Nos proponemos recuperar procesos de comunicación en contextos rurales de la provincia de Salta, entendiéndolos como parte de las transformaciones de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las problemáticas campesinas e indígenas del noroeste argentino. Es fundamental no pensarlas como experiencias aisladas, y para ello en este caso recuperamos las experiencias vinculadas a la Mesa de comunicación Popular de Salta y Jujuy, un espacio de encuentro interinstitucional y organizativo que se conformó para apoyar y fomentar la comunicación popular sin fines de lucro e indígenas a partir de la legislación sancionada en 2009.
En principio se pensó trabajar con el formato de análisis de practicas ciudadanas, y retomar la de la FM Ocan, una de las radios vinculadas a esta Mesa, pero poco a poco nos pareció oportuno y necesario reflexionar sobre algunos puntos de la comunicación en los procesos de trasformación de los movimientos rurales en la provincia de Salta orientados por las diferentes radios que se fueron fortaleciendo o inaugurando en el periodo del 2012 al 2017, sin detenernos en ninguna en particular en este caso.
Este conjunto de radios que ocuparon el aire desde diferentes puntos geográficos de Salta y Jujuy, nacieron como parte de las estrategias de organizaciones que desde hace años disputan espacios de representación, presencia y derechos fundamentales como actores de la agricultura familiar, noción que contiene (pero no reemplaza) tanto a pueblos originarios como a campesinos y criollos que viven y trabajan de lo que producen en la tierra, sea desde la agricultura y/o la ganaderia.
Algunas de estas iniciativas nacieron antes que la ley que regula el campo audiovisual en nuestro país, la OCAN por ejemplo es una organización indígena de mas de 20 años formalizada en asociación, pero su emisora fue pensada desde el 2004 y fue inaugurada recién en 2016. Hoy se constituye como la única radio del pueblo kolla de la provincia de Salta. Esta radio, como las otras con las que la Mesa trabaja desde el 2012, son experiencias y emisoras que forman parte de estrategias de organizaciones sociales rurales, y fueron pensadas inicialmente como complemento para la incidencia en contextos de desigualdad, disputa y fortalecimiento de esferas comunitarias y políticas públicas transformadoras. Durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández se sancionaron leyes vinculadas a las problemáticas del sector, aunque no se lograron resolver la mayoría de los problemas estructurales. En el escenario actual la situación es muy complejas ya que corren riesgos esas legislaciones y las políticas e instituciones que trabajan con el sector desde hace mas de 25 años.
Todas las radios que se fortalecieron en la ruralidad salteña en este periodo, tienen a la interculturalidad y las identidades vinculadas a la ruralidad como elementos distintivos de sus procesos. Es importante para nosotras reconocer las características distintivas frente a las tradicionales radios comunitarias, populares y alternativas urbanas que han dado origen a la lucha de las “truchas” (Kejval, 2009) y que junto a la Coalición para los 21 puntos para una nueva Ley de radiodifusión democrática, se materializaron en la ley 26.522 en diferentes tipos de licencias y autorizaciones para iniciativas comunicacionales que no fueran pensadas con fines estrictamente lucrativas.
Como decíamos lineas mas arriba estas radios rurales son parte y herencia de las luchas que llevan adelante diferentes organizaciones de la agricultura familiar, que disputan el acceso legal a la tierra y el territorio; el reconocimiento por la diversidad de sus identidades y el acceso a múltiples derechos.

Las 9 radios con las que se vino trabajando con la Mesa no son experiencias aisladas, y esta es una aclaración fundamental que nos impulsa a pensar en cómo se aplicó y se disputó la ley en diferentes regiones del país, por ello se hace necesario recuperar el trabajo articulado entre organizaciones e instituciones públicas y científicas, vinculadas entender a la comunicación como un derecho y no un negocio, reconciendola como parte de los espacios públicos que deben ser ocupados y no como meras empresas privadas que “sólo” deben ser administradas. Esta articulación se identificó bajo el nombre de Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, y desde el 2012 apoya a organizaciones con interés en poner sus radio al aire en contextos rurales.
