El Estado mexicano emprendió a lo largo de los últimos cien años un conjunto de reformas que implicaron el reconocimiento constitucional de los derechos sociales y la gradual ampliación en el acceso de la población a los bienes y servicios asociados a esos derechos. Sin embargo, como podemos constatar en los diagnósticos sociales, estos esfuerzos han sido insuficientes para cumplir con los compromisos de universalidad que se derivan de los derechos a la educación, la salud, la seguridad social, a la alimentación y a una vivienda digna. Los rezagos y carencias que hoy día padece gran parte de la población en la protección de estos derechos, es prueba contundente de la debilidad de nuestro sistema de bienestar.
En nuestra perspectiva, el actual atraso de las políticas sociales se debe en gran parte a los negativos efectos que han venido provocando las medidas de liberalización aplicadas a partir de la década de los ochenta del siglo XX. Si bien es cierto durante la etapa previa, particularmente entre 1940 y 1982, la política social estuvo estructuralmente subordinada al proyecto de industrialización y tuvo entre sus beneficiarios centrales a los obreros, empleados públicos y de servicios, también se podía vislumbrar en la construcción del régimen de bienestar un proceso de inclusión gradual y, al menos formalmente, con aspiraciones universalistas. Estas peculiaridades, que de acuerdo con Duhau (1997) predominaron en Latinoamérica hasta los años setenta, han llevado a ubicar a este modelo de bienestar como una forma de universalismo fragmentado (Duhau, 1995) o estratificado (Gordon, 1999), o como un Estado de bienestar rezagado u ocupacional (Ordóñez, 2017) o de seguridad social limitada (Malloy, 1986).
Como argumentaremos, tras la crisis económica de 1982 se pone en marcha una estrategia sistemática para redefinir la intervención del Estado en el desarrollo social, lo que ha ocasionado el retiro o el estancamiento de la participación pública en diversas áreas del bienestar. Las reformas liberales aplicadas en las últimas cuatro décadas no han producido otra cosa que ampliar las barreras de exclusión heredadas; su principal oferta de cambio se ha centrado en la instrumentación de medidas compensatorias cada vez más focalizadas. El endurecimiento de las instituciones sociales de primer nivel, especialmente de la seguridad social, ha propiciado el mantenimiento de condiciones que perpetúan la segmentación social e impiden a mucha gente el ejercicio pleno de los derechos sociales asociados a la calidad ciudadana. En opinión de Barba (2004), este proceso de reforma ha tendido a residualizar el régimen de bienestar.
En este contexto, en este trabajo nos proponemos precisar cuál ha sido la posición de los tres últimos gobiernos federales surgidos de dos procesos de alternancia política, respecto de las reformas sociales introducidas por las tres administraciones que los precedieron; particularmente nos interesa valorar de qué manera se ha traducido la oferta de cambio que prometían las alternancias, destacando aquellos elementos que nos permitan identificar continuidades, modificaciones o retrocesos en el manejo de la política social. Para aproximarnos a estos objetivos de investigación, en primer lugar habremos de presentar una recapitulación del contexto económico y social, y de las principales reformas implementadas entre 1982 y 2000 a las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación y combate a la pobreza. En la segunda parte del documento se hará una reconstrucción de la oferta programática desarrollada primeramente por los gobiernos panistas de Fox y Calderón, enseguida por el gobierno priista de Peña Nieto, a fin de confrontar sus estrategias respecto de las políticas y programas heredados. Al final buscaremos definir en qué aspectos se diferencian estos gobiernos y cuál es el rumbo que está tomando el régimen de bienestar mexicano.
Referencias bibliográficas:
Barba, Carlos (2004), Régimen de bienestar y reforma social en México, México: CEPAL: Serie Políticas Sociales.
Duhau, Emilio (1995), “Estado benefactor, política social y pobreza”, en Sociológica, núm. 29, México: UAM.
Duhau, Emilio (1997), “Pobreza, ciudadanía y política social en América Latina”, en Ciudades, Vol. 36, México: RNIU.
Gordon, Sara (1999), “Del universalismo estratificado a los programas focalizados. Una aproximación a la política social en México”, en Schteingart, Martha [coord.], Políticas sociales para los pobres en América Latina, México: Miguel Ángel Porrúa/GURI.
Malloy, James (1986), “Statecraft, política y crisis de la seguridad social. Una comparación de la América Latina y los Estados Unidos”, en Mesa-Lago, Carmelo [coord.], La crisis de la seguridad social y la atención a la salud. Experiencias y lecciones latinoamericanas, México: FCE.
Ordóñez, Gerardo (2017), El Estado social en México. Un siglo de reformas hacia un sistema de bienestar excluyente, México: Siglo XXI / COLEF.