El concepto de territorio resulta tan cotidiano como diverso, por lo que pretender de facto su univocidad resultaría, a todas luces, un despropósito analítico. Ello porque la construcción de un consenso alrededor de esta categoría no significaría, en las condiciones actuales, otra cosa que la subsunción política de una visión territorial a otra. Por lo anterior debe decirse que el territorio se convierte, también conceptualmente, en el escenario de una enconada disputa de poder que, al tiempo, le dota de su propia historicidad. A pesar de que Raffestin afirma que su dimensión moderna apareció en los albores del siglo XIX (2013), advierte también que éste ya había sido concebido, aunque de manera primigenia, como el fundamento del poder político del naciente Estado moderno (siglo XVI), previsión magistral de Maquiavelo (2017) y, en menor medida, de Hobbes (1999). Así, el dominio, control y presencia territorial del Estado se convirtieron en su condición sine qua non, o lo que equivale decir que la construcción del Estado como proyecto político de la modernidad se sustentó desde el inicio en el territorio, esto es, el territorio como la concreción política del Estado. Se desprende de lo anterior que el ‘surgimiento del territorio’ como base fundante y requisito político del poder del Estado significó para la propia institucionalidad estatal superar la fragmentación y fragilidad de la visión territorial feudal, es decir, sentar los cimientos de una nueva unidad política en el prolegómenos del capitalismo mercantil; a ello puede denominársele como el proceso moderno de estatalización. Su estudio, sin embargo, discurrió por dos caminos: uno, que comprendió las investigaciones de orden geográfico, geológico y físico, es decir, aquellas que apreciaron exclusivamente sus cualidades espaciales; y otro, emprendido por pioneros sociólogos y estudiosos de la política, que advirtieron su dimensión social, cultural económica y, por supuesto, política (2013).
La importancia del territorio, tanto conceptual como prácticamente, se expresa actualmente en las ciencias sociales y disciplinas alusivas, tanto en el desarrollo de sus propios marcos analíticos como en sus posibilidades de confluencia e integración; y el desarrollo rural no ha estado exento de este proceso, a tal punto que el enfoque territorial, que concibe los territorios como la nueva unidad de análisis y de intervención en lo rural (Reyes Posada, 2016), se ha configurado como el elemento central y destacado de su paradigma dominante actual: la nueva ruralidad (Castillo, 2008; Kay, 2009). Sin embargo, el carácter dominante del paradigma no ha eliminado los debates y hegemonismos en el interior del mismo, ni las críticas y reparos desde fuera. Ello, no obstante, tiene una razón discernible: las discusiones actuales sobre el territorio y su acepción en el desarrollo rural se encuentran en una coyuntura harto problemática, a saber, la crisis general de los paradigmas del desarrollo y del desarrollo mismo (Escobar, 2014), lo que plantea para la ‘cuestión territorial’ un doble reto: por un lado, transversalizarse como categoría analítica, para que pueda trascender de los límites del campo del desarrollo; y por otro, paradójicamente, resolver sus propios problemas conceptuales dentro de su aplicación en el campo del desarrollo, asumiendo que es un espacio cambiante y complejo.
Hay, como se argüía anteriormente, una gama de colores en la concepción territorial incluso dentro del paradigma de la nueva ruralidad. Sin embargo, a pesar de ello hay una serie de características y nociones comunes que permiten dilucidar y esclarecer una propuesta territorial general, que en muchos aspectos confluye con las ideas políticas, económicas y culturales subyacentes al neoliberalsmo, y que se expresan necesariamente en (a) la institucionalidad estatal del sector rural, y (b) una concepción territorial del Estado. Ya Fajardo (2015) habló de ésta como territorios del capital, configuración que desde finales de los años ochenta se estructura alrededor de las dinámicas de globalización y la inserción del neoliberalismo en América Latina (Kay & Guadarrama, 1993). ¿Qué relación hay, pues, entre el territorio como lo concibe la Nueva Ruralidad y el neoliberalismo en América Latina? Es una pregunta que, coligada a la que regirá la investigación, justifica la pesquisa, por lo que se configura como esencial en el estado actual del desarrollo rural.
En suma, puede hablarse de un redescubrimiento de lo territorial, que equivale a una apropiación por parte del desarrollo rural del territorio como su categoría fundante, pero que se dispone como unívoca, esto es, revistiendo a una de las acepciones del territorio de un carácter general. Este proceso de ‘redescubrir’ el territorio y sus implicaciones en el campo del desarrollo rural serán denominados aquí como retorno hacia adelante, en el sentido en que aunque se propone una visión aparentemente novedosa y original del territorio y lo territorial, ésta hace parte de un viejo y prolongado proceso de ordenamiento y redefinición de los territorios en el planeta, que se ha visto intensificado en las últimas tres décadas, con lo que, en cambio, se retorna hacia una visión prefigurada del territorio, que se esconde en el ropaje de un avance conceptual. Es la esencia teórica de la Nueva Ruralidad la que se presenta de tal forma, lo que cuestiona de manera profunda el carácter ideológico de este paradigma dominante, sus relaciones con formas específicas de organización del Estado y la sociedad, etc. La sospecha de la que parte esta investigación es que la Nueva Ruralidad es el reflejo teórico del neoliberalismo en el mundo rural, y hacia allá se encamina su potencial resultado, esto es, de paso, mostrar las confluencias y las desavenencias entre una cosa y otra.
Como se expresó previamente, la Nueva Ruralidad se expresa tanto en la institucionalidad rural colombiana como en la concepción territorial del Estado; por ello, ha exigido el reordenamiento progresivo del mundo rural en ambas dimensiones, y prueba de ello son los Planes Nacionales de Rehabilitación (Ley 35 de 1982) en el gobierno de Belisario Betancur, su aplicación en el de Virgilio Barco, la Misión Rural de 1998, dirigida por Rafael Echeverry Perico, y la Misión para la Transformación del Campo, de 2011, dirigida por José Antonio Ocampo, todas reformas encaminadas en el sentido propuesto por este paradigma, como se demostrará. Es decir, en un período que va de 1982 a 2016, algo más de tres décadas, Colombia ha transcurrido una adecuación institucional y territorial en línea con las exigencias de ese tipo de modernización rural. ¿Qué conecta estos momentos institucionales aparentemente tan distantes y distintos? Todo parece indicar que es una visión específica del territorio, que es implícitamente constitutiva del modelo de desarrollo rural implementado (a trancas y a mochas) en Colombia.
Por lo anterior, la pregunta que rige la investigación aquí presente es la siguiente: ¿Cómo ha incidido la inserción progresiva de la Nueva Ruralidad en el sector rural colombiano en (1) la institucionalidad del sector rural, y (2) la concepción estatal del territorio en Colombia de 1982 a 2016?
