La siguiente ponencia se inscribe en el campo de estudio sobre violencias y políticas de seguridad ciudadana. Presenta un caso de estudio subnacional, la Provincia de Córdoba (Argentina), y reúne los esfuerzos de investigación en el marco del proyecto de beca doctoral titulado: Las políticas de seguridad de la Provincia de Córdoba: problematización de la (in)seguridad, racionalidad política gubernamental y modos de policiamiento (2011-2017).
Las Ciencias Sociales y el pensamiento crítico latinoamericano y argentino, han desarrollado el debate sobre la temática en torno al término (in)seguridad, reflejando una imbricación constitutiva entre el par seguridad/inseguridad, lo que implica la imposibilidad de un desanclaje absoluto entre estos significantes (Galvani et. al., 2010). El campo académico, se ha preocupado por una amplitud de temas, pero predominan los estudios sobre el uso de la fuerza y la violencia policial en función de las múltiples denuncias de organismos de derechos humanos sobre casos de gatillo fácil y afectación de libertades individuales, abusos de autoridad, entre otros (Sozzo, 2002; Frederic, 2008). Por otra parte, han recibido especial atención las reformas policiales y penales (Estévez, 2000; Font, 2007; Saín, 2002 y 2008), como la investigación sobre las estrategias de prevención del delito, en el marco de un corrimiento del enfoque de seguridad pública a la seguridad ciudadana (Sozzo, 1999 y 2008; Saín 2002 y 2008; Dammert, 2009; Selmini, 2009). En Córdoba, los antecedentes académicos, describen un doble proceso, de (re) militarización policial y de policialización de la política de seguridad. El primer proceso, que señala la (re) militarización, aparece como resultado de disputas intra-burocráticas que se resolvieron favorablemente hacia los sectores policiales militarizados (Hathazy, 2013). A su vez esto implicó en Córdoba, un tránsito desde un incipiente paradigma de Seguridad Ciudadana que los gobiernos radicales a mediados de los años 90 promovieron en la provincia, hacia un paradigma de Seguridad Pública anclado en la institución policial, durante los gobiernos peronistas sucedidos desde 1998 (Hathazy, 2014). El segundo proceso, que explica la policialización de las políticas de seguridad, muestra cómo de un intento de reforma de la política de seguridad en el año 2003 y sucesivas contrarreformas posteriores, derivó en una modernización conservadora de la institución policial, profundizando el modelo tradicional policial, cuyo hito sería la llegada de un Jefe de Policía al cargo máximo del Ministerio de Seguridad en el año 2011 (Carbajo, 2015; Plaza Schaefer y Morales 2013).
Teniendo como base estos antecedentes, este trabajo parte de la crisis del sistema de seguridad cordobés, a raíz del caso denominado “narcoescándalo” y del auto-acuartelamiento policial sucedidos entre Septiembre y Diciembre del año 2013. Ambos sucesos marcaron una profunda crisis de la política de seguridad de la alianza gobernante Unión por Córdoba. Los cuestionamientos atravesaron tanto al gobierno de la seguridad, con renuncias de ministros y secretarios de gestión, como a la institución policial que cambió sus cúpulas con frecuencia. A su vez, las jornadas violentas del 3 y 4 de Diciembre de 2013 evidenciaron un estado de fragmentación y descomposición social alarmantes.
A partir de esta problematización, la ponencia tiene como objetivos: analizar las respuestas del gobierno provincial para superar esa crisis. Además, describir la reestructuración de la política de seguridad y la institución policial entre el año 2014-2015. Y por último, plantear los recientes debates que se ciernen en Córdoba, desde finales del año 2015, al asumir una nueva gestión de Unión por Córdoba con medidas y reformas adoptadas tanto a nivel legislativo como en la gestión de la seguridad. En este sentido, se presentan algunos indicadores como el cambio del Código de Faltas de la Provincia, por un Código de Convivencia Ciudadana, la creación de la Policía Barrial (policía de proximidad) en el marco de un Plan de Prevención del delito y la modificación de la Ley de Seguridad Pública N° 9235. Dichas novedades, abren interrogantes pertinentes sobre la posibilidad del cambio institucional, las continuidades y rupturas en materia de seguridad ciudadana, y los procesos de reformas policiales. Al respecto, se propone un posible camino de investigación para el análisis e interpretación de estos problemas.