El presente artículo se basa en la evaluación final del proyecto de cooperación denominado “Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación en América Latina (FRESCE)”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la ONGD Ayuda en Acción (AeA), y ejecutado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), desde el Secretariado Ejecutivo y los 16 foros nacionales que la componen. El proyecto se inició en abril de 2011 y culminó en marzo de 2016.

A partir de la Reunión Mundial de la Consulta Temática de Educación Post-2015 para la Agenda de Desarrollo (Dakar, Senegal, 2013), la sociedad civil comienza a reforzar su participación en espacios decisivos para la configuración de las agendas globales que se establecerían una vez concluidos los plazos acordados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este sentido, los aportes de la CLADE, a través de la Campaña Mundial por la Educación (CME), fueron imprescindibles en la Reunión Mundial sobre la Educación para Todos (Mascate, Omán, 2014) donde se establecieron los objetivos y metas sobre educación, los que serían ratificados, posteriormente, en el Foro Mundial sobre la Educación 2015 (Incheón, Corea del Sur, 2015), y contemplados en la Declaración de Incheón y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en pos de una educación inclusiva y de calidad. La participación de la CLADE en estas y en las subsiguientes reuniones resultó de gran importancia por cuanto se constituyó en la organización regional de referencia, encargada de llevar la voz de la sociedad civil, garantizando con ello que los retos a los cuales se enfrentan los sistemas educativos latinoamericanos sean incluidos en los acuerdos mundiales referentes al derecho a la educación.
En este sentido, las actividades del proyecto estuvieron orientadas a incidir en los Gobiernos y políticas educativas acorde a los objetivos y metas asumidas a nivel internacional y regional en pos del cumplimento del Derecho Humano a la Educación (DHE) a través de la consolidación de los foros de educación en cada país, como espacios democráticos de debate y acción colectiva de la sociedad civil. La intervención se articuló en torno a tres resultados:

Resultado 1: Lograr el fortalecimiento institucional de los foros nacionales en sus dimensiones política, programática y de gestión.
Resultado 2: Impulsar los procesos de incidencia política por el cumplimiento del DHE tomando en cuenta los temas priorizados en las agendas de los foros nacionales.
Resultado 3: Generar y ampliar los espacios de participación e incidencia política de la Sociedad Civil, en las políticas públicas educativas de cada país.
La evaluación externa fue desarrollada de noviembre 2016 a febrero 2017, y abarcó la totalidad de los foros nacionales y al Secretariado Ejecutivo. Para la recolección de información, dada la propia naturaleza de la intervención, se utilizaron distintas herramientas metodológicas, especialmente cualitativas, como son: encuestas institucionales, entrevistas semi-estructuradas, grupos de discusión y estudios de caso en Brasil, Colombia, Bolivia, México y El Salvador.

A nivel de los foros nacionales, el fortalecimiento ha sido evidente, aunque en distinta magnitud en cada uno de ellos, ya que no sólo las variables endógenas, sino también las exógenas, sobre todo coyunturales, influyeron – como era previsible – en los resultados. Para guiar la evaluación y el análisis de la información, se identificaron unas variables consideradas clave, a saber: i) Representatividad; ii) Territorialidad; iii) Gobernanza; iv) Comunicación; v) Cualificación de las propuestas; y, v) Capacidad de Movilización de Recursos. La finalidad de esta relación de elementos es permitir, en caso una coyuntura política favorable, la orientación de estrategias futuras de incidencia para concentrar recursos, humanos y económicos, permitiendo de esta manera maximizar los resultados de las acciones realizadas; y – en el caso contrario – mantener una posición de fiscalización, veeduría o control social.
En cuanto al Secretariado Ejecutivo, la intervención permitió un mayor conocimiento – y reconocimiento – por parte de los foros nacionales, a las labores realizada por este órgano, lo que implicó un mayor nivel de legitimidad y por tanto de representatividad en los espacios regionales e internacionales que ocupa la CLADE. Asimismo, se logró un acercamiento entre pares, lo que permitió articular algunas acciones conjuntas e impulsar valiosos intercambios de experiencias.

Para la cooperación internacional representa una estrategia interesante para contribuir a la política pública por cuanto es la sociedad civil fortalecida la que, basándose en un enfoque de derechos y procesos de gobernanza democrática, influye en los decisores de la política educativa a partir del conocimiento de las realidades y necesidades locales.