Dice el dicho que “en esta vida todo tiene precio”. Lo que no queda claro -y ahora menos- es quién y cómo se asignan estos valores. Por ejemplo, en cuestiones personales, cada persona asigna un valor más alto a las personas que más afecto siente por ellas, al igual que valora menos a quienes menos afecto siente. Estamos ante una relación de variabilidad directamente proporcional a partir de la percepción de sentimientos. Sin embargo, respecto a otras variables, nos encontramos con algunas relaciones de variabilidad que no tienen respuesta más allá de lo impuesto culturalmente de manera poco -o nada- equitativa -aunque fuera una “convención social”-, como es el caso de las diversas divisiones del trabajo en el interior de las familias, las cuales se fundamentan, según Becker (1987:30) “en las diferencias biológicas (…), diversidad de la experiencia y (…) las inversiones en capital humano”.
Por eso, esta tarea pretende identificar los conceptos clave mediante los cuales se asigna el valor económico de las personas en Paraguay y, a su vez, ofrecer algunas claves que atender de cara a favorecer el progreso social de toda la nación.
Para empezar, el problema de inequidad se manifiesta en el campo de la educación y, por extensión, en el campo profesional-laboral, mediante diversas expresiones como los grados de formación a los que se llega por ser de un sexo u otro, la concepción de la propia vida con unas metas u otras y al poder adquisitivo, el contexto, la dependencia y la prosperidad.
En el caso de Paraguay, según Escauriza (2014:10) a pesar una reducción de brechas en todos los ámbitos entre hombres y mujeres, “persiste una diferencia entre los ingresos y las condiciones de trabajo en general de hombres y mujeres”, más aún “para las mujeres que ocupan la jefatura de hogar, estadística que va en aumento” por la cual “se ven forzadas a interrumpir su formación con inciertas posibilidades de retomar los estudios”. A ello, hay que sumarle la “alta tasa de embarazo adolescente”, la cual, además de interrumpir los estudios, sitúa a las mujeres en el desarrollo menor de habilidades y especialización, lo que lleva a un peor acceso a la información y a una red personal reducida entre otros.
A partir de los datos que se recogen en las investigaciones de Alfonzo (2000) y Escauriza (2014), se demuestra que varias de las ideas preconcebidas que tenemos las personas son erróneas, las cuales vamos a englobar en una idea macro: una inversión eficiente acotada a los contextos y en el colectivo mujer supondría eficacia en el campo económico y, por ende, en la mejora de la calidad de vida.
Como demuestran los datos de estos investigadores, el cumplimiento de las distintas etapas académicas -básica, media y superior- no siempre reporta beneficio a nivel ingresos ya que influye el área de localización -urbe o rural-. Frente a esta primera diferencia, tal y como manifiestan en alguna ocasión las autorías, el Estado debería centrarse en contextualizar la educación de cara a favorecer la experiencia necesaria en cuanto a conocimientos teóricos y prácticos que se ajusten a la realidad de las colectividades. Paraguay es una tierra rica, con una extensión de tierra fértil grande que debería ser cultivada para reportar beneficio a la sociedad, por lo que resulta imprescindible activar mecanismos educativos para repuntar en las áreas rurales. Lo mismo ocurre en la urbe, donde se requiere una contextualización distinta, más enfocada al sector servicios -inclúyase la formación docente- para explotar en todas sus posibilidades el producto interior.
Si bien podría parecer que se abre una brecha, el crecimiento de ambas áreas debería suponer una correlación positiva, por lo que la sociedad paraguaya en general se vería beneficiada con el favorecimiento de una educación inclusiva y sostenible (Escauriza, 2014:11), a partir de una reforma educativa que logre un grado de capacitación adecuado en el nivel secundario para reducir la deserción y la desigualdad de ingresos (Alfonzo, 2000:45) ya que se valora más la experiencia -depende del área, del rol y de las necesidades se habla de una experiencia potencial y una experiencia específica (Alfonzo, 2000:36)- que los estudios (Escauriza, 2014:15).
En esta cuestión de una educación inclusiva y sostenible (Alfonzo, 2000 y Escauriza, 2014) también entra en juego, de manera concreta, el colectivo femenino, el cual, por la hegemonía cultural del patriarcado latente, se ve dirigida hacia el embarazo adolescente -guarda relación con la pérdida de valor a partir de la etapa reproductiva como marca Alfonzo (2000:34)- y hacia las labores del hogar, obligándoles a abandonar en cualquier intento o posibilidad de formarse. Paradójicamente, ellas son quienes más animadas están para invertir en educación -además de suponer la mayor tasa de retorno a la educación superior-, pero no disponemos de unos mecanismos que favorezcan, como en el caso de los países escandinavos (Aguinaga, S., 2017:35), una conciliación familiar-laboral que permita la protección y la inclusión de la mujer en el circuito de formación y de trabajo. Por acciones como estas, en el 2013, según el Foro Económico Mundial, Paraguay estaba situada en el puesto 89 de 136 países en datos analizados sobre la brecha de género (Escauriza, 2014:17).
Referente a esto, una de las medidas que debería adoptar el Estado -se presenta difícil por los niveles de religiosidad que rondan el 85% según un estudio de percepción realizado por CONACYT (2016)- debería ser el acceso a una educación sexual preventiva de riesgos para la salud y de la capacidad de decidir de manera crítica y reflexiva la futura crianza de un hijo o una hija y todo lo que esa responsabilidad asumida -por ambas partes- supone.
También por lo que respecta a la actual actuación estatal, resulta interesante el análisis de datos de la población que ocupa la educación pública. Se puede
observar que la educación mantenida por fondos públicos es mayoritariamente aprovechada por la clase media y alta, lo que marca claramente la desigualdad de opciones en el acceso a la educación por parte de las personas pobres fuera por la razón que fuere (Alfonzo, 2000:38). Lo que queda claro es que la educación pública está diseñada para unas pocas personas -generalmente de clase media-alta-, obligando a las personas sin recursos a buscar opciones de formación en la educación privada, que comporta un problema que atender y demostrando que la inversión del Estado no es del todo eficaz ni eficiente, pues no se aprovechan todos los recursos ni se cumple con las obligaciones de ofrecer una igualdad de oportunidades tal y como rezan algunas constituciones nacionales, factor que queda demostrado en los datos que ofrece Alfonzo (2000) en cuanto a índices de abandono de la educación.
Por tanto, y a modo de cierre, el Estado debe actuar con miras a conseguir una sociedad más educada en todas las áreas -distintos niveles educativos, incluir la educación sexual- y contextos -urbano o rural-, por lo que se podrá conseguir un mayor nivel de ingresos y mayor calidad de vida gracias al equilibrio salarial, la equidad social -conciliación (intra) familiar y laboral- y la reducción de los niveles de pobreza (Escauriza, 2014:17).
El camino se presenta arduo, pero necesario para superar las trabas culturales que nos separan del llamado “primer mundo”, potenciar el valor de nuestro capital social y humano y mejorar como país hacia un futuro próspero que nos permita equipararnos y formar parte de los países del primer mundo.