mediante el uso de la fuerza en todos sus estamentos, las obliga a desplazarse de sus tierras (Teubal, 2006).
El tercer impacto se asocia con el tipo de tecnología implementada en el ámbito de la agricultura, pero también con la extensión de su zona productiva, nos referimos al incremento en el uso del agrotóxicos. Desde el año 1993 al 2016 el uso de insecticidas y herbicidas aumentaron en un 563% y 1111%, respectivamente, contaminando el suelo y el agua. En relación a la contaminación de la tierra, hay estudios que han demostrado que existen suelos que solamente liberan entre el 15 y el 35% de del glifosato (Carrasco, Sánchez, & Tamagno, 2012), filtrando los excedentes a las napas subterráneas de agua, las que son usadas por muchos poblados de zonas rurales para el consumo cotidiano ya que carecen de los servicios de agua potable en red. Sumado a la contaminación de las napas subterráneas, en 2017 se dio a conocer los resultados de una investigación llevada a cabo por científicos de CONICET, en donde se pone en evidencia la contaminación de los ríos Paraguay y Paraná (la segunda cuenca más importante en Sudamérica luego de la Amazónica), detectándose elevados niveles de glifosato y endosulfán (prohibido en Argentina en 2013 por ser altamente peligroso), superando los límites establecidos para la protección de la vida acuática.
Estos problemas de contaminación repercuten en la salud humana. En 2016 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el glifosato “puede” ser potencialmente cancerígeno. No obstante, en 2009 el Dr. Andrés Carrazco, investigador del CONICET, publicaba resultados de más de 30 años de trabajo evidenciando los efectos cancerígenos del glifosato. Estudios recientes en la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba reflejan resultados similares. En dicha comunidad las tasas de enfermedades respiratorias, abortos espontáneos y casos de cáncer duplican y hasta triplican la las tasas de prevalencia que refieren poblaciones de referencia a nivel provincial o internacional.
Frente a este modelo de agricultura extractiva y tóxica que desarticula los anclajes socio-productivos tradicionales, violenta la vida de comunidades campesino-indígenas, genera dependencia de los poderes económicos transnacionales y agota y contamina los bienes comunes, existen numerosas luchas y resistencias sociales que ponen en valor y resignifican las formas agroecológicas de producción y consumo disputando los sentidos al capital. Son estas “otras” formas de producción y consumo las que deberán guiarnos hacia un alterdesarrollo como horizonte de emancipación.