Actualmente coexisten disímiles configuraciones y modos de inserción en el mundo del trabajo que abarcan desde formas pre-capitalistas de organización del trabajo sobre todo en áreas rurales; junto al modelo taylorista-fordista típico del industrialismo asalariado que produce los opuestos empleo-desempleo; yuxtapuesto a las nuevas formas de organización del trabajo, tanto en el ámbito público como privado vinculado con las flexibles modalidades contractuales, políticas de gestión y nuevas tecnologías; en simultáneo con política sociales focalizadas de inserción socio-laboral destinadas a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad; superpuesto a modalidades de trabajo no clásico (de la Garza, 2010), ocupaciones autogeneradas individualmente en tanto trabajador independiente y/o cuentapropista; a la vez que se forjan experiencias colectivas vinculadas a la “otra economía” (Coraggio, 2014), ya sean más próximas a la economía social, a la economía de la solidaridad, a la economía social y solidaria, al formato cooperativo, a las fábricas recuperadas y/o iniciativas autogestionarias.
Dicha diversidad da cuenta de la ampliación del concepto de trabajo (Antunes, 1993) así como de heterogéneos procesos de subjetivación, sentidos y construcciones identitarias que se suceden en las fragmentadas trayectorias laborales, donde el sujeto laboral del Siglo XXI simultáneamente transita por la multiocupación, ya sea debido a los bajos ingresos, a la incertidumbre o al síndrome de hiperactividad laboral, combinando en función del lugar que ocupa en la escala ocupacional trabajo formal e informal, a domicilio y en la empresa; entre semana y fin de semana; diurno y nocturno, entre otros. Esto conlleva la inexistencia de un único imaginario hegemónico e instituido de sentido del trabajo, a identidades líquidas y a nuevas formas y modos de ser y estar en el mundo del trabajo. Sin embargo dichas posibilidades y potencialidades no se presentan de modo azaroso ni equitativo, sino que el contexto geopolítico, el momento socio-histórico, el lugar que se ocupa en las relaciones sociales de producción, las trayectorias biográficas, el género, la etapa dentro del ciclo vital/laboral, los vínculos familiares, los lazos sociales comunitarios y la institucionalidad inciden en el horizonte de posibilidades de lo pensable, lo posible y lo deseable.
Particularmente en lo que respecta a las modalidades asociativas y colectivas la historia social del Uruguay da cuenta de que junto a la irrupción del Uruguay civilizado de finales del Siglo XIX (Barran, 1989), surgen las primeras experiencias locales al crearse Sociedades de Socorro Mutuo, Cajas de Auxilio, cooperativas de consumo y cooperativas de trabajo posibilitadas por el precoz proceso de urbanización; fortalecidas por el perfil socio-demográfico de las primeras olas de inmigrantes europeos con trayectoria y formación sindical; y sustentadas por el legado utópico socialista y anarquista, así como por los principios cooperativos internacionales (Errandonea y Supervielle, 1992). Asimismo desde comienzos del Siglo XX se contó con una serie de iniciativas legislativas que aunque no se aprobaron dan cuenta de la emergencia del sector (Terra, 1986). Esta primera etapa marcó a modo de hito fundacional una sólida impronta ideológica con valores y principios que sentaron las bases de un largo legado en una corta historia nacional de corte estatista pero con autonomía de las organizaciones sociales. Dicha impronta mantiene vigencia en la actualidad, en tensión con los nuevos significantes vinculados a herramienta de combate a la pobreza y de inclusión social.
En tanto la modernización conservadora (Filgueira, 2013), así como los sistema de bienestar y protección han sido de corte proteccionista estatista, el devenir del cooperativismo –modelo predominante en este país- ha estado ligado al impulso o retraimiento del Estado. Particularmente a partir del 2005 con la llegada del Frente Amplio al gobierno, se promulgaron una serie de leyes que tienden a potenciarlo: en 2004 la Ley 17.794 da la potestad al juez para permitir el uso de las instalaciones de la empresa/fábrica a los trabajadores que se proponen la recuperación, reforzando la tendencia estatista y de resolución del conflicto por vía legal (Rieiro, 2016). En 2006 la Ley 17.978 crea las Cooperativas Sociales en el marco del universalismo renovado que mantiene políticas focalizadas (Midaglia, Rivero y Serna, 2010) quedando bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-. A su vez hitos fundamentales del período fueron la ley General de Cooperativas - Ley 18.407- promulgada en 2008, y en su reglamentación se crea el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), con participación del gobierno y del movimiento cooperativo. Otro punto de inflexión fue 2010 la creación del Fondo para el Desarrollo (FONDES), producto de una reforma de la Carta Orgánica del Banco de la República, tiene como propósito apoyar y financiar proyectos bajo el modelo de la autogestión. Dicho impulso fue frenado en el último período, particularmente desde la legislación y reglamentación del FONDES en 2016 que reduce los fondos destinados a experiencias autogestionarias disponiendo recursos para para financiar proyectos de micro y pequeñas empresas. Sin embargo desde algunos sectores continúan impulsándose iniciativas parlamentaria: en 2017 ingresa para su discusión en la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo la una ley de promoción de compras públicas dándole prioridad al sector y se redacta un proyecto de ley de la Economía Social y Solidaria que se propone definirla y fomentarla, delimitando los principios orientadores, las entidades o formas de expresión, de organización y de registro.