En sus inicios la principal prioridad de este espacio fue generar mecanismos, intercambios y canales de apoyo, necesarios en la gestión, capacitación y articulación para las organizaciones sociales en contextos rurales que buscaban nuevos medios de comunicación en sus territorios. Al mismo tiempo, acompañar a radios nacidas previamente a la ley y que querían mejorar o acceder a las condiciones de legalidad, como así también al fortalecimiento previstos en la normativa (fue el caso de las radios La Voz Indígena de Tartagal y Fm Cheru de Pichanal).
La Mesa nació para proponer, gestionar y facilitar procesos de comunicación con una clara y explícita intencionalidad política de trabajar y militar para contribuir al derecho a la comunicación, partiendo desde una concepción de la comunicación inclusiva, participativa y plural, integrada principalmente por aquellos sectores que viven del campo y en el campo, campesinos, indígenas, pobladores rurales, comunicadores rurales y por personas que trabajan en instituciones vinculadas a estos sectores (Agüero y Müller, 2016). Sin la sanciona de la LSCA la conformación de esta Mesa no hubiera sido posible. Como explica Claudia Villamayor (quien participó activamente en sus inicios de este espacio), se arriba a la misma “como resultado de prácticas de comunicación, ejercicio de ciudadanía y convicción política que permite darle normatividad a prácticas democráticas que habilitan no sólo la distribución de la palabra sino que garantizan la democratización de la sociedad y la cultura” (2015: 225). Es un espacio nacido del vientre de esta Ley por un lado y por otro de un Estado y un gobierno que planteaban la “articulación de las políticas públicas” y por tanto de los organismos responsables de llevarlas adelantes, como tarea fundamental. Participaron activamente Radio Nacional Salta, Prohuerta, Inta, Secretarias de Agricultura Familiar, universidades nacionales, Afsca, CNC, Parques Nacionales y eventualmente la Defensoría del Público y el Ministerio de trabajo. "En América Latina, el papel central que adquieren los Estados comprometidos con procesos populares como el vivido en la república bolivariana de Venezuela, en la Argentina o en Bolivia nos permite preguntarnos por una comunicación popular que a diferencia de otras décadas, está incorporada a las políticas de Estado, ya sea por la vía jurídica como por la vía de ser un componente de la agenda de derechos humanos en las políticas públicas" (Villamayor, 2015: 222). En este sentido, incluso en contexto adversos como los que se desataron ante el cambio de gobierno y de gestión de las políticas publicas y las instituciones, quienes participan de la Mesa siguen creyendo y apostando a la potencialidad que surge del intercambio entre Estado, organizaciones y sujetos, y de la necesidad de tomar y amplificar la palabra, para revertir o transformar procesos de dominación históricos.
La Mesa inicialmente estaba integrada por instituciones y organizaciones con distintos recorridos, algunas con larga trayectoria de lucha, otras apenas iniciando su camino, pero todas en la búsqueda por hablar y decir el propio mundo, y en el mismo acto decirse a sí mismo (Martín Barbero, 2003: 29). A través de la palabra poder encontrarse como sujetos pertenecientes a la historia, y por tanto con historia. Poder “decirse” facilita emanciparse, independizarse de un discurso impuesto, recrear el propio texto con las propias palabras, no sólo diciendo sino además posibilitando que se les escuche e incluso escuchemos entre unos y otros. Como sostiene Martín Barbero, “hablar no es sólo servirse de una lengua sino poner un mundo en común hacerlo lugar de encuentro. El lenguaje es la instancia en que emergen mundo y hombre a la vez. Y aprender a hablar es aprender a decir el mundo, a decirlo con otros, desde la experiencia de habitante de la tierra, una experiencia acumulada a través de los siglos” (2003: 31). En ese “poder decirnos” también está presente la posibilidad de animarse a cuestionar las palabras, los significados, las prácticas, no sólo de las propias organizaciones comunicacionales rurales, sino también de los organismos públicos, que tal vez sin mayor cuestionamiento posibilitaron otros decires, vinculados al rol de la comunicación, no ya como instrumento sino como práctica de la ciudadanía, como dice Clemencia Rodríguez, de "la democracia y la paz" (Rodríguez, 2011: 45), sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estos organismos, así como las organizaciones no tenían a la comunicación como razón de ser y por ello ante los primeros cambios se han apartado institucionalmente, quedando liberados al criterio de los técnicos involucrados continuar desde definiciones personales.