Según cifras de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2016 un total de 1.998 mujeres de 17 países de la región (14 de América Latina y 3 del Caribe) fueron víctimas de feminicidio. Es en esta estadística que el Perú ocupa el octavo puesto entre los países con más feminicidios.

Estas son quizás las cifras más aterradoras que las brechas de género pueden arrojar respecto a la región. Y no se trata de un tiro al aire, sino de un aspecto desatendido por lo tomadores de decisiones. Es el grito desesperado de varios aspectos en los que no se tomó en cuenta la educación en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Pues muchas veces este tipo de "sueños" quedan en el marco de la normativa internacional y es en escasas oportunidades en las que logra aterrizar para ser disfrutadas por los ciudadanos.

El enfoque de género ha sido el gran ausente del diseño de muchas políticas públicas, al menos así se puede ver en el Perú. Durante los últimos dos años del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski los esfuerzos de la bancada parlamentaria con mayoría congresal, Fuerza Popular, han sido innumerables para retirar este enfoque del desarrollo de las políticas públicas. El cual ya era tenue en las políticas públicas.

Sin embargo, es en estos años que se desencadenó una ardua lucha que ha mantenido un sector conservador de la población, en desmedro de los derechos que las mujeres una conseguido a lo largo de los años de la historia republicana del Perú.

La lucha del sector conservador se ha enfocado en llamar al enfoque de género con el erróneo nombre de "ideología de género". Se han esgrimido argumentos relacionados ala vulneración de los valores familiares y las buenas costumbres. Este ataque que parte desde la arena semántica, puede ser nocivo para políticas existentes y presupuestos nacionales destinados a estas políticas enfocadas en mujeres trabajadoras, mujeres campesinas, etc.

El enfoque de género es tan importante como el enfoque de DD. HH. en las políticas públicas. Hoy vivimos el resultado de haberlo ignorado. Se quedó en la esfera de los acuerdos internacionales como el CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), que se viene firmando desde 1981 (hace 37 años) en el Perú pero que su aplicación no es completa hasta la fecha. Y solo si alguna ONG ejerce presión para su cumplimiento a las instituciones, este se hace efectivo.

Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas del Perú la maternidad es vista como una enfermedad en sus reglamentos internos y como un impedimento de estudio para las muejeres en formación. Sin embargo, para el personal masculino en etapa formativa tener familia no es motivo de separación de la institución. Mientras que una mujer embarazada, en esta misma etapa, es separada y obligada a pagarle al Estado por su educación. Este problema que parece sencillo de resolver, es en realidad producto de un proceso de adaptación lento de las instituciones militares a recibir mujere en sus filas. Y refleja otro tipo de desigualdades que se pueden observar desde el mismo diseño del uniforme hasta la expulsión de su personal femenino, por motivos como el expuesto.

Casos como este han sido atendidos por el Instituto de Defensa legal anteriormente, razón por la que esta ONG se vio obligada a intervenir en casos particulares y en la promoción de políticas públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Las brechas de género entre hombres y mujeres siguen siendo un tema vigente en el Perú. Se pueden ver dentro de instituciones como las castrenses al igual que en sectores privados donde aún hay diferencias en relación a puestos de decisión y salarios. Estas diferencias de trato incluso llegan a lugares mucho más vulnerables como las comisarías a las que muchas veces las mujeres golpeadas asisten en busca de ayuda, pero donde sus reclamos terminan siendo minimizados pro el personal. Por ello el enfoque de género debería ser transversal a todas las políticas públicas e incluso llegar a ser parte de las capacitaciones de los servidores públicos.

Todo lo expuesto ha estado enfocado solo a la mujer. Sin embargo el enfoque de género también es importante para la comunidad LGTBI+, quienes manejan un pliego de reclamos bastante amplio que va desde la necesidad de no ser violentados por su género y concluye en el derecho a la unión civil. Sin embargo, en estos últimos años se han visto vulnerados por diferentes actores políticos.