Los encauzamientos del modelo neoliberal han establecido políticas y reformas jurídicas que inciden en las realidades económicas, sociales y culturales del país, éstas se definen desde una mirada trasnacional a partir de lineamientos generales y condiciones que deben adoptar los Estados – Nación para no ser excluidos de la economía global.
Para Estrada (2004) La triada entre la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, “se encargan del diseño y la implantación de un orden neoliberal […] cuya función consiste en garantizar que las orientaciones de política se cumplan en lo esencial en todos los rincones del planeta.” (p. 444). Situación, que obliga a dar respuesta a las recomendaciones dadas por organismos supranacionales. El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, han trazado las dinámicas educativas del país, las cuales se materializan acciones legislativas y programas educativos que profundizan un modelo privatizador y consumista, aspectos que agudizan la crisis de la educación pública y fomenta la calidad vista desde la rentabilidad, según el sindicato del magisterio nacional, la Federación Nacional de Educadores,FECODE (2017),
"este modelo considera que los países que requieren préstamos para solucionar sus déficits fiscales deben realizar una serie de ajustes financieros en lo que se ha denominado financiación de la demanda, que consiste en establecer unos criterios técnico-instrumentales para medir y cuantificar los costos por cada estudiante, los espacios por estudiante en el salón de clase, el número de profesores por grupo los indicadores de eficiencia, eficacia, contabilidad, pago por mérito, incentivos, en un afán delirante por medirlo todo para tener información que permita construir indicadores de calidad a la manera de las empresa" (p. 4)
La cita anterior, denota la lógica empresarial impuesta desde los organismos se limitó a discursos financieros que se potenciaron en los años 90, los cuales se constituyeron en verdaderos manifiestos de privatización y mercantilización Estrada (2002). Para Svampa (2009) en las primeras décadas del siglo este modelo instaló las reformas jurídicas que agudizaron las dinámicas sociales, ante esta situación y retomando el trabajo de Estada (2004), este actuar reflejó una doble dimensión: la primera ligada a los cálculos económicos y relegada a los bienes mercantiles, con discursos de cobertura, oferta, demanda y calidad y la segunda, ligada al “disciplinamiento social”, entendido desde la cultura y pedagogía del consumo y del mercado, haciendo énfasis en la productividad, el individualismo y la competencia.
Para el caso colombiano, es necesario ubicar el trabajo de Estrada (2002), García (2011) y Martínez (2011), quienes ejemplifican esta lógica reformista con la expedición del acto Legislativo 01 de 2001 y la ley 715 de 2001, la cual reformó la Constitución Nacional y unificó la situación fiscal y participación de las entidades territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP) reduciendo los dineros para cada municipio y afectando directamente la financiación en temas de salud, educación y saneamiento básico. Según Martínez la Ley 715, “se convirtió en el ordenamiento jurídico que legalizó la entronización del esquema neoliberal de desarrollo en el sector educativo, cuya primera expresión era trasladar buena parte de la responsabilidad financiera a las entidades territoriales, y con ello, un nuevo deterioro de la política social porque se limitó el acceso a la educación pública: ahora los padres tendrían que asumir “nuevos costos educativos”. Así pues, para los autores mencionados, el 2001 se convierte en un año clave que materializó el modelo fiscal y permitió la idea reformista, situación que se fortaleció con las políticas instaladas desde 2002 a 2009 en los gobiernos del presidente Uribe.
En los documentos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), dichas leyes soportan las dinámicas de descentralización como un mecanismo necesario para fomentar la financiación y la gestión por parte de las Entidad Territorial (ETC), estrategia establecida con la Ley 715 la cual determinó los lineamientos metodológicos y jurídicos que llevaron a cabo dicha distribución de recursos, y además fundamentó los planes sectoriales y en las estrategias institucionales de los periodos venideros.
Así pues, para el periodo de estudio 2009- 2015, las recomendaciones dieron respuesta a una segunda fase del modelo neoliberal. Para Svampa (2009) el inicio de la segunda década del siglo XXI, fomentó una concepción extractiva – exportadora materializada en la explotación minera, la agroindustria y la formación limitada al capital humano y el consumo, aquí, es preciso retomar las dimensiones establecidas por Estada (2004), la primera, la económica definió el acontecer político y financiero, mientras que la segunda incidió en el tema educativo y cultural.
Por lo anterior se hizo necesario reconocer cómo la política pública aterrizó la intencionalidad neoliberal y a modo de contextualización la investigación exploró el cómo se materializaron los postulados de la macropolítica e incidieron en el ámbito educativo, esto permitió un acercamiento a aquellas políticas que puntualizaron en las recomendaciones de la OCDE. Un ejercicio que permitió identificar los discursos y prácticas impuestas desde el mercado; elementos clave para dar lectura a la movilización social de los actores educativos y sus procesos de confrontación.
El desarrollo de este artículo se articula con el desarrollo del Observatorio de Acciones Colectivas por la Educaición y la Pedagogía en Colombia (OACEP), vinculado a la Universidad Pedagógica Nacional, quien da uso de un archivo de los documentos oficiales, los cuales se sintetizaron y tematizaron para dar relación a las coyunturas y lecturas que dinamizaron la contienda política durante el periodo y será el insumo para presentar ponencia.
