La Argentina cuenta con una larga historia vinculada a las demandas de justicia movilizadas por familiares que exigen justicia por sus parientes. Si bien la periodización consagrada señala como el momento fundacional el surgimiento a fines de los 70 de las Madres de plaza de mayo -una de las más importantes organizaciones de DDHH- lo cierto es que varias décadas antes pueden rastrearse diversas modalidades de organización y protesta impulsadas por familiares.
Durante los años ‘80, las demandas contra el terrorismo de Estado impulsadas por los organismos de derechos humanos que nucleaban a ex detenidos y familiares de desaparecidos, tuvieron un papel protagónico en el escenario público. En la década de los ‘90, sin dejar de estar presente la movilización contra los crímenes de lesa humanidad, se fue configurando un movimiento anti impunidad centrado en los reclamos de justicia contra la violencia institucional y otras demandas cívicas. Dicho proceso fue convergiendo hacia la mitad de esa década en la configuración de un campo de protestas sociales más amplio que incluyó a diversos movimientos sociales y organizaciones de desocupados que surgieron al calor del neoliberalismo imperante. A ese campo se sumaron hacia los 2000 las víctimas de delitos urbanos, como importantes actores sociales que corporizaron los reclamos contra la llamada “inseguridad”, además de aquellas que portaban reclamos con relación a la cuestión de los accidentes de tránsito y de diversas tragedias (inundaciones, atentados terroristas, entre otras). De modo tal que a lo largo de las últimas décadas, personas que se presentan como familiares de víctimas o directamente como víctimas y que fundamentan sus padecimientos en situaciones muy diversas, han cobrado gran relevancia en la escena pública.
Si bien los estudios sobre el tema suelen enfatizar los aspectos organizativos, las trayectorias y las estrategias de estos activismos de cara a la denuncia, lo cierto es que estas formas de demanda, no sólo están en situación contenciosa y de confrontación frente al Estado al que le reclaman justicia. También se relacionan con el Estado a través de los vínculos que establecen con los operadores y agentes que se desempeñan en el marco de dispositivos orientados a gestionar la situación crítica por la que han atravesado. Frente a la rígida oposición entre Estado y movimientos, cabe indagar en las zonas porosas, en las fronteras y en los modos de circulación de las víctimas por los dispositivos estatales a través de los cuales ellas son consagradas oficialmente como tales.
En el presente trabajo nos proponemos abordar comparativamente las relaciones que tramaron los familiares de víctimas y los sobrevivientes con determinados dispositivos puestos en juego en dos “tragedias” diferentes. Por un lado se trata del incendio del local Cromañón ocurrido en 2004 en Buenos Aires en el que murieron 194 jóvenes y hubo miles de sobrevivientes. Por otro, el caso de la explosión y derrumbe por una fuga de gas, del edificio ubicado en la calle Salta de la ciudad de Rosario en el que fallecieron 22 personas y cientos quedaron sin hogar, ocurrido en 2013. A través del análisis de los dispositivos destinados a “gobernar los desastres”, nos proponemos aportar al entendimiento acerca de los modos en que las personas devienen “víctimas” al relacionarse con los mismos.
En los dos casos propuestos las víctimas, familiares, sobrevivientes, se organizaron y movilizaron para demandar justicia. Como señalamos arriba esta es una tradición con larga data en nuestro país. Sin embargo las consignas, los modos de organización y las trayectorias de estos colectivos no siempre fueron coincidentes con las movilizadas por otros actores políticos y víctimas reclamantes, hecho que les dio su particularidad. En el caso del Estado también las respuestas mostraron continuidades y diferencias. Operando en relación con dispositivos preexistentes, las víctimas realizaron presentaciones penales y demandas civiles buscando justicia y reparación por las vías ya establecidas. Pero también se crearon dispositivos que atendieron a la especificidad de esos casos. Así por ejemplo, se sancionaron leyes de reparación integral, subsidios, se realizaron conmemoraciones, se crearon esquemas de atención médica y mental específicas, etc. En algunos casos las víctimas y sus familiares pasaron a formar parte del Estado como legisladores, como funcionarios, o como especialistas de esos dispositivos.
