La participación ha sido históricamente una preocupación y una necesidad en el trabajo de las principales problemáticas sociales. Sin embargo, las múltiples transformaciones en los modelos económicos y de desarrollo han llevado a las sociedades a desestimular los procesos organizativos que representaron en alguna época la principal y más eficaz forma de participar e implicarse en las cuestiones públicas y sociales. No obstante, la experiencia ha mostrado que cuando se trata de problemáticas que afectan directamente a la comunidad, es ella misma la más conocedora e indicada para analizar, explorar e intentar mejorarlas.
En Colombia, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) estableció que el trabajo alrededor de este tema, se articula y planifica a través de los Planes de SAN en sus niveles nacional, departamental, municipal y regional. Esta directriz, se acompañó de otras orientaciones frente a las dinámicas que alrededor de la construcción e implementación de estos planes deben darse. Una de las estrategias propuestas consiste en la inclusión de procesos de participación ciudadana y comunitaria de forma transversal, como un mecanismo para la garantía del derecho a la alimentación.
Así las cosas, esta ponencia se basa en el trabajo de investigación “La participación comunitaria en la formulación del Plan Decenal de Soberanía y Seguridad alimentaria y nutricional Nariño 2010-2019. Estudio de caso”, que buscó documentar y analizar la experiencia del Plan Decenal como un caso emblemático frente a la cuestión de la participación para posteriormente, identificar oportunidades y barreras en este tipo de procesos, brindando recomendaciones para la política pública, que permitan ampliar la visión de las instituciones y reconocer la importancia de la comunidad y sus organizaciones.
Se tomó como base los postulados de expertos como Ezequiel Andre-Egg y Alejo Vargas, por lo cual se propone que la forma en que la comunidad puede participar de forma efectiva y ser protagonista de su propio desarrollo, parte del existencia y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, que como espacios de encuentro, permiten la construcción de identidades alrededor del territorio, pero sobretodo se proyectan como puntos de formación social y política, donde a partir del conocimiento adquirido desde la experiencia, se consolida una fuerza técnica y discursiva.
La reconstrucción y análisis del proceso vivido en el departamento de Nariño (Colombia), permitió establecer que la iniciativa de la formulación del Plan Decenal, nació principalmente de la Gobernación, en cabeza de la Secretaría de Equidad de Género y en el marco de una línea de gobierno que reconocía la participación ciudadana y comunitaria como uno de los principales activos inmateriales del departamento; llevando a que este proceso de construcción, que le apostó a lo participativo, se consolidara como un caso emblemático para los Planes Territoriales de SAN en el país.
Así entonces, la construcción del Plan fue un proceso amplio, que implicó una apuesta metodológica innovadora y de inversión de recursos humanos y económicos bastante significativa. Este proceso, permitió que un importante número de actores de diferentes categorías: institucionales y comunitarios; y provenientes de los niveles municipal, regional, nacional e internacional hicieran parte del proceso en diferentes formas y niveles de incidencia. Vale la pena resaltar, que a nivel comunitario se contó, entre otros, con representantes de organizaciones campesinas, indígenas y afro de la región; así como de organizaciones de mujeres, de jóvenes líderes y de niños y niñas, en la búsqueda de incluir a todos los actores sociales de un departamento que se caracteriza por ser pluriétnico y multicultural.
No obstante, se puede decir que la participación comunitaria incluida fue agenciada por la institucionalidad. Esto significa, que desde las instituciones se planificó y estipuló la forma y espacios en que la comunidad y sus organizaciones podrían participar del proceso, lo cual se reflejó en el hecho de que los actores comunitarios no tuvieran presencia en algunos momentos importantes de la formulación. Esto, puede representar una barrera para llegar a procesos de empoderamiento comunitario, que permitan trascender hacia la incidencia política. Sin embargo, es importante decir que esta no es una dificultad nueva en los procesos de participación motivados desde la institucionalidad, sino que en general las instancias territoriales de participación aún no están listas para abrir espacios reales y de respeto a la comunidad, sino que siguen viendo la participación como el requerimiento de escuchar al otro sin que implique considerar sus observaciones.
