El objetivo de esta investigación es identificar si la oferta de métodos anticonceptivos en los servicios públicos de salud, corresponde al derecho de las mujeres mexicanas a elegir el método óptimo para espaciar y limitar los nacimientos.
La salud reproductiva aborda los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se desee.
En la década de 1970, la salud reproductiva conceptualmente pasó de la idea inicial de la planificación familiar, a una interrelación con los valores, la cultura, los intereses y la propia realización personal de cada individuo. En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, desarrollada en Bucarest (1974) se hicieron recomendaciones específicas sobre la necesidad de establecer programas de planificación con el fin de disminuir el ritmo de crecimiento de la población. Para la década siguiente el objetivo de los programas era reducir la morbimortalidad de los infantes a través de intervenciones en la salud materna surgiendo así el esquema de salud materno infantil.
A finales del siglo XX, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994), y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), los gobiernos reconocieron plenamente a los derechos reproductivos, declarándolos como derechos humanos fundamentales para el desarrollo. Esto permite reconocer a las mujeres y los hombres como sujetos capaces de elegir métodos de control de la fertilidad, que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables.
El abanico existente en la oferta de métodos anticonceptivos es amplio, y tiene por objeto satisfacer las necesidades específicas de los usuarios. Entre los objetivos de uso encontramos el limitar el tamaño de la familia o el espaciar el nacimiento de los hijos. Para la población mexicana, el estudio Situación de la Salud Sexual y Reproductiva (Conapo, 2016) se señala que, con datos de la Encuesta nacional de la dinámica demográfica (Enadid) de 2014, la prevalencia anticonceptiva promedio de las mujeres en edad fértil sexualmente activas es de 75.54%.
En principio se puede decir que México es un país con un alto uso de métodos anticonceptivos, que cumplió con el objetivo de disminuir la TGF de 7.3 hijos por mujer de los años 70 a 2.21 en 2012. Estos resultados permiten observar el éxito de las políticas de planeación familiar (y control de la natalidad) emprendidas por el estado mexicano. Sin embargo, de toda la gama de métodos disponibles, son tres los que concentran al 76.2% de los usuarios: condón, dispositivo intrauterino y oclusión tubaria bilateral.
Con base en la historia de anticonceptivos en México, la hipótesis principal es que, al alcanzar los objetivos planeados en 1970, se relajó la política de planificación familiar; se limitó la oferta de métodos anticonceptivos por parte de los servicios públicos de salud, a pesar de tener una gama muy amplia; se perdió el acompañamiento y consejería por parte de los profesionales de la salud para orientar a las mujeres sobre el método a utilizar para alcanzar su objetivo, con ello ejercer plenamente su derecho.
Con base en la perspectiva de derechos esta investigación pretende, a través de un modelo multivariado, determinar los factores demográficos, sociales y económicos asociados al uso de métodos anticonceptivos con relación al objetivo, y al lugar de provisión; y de esa manera hacer observaciones que permitan a los tomadores de decisiones tener elementos que permitan el mejorar la política pública que garantice el cumplimiento de derechos de salud reproductiva de los usuarios. De esa manera hacer visibles las desigualdades de género, etarias, regionales, por estrato socioeconómico y condición de unión; y la fuerte carga que se da de esta responsabilidad a las mujeres, y la discordancia del ejercicio de derechos con la realidad normativa del país.
