Este trabajo aborda una temática novedosa pero a la vez pujante de investigación en ciencias sociales, me refiero al colectivo de “personas en situación de discapacidad”, y en este caso, su relación con las políticas públicas ofertadas por el Estado de Chile (Servicio nacional de la discapacidad.) en coordinación con los gobiernos locales. Específicamente el objetivo de esta ponencia es analizar dos políticas públicas puntuales, donde se articulan y se relacionan estos actores; EDLI (estratega de desarrollo local inclusivo) y EGST (Escuelas de gestión social y territorial).
La participación de organizaciones de personas con discapacidad está supeditada a los esfuerzos que el Estado despliega para promover la participación de estas. Desde el año 2010 y a partir de la consolidación de una institución estatal como lo es el Servicio nacional de la discapacidad y una garantía inscrita en el marco normativo “la ley 20.422” que establece igualdad de oportunidades para la participación e inclusión social de las personas con discapacidad, se puede establecer que para el Estado las personas en situación de discapacidad son una prioridad de intervención. Evidencia de lo anterior encontramos en el planteamiento de la política nacional en discapacidad que contempla varias metas entre los años 2010-2018 orientadas a la consecución de la tan pretendida inclusión de estos sujetos. Estas metas están relacionadas principalmente a adecuaciones en las infraestructuras urbanas, inclusión laboral, educacional, mejorar acceso a la justicia, derechos reproductivos y sexuales, mejorar su participación y representatividad política, etc.
Descripción de la estrategia de desarrollo local inclusiva (EDLI).
Uno de los objetivos en particular que inspira esta propuesta se relaciona con “fortalecer la participación e inclusión social de las PsD en los territorios” Es así que se lanza en el año 2015 la EDLI (Estrategia de desarrollo local inclusivo) y en el año 2016 las “Escuelas de gestión social y territorial”. En el caso de la EDLI, esta estrategia consiste en que el Servicio nacional de la discapacidad oferta una cantidad de dinero a la cual postulan los “gobiernos locales” a través de sus oficinas comunales de discapacidad. Quienes se adjudican estos fondos tienen la responsabilidad de fortalecer la oficina comunal de la discapacidad y ejecutar acciones que apunten a instalar capacidades y acciones permanentes y transversales en todo el municipio y que beneficien directamente a las PsD. Se realizó un “diagnóstico participativo” con las organizaciones, familiares y personas con discapacidad para conocer sus demandas y percepciones con respecto a su participación en la comuna. Además se ejecutaron “escuelas de gestión social y territorial” para entregar insumos y herramientas que promuevan la plena participación ciudadana y social de las PsD (entiéndase por insumos, capacitar en la formulación de proyectos, crear información accesible, crear organizaciones sociales, certificar la discapacidad, conocer los beneficios sociales para las personas con discapacidad, etc.)
El gran objetivo de estas acciones se inscribe en el con
cepto de “desarrollo local inclusivo”, es decir, municipios (gobiernos locales/comunales) que promuevan y garanticen la plena participación e inclusión social de las PsD en los territorios. Es importante mencionar que según la Encuesta nacional de discapacidad 2015, solo un 35% de las personas con discapacidad (PsD) participan en organizaciones sociales.
Marco teórico
Con respecto al desarrollo local y el agregado del adjetivo “inclusivo”. Podemos establecer en un primer momento que el desarrollo local inclusivo se entiende como un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en un «territorio» de escala local a partir de la movilización y la coordinación de sus «recursos» materiales e inmateriales (Santa María 2014). Sin embargo esta definición se puede nutrir y enriquecer cuando incorporamos la noción de desarrollo local inclusivo el cual se concibe como aquel que vela y trabaja porque las personas en situación de discapacidad puedan participar plenamente de la vida comunal, sin encontrarse con restricciones y limitaciones físicas o culturales, sino al contrario, su municipio (Gobierno local) se esfuerza por promover, fomentar y facilitar su participación plena en igualdad de oportunidad en todas las actividades propias de la comuna. (Elaboración propia).
Políticas públicas y participación ciudadana: En un artículo sobre políticas públicas y discapacidad Ferrer y Oberto (2014) mencionan Las políticas son públicas por ser de interés colectivo, son construidas por y para las personas, con una intención colectivista; representan iniciativas nacidas de situaciones problema, en la que el Estado o la sociedad civil evalúan posibles estrategias de solución para tratar de resolver o de atenuar la misma con la intervención de actores, los cuales toman decisiones para la definición de normativas que orienten de manera puntal las acciones a seguir (Ávila Rendón, Gil Obando, López López, & Vélez Álvarez, 2011 en Ferrer y Oberto 2014).