En investigaciones previas sobre ambos casos, hemos analizado las formas de involucramiento entre los colectivos de familiares de víctimas y las instancias estatales encargadas de dar algún tipo de respuesta a lo acontecido. En ese sentido, en el presente trabajo nos planteamos explorar a través de la consideración de los dos casos, el tipo y la naturaleza de la relación que se establece entre los dispositivos y las personas que entran en contacto con ellos:
1) Por un lado, indagaremos en términos generales en las relaciones que las víctimas establecieron con ciertos dispositivos tales como normativa, protocolos de atención, tecnologías y organismos e instituciones orientados a gestionar ambas situaciones críticas.
2) En segundo término, nos interesan especialmente los dispositivos destinados a la reparación económica. Se trata de subsidios, demandas civiles, fondos compensatorios, ayudas económicas, etc.
Nuestra indagación de esos objetos, estará articulada en torno a dos dimensiones comparativas.
A) La primera de ellas es común a ambos objetos de indagación y se relaciona con el modo en que son nombradas y puestas en juego las categorías centrales a cada caso relativas al hecho (masacre/tragedia/incendio/explosión) así como a la definición social sus protagonistas (víctimas, damnificados, consumidores afectados, familiares, etc).
B) La segunda dimensión de comparación es más específica y se limita la reparación económica: refiere a cómo juegan aquellas categorías en relación con la valuación de los daños sufridos a causa de los desastres que estudiamos.
A través del análisis de esos dispositivos de gobierno, pretendemos comprender los procesos sociales a través de los que se instituyen diferentes tipo de víctimas y sufrimientos: familiares / muertos/ víctimas directas e indirectas /daño físico o material o emocional / sobrevivientes / damnificados / afectados. Particularmente, en el caso de la reparación económica, se cristalizan las diferencias entre víctimas ya que se trazan diferencias entre tipos de daños y padecimientos que son cuantificados. Por otra parte, surgen una serie de controversias en torno a estos dispositivos que ponen en tensión aquello que Zelizer ha llamado “mundos hostiles”, al pretender “poner precio a lo que no tiene precio”. En este caso, estudiaremos cómo están organizadas las modalidades de reparación económica, cuáles son los principales argumentos que relacionan el daño con la cuantificación económica, cómo se experimenta la relación entre reparación monetaria y justicia, cuantificación del daño sufrido y reparación por la pérdida, etc.
A través de la delimitación de estas dos dimensiones de comparación, pretendemos contribuir a echar luz acerca de los procesos de producción social de las víctimas, que según creemos, deben considerar tanto sus posiciones contenciosas y sus narraciones de sufrimiento así como también la acción de otros agentes y dispositivos que contribuyen a producirlas como víctimas de un daño que podía ser evitado y que debe ser reparado. El fin último de este ejercicio de comparación es desnaturalizar los supuestos que guían nuestras indagaciones sobre el tema y volver así a problematizar el proceso por el cual los familiares de personas muertas y los sobrevivientes de determinadas circunstancias se constituyen como “víctimas”.
Contamos en el medio local con numerosas investigaciones sobre las víctimas del terrorismo de Estado y sobre sus modalidades de organización para la defensa de los DDHH. Sin embargo, no abundan los trabajos ocupados en indagar en las experiencias de “otras” víctimas que no han alcanzado el mismo protagonismo público, o no han logrado institucionalizar sus demandas, o –y esto debe ponderarse- no cuentan con la simpatía de los investigadores dedicados a las ciencias sociales por promover modos punitivistas, contrarios a los derechos humanos, etc.
En base a investigaciones previas en las que venimos trabajando desde hace algunos años, creemos que como adelanto provisorio de las especulaciones finales puede sugerirse que el gobierno de los desastres a través de dispositivos, permite entender los modos en que el Estado participa de manera simultánea en la restauración de un orden previo y en el proceso de producción social de las víctimas. Ello también permite poner en cuestión la idea de sentido común según la cual los procesos de asociación y de “aparición” de víctimas surgen de modo natural luego de un evento crítico, ya que ello sólo es posible a partir de la relación que las victimas establecen entre sí y con esos dispositivos. En esta línea de reflexión, Estado y sociedad civil no aparecen como polos radicalmente opuestos sino como instancias interdependientes que participan al mismo tiempo, aunque con evidentes diferencias en la naturaleza de sus intervenciones, en la producción social de las víctimas.
