La historia y configuración de la arquitectura financiera internacional está estrechamente relacionada con el estallido de crisis económicas que afectan a los principales centros financieros del mundo, lo que convierte a estas situaciones en catalizadores de cambios tanto a nivel de la regulación como de gestión de los portafolios de inversión.

Es así como con cada crisis financiera que afecta al conjunto del planeta se han creado nuevas instituciones y se han reformado parte de los mecanismos existentes a la hora de afrontar situaciones de pánico financiero. Un buen ejemplo de ello lo constituye la ampliación del G-7 al G-20 luego del estallido de la crisis económica de 2008, cuando se evidenció que las medidas adoptadas por las principales siete economías del mundo resultaron insuficientes para hacer frente a la crisis financiera iniciada en 2007.

A mediados de 2008, los países que conforman el G-7 decidieron invitar a 13 economías más, distribuidas entre el Norte y el Sur Global, en un intento por ampliar el efecto de las medidas adoptadas y fortalecer el apoyo político de las mismas a lo largo del planeta. Si bien esta reforma del principal foro económico intergubernamental había sido recomendado y evaluado reiteradamente por especialistas en materia de gobernanza financiera, la decisión de implementarlo obedeció a la necesidad de afrontar los efectos de la crisis.

De allí que el anuncio de la ampliación del G-7 haya sucedido de manera repentina aunque no en forma inesperada, toda vez que hacia parte de las recomendaciones más reiterativas en la literatura especializada, los mass-media y los foros intersectoriales en la materia.

A simple vista esta ampliación parece un cambio de segundo orden en la arquitectura financiera internacional, cuando en realidad significó una adecuación institucional que partiendo de la actual configuración de la economía política internacional reconoce el rol que deben tener los países del Sur Global en la discusión de problemáticas mundiales y en la toma de decisiones económicas de escala planetaria.

En este marco, la presente ponencia analiza el papel del Comité de Basilea al interior de la arquitectura financiera internacional, reconstruyendo los vínculos que actualmente mantienen sus miembros con la banca transnacional y los think tanks más reconocidos en materia financiera, examinando así la relación entre las preferencias e intereses de economía política que exponen los actores financieros globales y los planteamientos del Comité en materia de gobernanza financiera luego del estallido de la crisis de 2008.

Esta ponencia brinda así un análisis crítico del Comité de Basilea que a través de su problematización como actor, de sus vínculos con la élite financiera transnacional y de su ejercicio discursivo al interior del sistema financiero internacional, permita evaluar su propuesta de regulación así como su posicionamiento político ante la actual problemática financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente ponencia plantea que el problema central de los Acuerdos de Basilea III, que es la respuesta insignia del Comité de Basilea a la crisis de 2008, no son los aspectos técnicos de las fórmulas que sustentan sus indicadores, como buena parte de los especialistas en finanzas han propuesto, ni tampoco su análisis del sistema financiero internacional como sostienen los abogados internacionalistas.

El problema estructural de los Acuerdos de Basilea III es que la perspectiva de Economía Política que los sustenta responde a las preferencias e intereses de los agentes financieros globales, que con su capacidad de lobby sobre el Comité de Basilea posicionaron una comprensión parcializada de la actual problemática financiera, en la que la atención de los supervisores bancarios debe centrarse en las inversiones altamente riesgosas, la iliquidez bancaria, y las bajas reservas de capital de los bancos ante escenarios de pánico financiero.

De allí que, en los Acuerdos de Basilea III no se haga ninguna referencia específica a los otros tres aspectos centrales de la actual problemática financiera, a saber: la desregulación de los flujos transnacionales de capital; la ausencia de controles a la especulación en el mercado de derivados; y la interrupción del suministro de dinero al sector real.

De la lectura de los Acuerdos de Basilea III se puede inferir que al no ser objetivos contemplados por el Comité de Basilea, éstos deberían asumirse como efectos indirectos de su implementación, cuando en realidad se trata de los otros tres aspectos constitutivos de la actual problemática financiera.

Desde principios de 2011, los gobiernos de los países del norte y algunos del sur global, han expresado su compromiso internacional de avanzar en un esquema de gobernanza a través de la implementación de los Acuerdos de Basilea III, asumiendo que se trata de un marco normativo que les permitirá responder a los retos que impone actualmente el mercado financiero y prepararse ante crisis futuras.

Claramente, este objetivo no se logrará a través de los Acuerdos de Basilea III ni de ninguna otra actualización que pueda llevarse a cabo, hasta que no se interrumpa el alto grado de injerencia que ejerce la élite financiera transnacional sobre el Comité de Basilea.