El análisis de este caso se basó en la hipótesis de que la introducción de un ejercicio de Soberanía Alimentaria no puede darse efectivamente sin asociarse a procesos de reconocimiento y valoración de los pueblos y sus identidades. En este sentido, el acercamiento al proceso de construcción del PDSSAN, permitió corroborar que las comunidades fueron involucradas en este proceso y que de una u otra forma, su presencia se reflejó principalmente en la obtención de un plan con un enfoque diferente, centrado en el análisis y en el trabajo hacia el alcance de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Este es un hallazgo relevante para la política pública en este ámbito, pues muestra el reconocimiento gubernamental, al menos en lo regional, de las luchas y alcances de los pueblos y sus organizaciones frente al tema, promoviendo la recuperación y conservación de las prácticas y productos ancestrales.
La participación comunitaria, algunas recomendaciones
La participación se constituye en un espacio necesario para la defensa y garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, es un desafió para la comunidad, la sociedad y el Estado; y por tanto, buscar procesos y acciones públicas participativas más allá de la invitación a la sociedad en general, implica la generación y fortalecimiento de espacios propios de la comunidad, pues la organización comunitaria no solo permite reunirse alrededor de un interés común, sino que genera un espacio de formación, de aprendizaje, de identidad y de reconocimiento de las potencialidades de la comunidad.
La participación requiere entonces, de un proceso previo que permita que la comunidad fortalezca sus conocimientos técnicos con base en su experiencia, se acerque al contexto político-normativo de las problemáticas, desarrolle criterios y propuestas, pero sobretodo cuente con ciudadanos líderes, seguros de sí mismos y con la capacidad de verbalizar sus profundas reflexiones en todos los niveles; de lo contrario, espacios que limitan a la comunidad a escuchar y no a opinar, solo fomentan la continuación de la tecnocracia y la corrupción.
En este orden de idea, un proceso participativo para la búsqueda de la Soberanía y la SAN, implica una triada fundamental. Primero, el reconocimiento de la importancia del territorio como un elemento de enlace, de identidad y de unión. En segundo lugar, no se puede pretender participación, sino se parte de reconocer a cada ser humano como un sujeto de derechos, por ende sujeto de política pública y con el derecho y deber de implicarse en todos los asuntos que le competen. Por último, participar, a todo nivel requiere de representantes de la comunidad que conocedores del proceso reivindicativo, más que delegados, sean representantes activos y respetuosos de la misma.
Generar espacios de participación al interior de la comunidad y con los diferentes entes de la sociedad, tal como su nombre lo indica es un reto, requiere de un proceso constante y en evolución. Se puede decir que el primer nivel de esta evolución corresponde a la legitimación, una fase en la cual la comunidad y sus organizaciones no solo tengan visibilidad sino sobretodo credibilidad y la confianza para ser escuchados, incluidos y elegidos. Posteriormente, se puede llegar a la resistencia, como un momento en el cual los actores de la sociedad que históricamente han sido relevados a posiciones inferiores y estigmatizadas, puedan establecerse dentro del espacio social y político, garantizando su permanencia y supervivencia. En último lugar, el proceso debe llevar a un nivel de transformación, ya que en el marco del empoderamiento, el potencial de cambio alrededor de los fines comunes y por ende del mejoramiento de la calidad de vida es muy alto y esperanzador.
Para concluir, se debe decir que la participación es en todo sentido muy amplia y para muchos estudiosos del tema puede ser innecesario asignarle una categoría que la acompañe. No obstante, este trabajo ha permitido corroborar que la participación puede ser de diferentes tipos en cuanto a los actores se refiere y por ende, reconocer la existencia de una “Participación comunitaria” contribuye a garantizar que dentro de la política pública las comunidades tengan cabida y una capacidad de incidencia real. Por tanto, incluirla implica reconocer y generar espacios favorables para la deliberación social, el surgimiento autónomo de organizaciones sociales y comunitarias, su posicionamiento e inclusión en los principales comités, consejos y mesas de política pública; pero sobretodo la voluntad política de un gobierno que esté dispuesto a ceder espacios de decisión y a exponer frente a la comunidad sus acciones y capacidades.