Los principales motivos de surgimiento de estas iniciativas han sido el cierre de la empresa que produce cooperativas de trabajo en el modalidad de fábricas recuperadas; colectivos de trabajadores desocupados o precarios nucleados a partir de un sindicato o con apoyo de organizaciones de la sociedad civil para generar una opción de inserción laboral; tercerizaciones producto de la reestructuración productiva y el nuevo marco de relaciones laborales que derivan en emprendimientos asociativos; promovidas a partir de políticas sociales que así lo estipulan bajo la figura de las Cooperativas Sociales; o creadas por impulso autónomo y motivadas por llevar adelante una nueva forma de relación social y laboral, teniendo como meta la transformación social.
Si bien el Uruguay no se encuentra en un período de crisis, debido a la lógica cíclica del sistema capitalista y los precedentes de la región cabe esperar que una vez más los momentos de crisis operen como ventana oportunidad (Tarrow, 1989) para el desarrollo del trabajo no clásico asociativo y colectivo. Asimismo hay sectores de pobreza estructural, otros que encuentran fuertes restricciones a la empleabilidad debido a la segmentación territorial, el nivel educativo alcanzado, la etapa del ciclo vital/laboral y el género (Weisz, 2012); y otros que optan por posicionarse desde la “otra economía” retomando la consigna del Foro Social Mundial “Otro mundo es posible”, planteando no sólo críticas sino también alternativas in situ al sistema capitalista, operando como tercer sector dentro del mercado pero no del sector privado; y dadas las características de la historia social del Uruguay participando dentro de las políticas públicas pero con autonomía respecto del Estado. El fenómeno de la Economía Social y Solidaria trataría de un conjunto de experiencias económicas fundadas en valores solidarios, que ha dado lugar al surgimiento de nuevos actores en los últimos años, los que sumados a actores de mayor tradición -cooperativas, mutuales, asociaciones-, caracterizan un sector de la economía particular (Guerra, 2012).
Más allá de la diversidad de motivos que los origina y los formatos jurídicos que asumen han demostrado ser una táctica de inserción socio-laboral donde el colectivo opera positivamente frente el aislamiento y la vulnerabilidad, a la vez que han demostrado grandes dificultades para constituirse y consolidarse. Si bien la experiencia acumulada da cuenta de que la etapa en la que se encuentran no determina necesaria o causalmente el alcance de estas iniciativas económicas y sociales, el proceso tampoco es casual. Están atravesadas por el contexto socio-histórico, por los motivos de surgimiento, por el perfil socio-económico y las propias biografías. En las actuales fragmentadas y precarias trayectorias laborales escasamente preexiste una representación social común y compartida, ni un anclaje rígido en un marco histórico y cultural de referencia por lo que integrarse de este modo al mundo del trabajo a través de estas modalidades se presenta como una posibilidad de autonomía que no produce necesariamente rupturas ni conflictos identitarios. Lo queda sin saldar, en debate y en disputa son las condiciones de posibilidad de pensamiento crítico reflexivo y de acción (Arendt, 1995) en la esfera pública y política hacia la autogestión como proyecto.
La perspectiva epistemológica y la metodología de investigación desarrollada por la Sociología Clínica (De Gaulejac, 2013, Araujo, 2011), las historias de vida y trayectorias laborales, resultan particularmente pertinentes para comprender y producir conocimiento que dé cuenta del despliegue de sentidos, representaciones sociales y procesos identitarios que se despliegan en el mundo del trabajo autogestionado al articular las condiciones materiales de existencia con las construcciones de subjetividad; lo macro socio histórico con lo psico-socio-simbólico; los determi