EDUCACIÓN EN ZONA ROJA

Es información de dominio público que en algunas regiones de Latinoamérica como México, Colombia y Perú, en donde hay concentraciones de cultivos ilícitos también hay presencia de grupos al margen de la ley. Este fenómeno se evidencia de manera clara en Colombia donde hay zonas del país que han sido fuertemente azotadas por la violencia y hay poca o nula presencia del estado incluyendo sus fuerzas militares. El estado Colombiano hace referencia a estas zonas, ubicadas algunas de ellas en los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Valle del Cauca, y Choco, entre otras, denominándolas <>, esto para dar claridad que son zonas con presencia de grupos al margen de la ley y que a su vez hay existencia de cultivos ilícitos.
No es coincidencia que en estas mal llamadas zonas rojas, sea sobresaliente la pobreza, la baja escolarización y la mala calidad educativa. De la cotidianidad se arrastra a una desnaturalización del estado en donde el brazo armado ilegal el cual hace presencia en dicha zona, se incorpora a jugar un papel protagónico entre la población y es el papel de justiciero, mientras que la justicia estatal se moviliza a un plano casi que inexistente.
El sector político está directamente relacionado con otros sectores de la sociedad, es decir, las decisiones políticas que se lleven a la aplicación afectan de manera proporcional sectores como la economía y la educación, entre otros. Son los modelos de desarrollo y los programas de gobiernos de turno los que determinan como se deben distribuir los recursos económicos para la nación. De esta manera sectores como la educación, están a ligados a las decisiones políticas que se consideren apropiadas para su buen funcionamiento, en muchas ocasiones sin tener en cuenta la calidad y cobertura del servicio educativo.
En Colombia la falta de tolerancia y la paupérrima cultura fueron factores determinantes para generar una ola de violencia durante las últimas 6 décadas. Los intereses económicos de los poderosos del momento y los caudillos abanderados con políticas de izquierda fueron protagonistas de la historia. La confrontación de diferentes ideales generó un frenesí asesino en Colombia exterminando a la oposición de carácter izquierdista, perpetuando a la política conservadora en el poder.
Los diferentes gobiernos que escalaron al poder en Colombia durante el siglo XX, custodiaron la nación casi al margen de las dos grandes crisis económicas que por sus momentos golpeaban el mundo. La primera originada en Estados Unidos a raíz de la caída de las acciones en la bolsa de valores en 1930, y la segunda originada en 1982 por el bajo poder adquisitivo que tenía Latinoamérica con relación a la deuda externa.
Esto no fue impedimento para que los gobiernos de turno en Colombia se endeudaran de manera exorbitante con diferentes organizaciones internacionales, dándose como excusa a sí mismos, que solo protegían los intereses de la nación cuando en realidad surgía una vez más el pago de coimas e intereses personales.
Hoy en día, muchos años después, esta deuda generada a raíz de malas administraciones y la prevalencia de intereses particulares sigue afectando el diario vivir de los colombianos. La deuda externa de Colombia ha crecido y con ella la brecha de desigualdad que flagela la nación, la corrupción ha hecho metástasis y se ha impregnado en los diferentes cargos públicos, desde los más dispersos hasta el palacio presidencial.
Este ambiente de desigualdad, y de normalización de la corrupción también se hace presente en el ciudadano de a pie, pues son los ejemplos de sus gobernantes los encargados de auspiciar una cultura de desapego por la nación, por el bien cultural, por el bien social, por el ambiente que lo rodea.


Son los habitantes que residen en las denominadas zonas rojas los que están más desesperanzados en poder librarse fácil y rápidamente de esta situación. Debido a que se ha transformado la realidad, se torna un matiz de independencia por regiones, en donde cada frente armado de los grupos al margen de la ley son los que se encargan de velar por el convivir armonioso de las poblaciones. Es paradójico, pues son estos mismos custodios quienes de manera arraigada luchan contra un estado olvidadizo que no aplica su constitución política y que no es soberano en todo su territorio.
Estos frentes de guerra no dirigen sus regiones por vocación o convicción ideológica, sino porque han encontrado la manera de sobrevivir, sobrevivir en una sociedad que por medio de sus gobernantes se ha encargado de crear una brecha de desigualdad económica y social entre la población, una desigualdad que aunque escrito está en la constitución política, no permite emplear el derecho a la educación de manera ecuánime, una desigualdad que no permite aprovechar las mismas oportunidades de empleo porque las oportunidades de acceso a la educación no son las mismas para todos y todas.
Ninguna culpa debería perseguir a un estudiante de la zona rural que debe caminar varias horas para estudiar y que encuentra más satisfactorio y rentable, por lo menos de momento, trabajar en cultivos de coca raspando, llevando sustento a su familia, pero que a su vez genera un atraso en toda su persona, puesto que deja de formarse como ser humano crítico y cuestionante para ser un campesino más, lleno de oportunidades perdidas en un mundo creciente y lleno de maravillas por descubrir.
Es el estado el responsable directo de la guerra civil que por más de 50 años castigó a la población colombiana, sumergiéndola en pobreza y desigualdad. Es también responsable por los crímenes de estado, y es responsable por los crímenes de las guerrillas, pues son la ausencia de pericia, de administración pública, de gobernabilidad, de equidad social, de oportunidades, las que se delegaron para de manera indigente tratar de dirigir una nación que lo único que ha aclamado es que cesen el ruido de los disparos.
La sociedad que está deseosa de educación, de progreso, de desarrollo rural técnico, está deseosa de tranquilidad.
Países como Colombia necesitan más que sólo dinero para cambiar la realidad. La confianza de la ciudadanía en su estado debe recuperarse para poder generar un cambio social drástico y duradero; serán las generaciones venideras las que disfruten de la tranquilidad que tanto se anhela hoy en día, pues son muchas las creencias enraizadas en las mentes faltas de lectura las que no permiten que se genere ese cambio tan deseado.
Aun así, es deber de todos los ciudadanos velar por las garantías de ejercer su derecho a participar en la democracia, a dejar un verdadero estado social de derecho donde todos tengan las mismas oportunidades desde preescolar hasta postgrados en las diferentes áreas, en donde el clientelismo sea sólo parte de la historia pasada, en donde la cultura y el arte jueguen papeles tan importantes como la ciencia y la tecnología, en donde los campesinos industrialicen sus cultivos lícitos y puedan expandir su mercado a nivel internacional, un verdadero estado social de derecho que se dedique a educar y no a reprender, donde la inversión en educación sea siempre más alta que la inversión a la guerra y en donde por fin todos comprendamos que somos humanos, que somos diferentes, que pensamos diferente y que por lo tanto no podemos pasar por encima de los demás sólo por pensar, sentir y ser diferentes.