El presupuesto participativo (PP) se ha transformado en uno de los mecanismos más importantes a la hora de generar una articulación entre ciudadanía e instituciones representativas. El mismo se ha expandido exponencialmente desde la primera experiencia documentada en Porto Alegre en 1989 (Goldfrank, 2011). En la actualidad existen centenares de experiencias en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile mientras en países como Perú se ha introducido por leyes nacionales y los municipios tienen la obligación de activarlo. Desde sus orígenes el PP encarnó proyectos diversos, a veces complementarios, a veces opuestos. Por ejemplo, mientras para la izquierda de los ochenta representaba un modelo superador de la democracia representativa, para el Banco Mundial era un instrumento capaz de reducir la corrupción e incrementar la eficiencia sin alterar sustancialmente la distribución de poder (Ramírez y Welp, 2011).
Como señala Montecinos (2012) han habido diferentes momentos en la investigación sobre presupuestos participativos que han marcado agendas distintas de investigación. En la actualidad se advierte en los estudios un interés creciente en el tema de la articulación entre este mecanismo de participación y las instituciones representativas (Schneider y Welp, 2015; Melo Romão, 2014; Montecinos, 2012; Rodgers, 2005; Gurza Lavalle, Melo Romão y Zaremberg, 2014 entre otros ejemplos). Siguiendo esta línea de trabajo, en esta ponencia, basada en una investigación en curso, se analizan las características que asume la participación ciudadana en los presupuestos participativos de las ciudades de argentinas de Córdoba, Gualeguaychú, y las uruguayas de Paysandú y Montevideo. El análisis pone énfasis en el tipo de articulación que se genera entre la participación y las instituciones representativas de la política, en especial el gobierno local. Se observan tanto las influencias de lógicas político partidarias como la subordinación de la participación a las definiciones del gobierno.
Los hallazgos muestran que en general el presupuesto participativo no ha sido en estos casos una herramienta demasiado explotada por los partidos políticos para lograr presencia en los territorios o para influir en los destinos de los fondos, sí se advierten diferencias en las experiencias estudiadas en cuanto a la función que el gobierno le da al presupuesto participativo y como ello repercute en el nivel de empoderamiento que se le da al ciudadano a través de la herramienta. Se observan casos como Paysandú y Gualeguaychú en donde el dinero en juego es relativamente poco pero los ciudadanos definen por, competencia o por consenso, en qué quieren gastar, las restricciones del gobierno son muy pocas y el margen de elección es muy grande. En el otro extremo, está Córdoba en donde los montos asignados son mucho mayores, el perfil del participante mucho más homogéneo y la capacidad de definición ciudadana es muy escasa. Es más bien una herramienta de gestión del gobierno con alguna intermediación de representantes sociales. Montevideo, en cambio, muestra un formato de poca deliberación en donde los representantes sociales juegan un rol marginal y en donde las definiciones se dan a través de una fuerte competencia electoral. Si bien existen reglas que marcan que el tipo de propuestas deben buscar un impacto comunitario más allá de las organizaciones, el margen de toma de decisión ciudadana es bastante amplio. Los montos asignados en Montevideo permiten pensar en inversiones de buen porte.
El análisis se basa en un trabajo de campo que incluye entrevistas y observaciones de asambleas, realizado en dos tiempos, en el año 2015 con anterioridad a las elecciones locales en los 4 gobiernos, y año 2016, luego de que se implementara la primera edición de presupuesto participativo del nuevo periodo de gobierno. Esto nos permite analizar los cambios y continuidades observados en la variable a partir del nuevo escenario político. Es decir que la ponencia presentará ocho escenarios.