Al observar la calidad de vida de las PsD, producto de la desigualdad de condiciones a la que se tienen que enfrentar en su entorno, se puede constatar las insuficientes o desarticuladas acciones llevadas por los Estados para solventar la enorme deuda que tiene al respecto. Por tanto, resulta necesario diseñar políticas públicas cuyos planteamientos trasciendan las fronteras del papel para hacer posible la materialización de transformaciones sociales tangibles en pro de la equiparación de oportunidades (Ferrer y Oberto 2014, p5).
Metodología
Este estudio se basa en una estrategia metodológica cualitativa a partir del análisis de discurso de los siguientes documentos los cuales fueron sistematizados y publicados por quien presenta esta ponencia.
-“Guía de gestión municipal inclusiva en Punta Arenas Chile”.
-“Diagnósticos participativos de organizaciones por y para la discapacidad en Punta Arenas, Chile”
-“Informes de evaluación de actividades desarrolladas en el marco de la Estrategia de desarrollo local inclusivo” (evaluaciones realizadas por los mismos participantes).
Principales resultados
Baja convocatoria a las actividades debido a la poca accesibilidad física y espacial para la participación. A pesar de los aspectos normativos que obligan al menos a los espacios públicos a estar adaptados en cuanto a su infraestructura física para que participen las personas con discapacidad. Ni siquiera el carácter punitivo y sancionable de la ley sensibiliza para que estas adecuaciones se concreten. A partir de esto se puede interpretar que la ineficacia de estas políticas públicas tiene que ver con la falta de instalación transversal de la temática discapacidad en el mundo público. La principales barreras físicas, sociales y culturales provienen de los mismos servicios públicos del Estado y del gobierno municipal.
Bajo compromiso de los estamentos municipales. Una vez que se acaban los fondos y el financiamiento que otorga el Estado a los municipios, estos se desentienden de las acciones concretadas durante los programas y se pierde la continuidad de las actividades ejecutadas, volviendo solamente a atender las demandas de las personas con discapacidad desde la lógica asistencialista.
Descoordinación de las propias organizaciones de PsD producto de la heterogeneidad de la discapacidad que pretende representarse de formas aisladas. Debido a que la discapacidad no se puede entender en singular, existen muchas organizaciones y agrupaciones de personas con discapacidad que representan los intereses particulares de “un tipo de discapacidad” lo que va en detrimento del potencial orgánico que podrían alcanzar si se aglutinaran a partir de intereses comunes en una sola organización.
El Slogan subsidiario como habitus de las personas con discapacidad. Ellos mismos se auto perciben como beneficiarios y depositarios de compensaciones por parte del Estado. Están acostumbrados a recibir ayudas técnicas, atenciones médicas, etc. Eso parece suficiente para paliar la exclusion histórica de las personas con discapacidad, no obstante, son pocas las acciones dirigidas a incluirlos políticamente o que aumenten su participación comunal-territorial, en diversos aspectos tales como; cultura, participación ciudadana, deportes, etc. En ese sentido las expectativas que tienen ellos del Estado y los gobiernos locales es la de recibir “ayuda tangible” para cubrir necesidades inmediatas.
Inclusión excluyente. Es decir, el Estado problematiza a ciertos grupos, como por ejemplo las personas con discapacidad, como un colectivo que necesita de una institucionalidad asistencial y un marco normativo que les permita avanzar en su inclusión y participación social. No obstante, estos circuitos de intervención son “diferenciados” es decir, se pretende una “igualdad de oportunidades” pero desde unos espacios creados para “ellos” los “diferentes”. Es decir el Estado los compensa por ser lo que no eligieron ser.
Conclusiones
Participación política y ciudadana insuficiente para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida comunal. Las políticas públicas analizadas son transitorias, carentes de continuidad y no cumplen el objetivo de promover la participación ciudadana y social de las PsD.
Territorializar la discapacidad. Generar estrategias para aterrizar las temáticas a los barrios, a las uniones comunales, a las comunidades de base organizadas en las comunas, a las ruralidades postergadas.
Participar es tomar decisiones, esto implica que las organizaciones de la discapacidad deben desarrollar un posicionamiento político propio, una articulación estratégica que les permita incidir en la toma de decisiones en el mundo comunal, por ejemplo a través de la instalación de representantes en los gobiernos comunales.
