La transición hacia la democracia en América Latina realizó progresos importantes a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de que se ha garantizado el derecho universal al voto y la realización de elecciones, en la región subsisten riesgos de retrocesos autoritarios. Es decir que dichos elementos no han sido suficientes para garantizarla. Los acontecimientos que se sucedieron en Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010 ilustran las fragilidades políticas y sociales internas que podrían materializarse de manera repentina en un quiebre institucional, puesto que en ambos casos estuvo en riesgo la estabilidad de gobiernos electos constitucionalmente. En el caso de Bolivia, la crisis se produjo como consecuencia del enfrentamiento entre el gobierno nacional, liderado por el Presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, y por el otro, los prefectos de los departamentos opositores de la región conocida como la “Media Luna”, quienes impulsaban la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban la formación de una Asamblea para la reforma de la Constitución. Esta crisis política tuvo graves consecuencias como el enfrentamiento armado de la población que resultó en la “Masacre de Pando”. Ya en Ecuador la crisis política venía arrastrándose desde el triunfo popular de la Revolución Ciudadana encabezada por Rafael Correa, que tenía como una de sus principales banderas la propuesta de redacción de una nueva Carta Magna. Correa llegó al poder en 2006, en esos años Ecuador atravesaba una inestabilidad política y económica crónica, en nueve años el país había tenido siete presidentes distintos. Revolución Ciudadana es el nombre que el presidente le atribuyó a las políticas sociales promovidas en su primer gobierno. En Ecuador al igual que en Bolivia estuvo la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado. Así, con diferencia de dos años, dos naciones sudamericanas que emprendían profundas transformaciones del status quo en favor de la inclusión de sectores sociales históricamente postergados veían sus instituciones democráticas puestas en jaque por movimientos opositores. Frente a este panorama, la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR) asumió un rol mediador y pacificador a fin de preservar la estabilidad de las instituciones democráticas y garantizar que se cumpla el mandato popular que llevó a la elección de dichos representantes. En ambos casos, los Jefes y Jefas de Estado de los países que integran UNASUR convocaron inmediatamente reuniones extraordinarias del bloque para expresar sus posiciones ante los sucesos y al mismo tiempo planificar y coordinar las acciones que posteriormente serían adoptadas de cara a restablecer la legalidad democrática. La UNASUR busca la defensa de la democracia mediante dos vías: la primera es ofrecer su mediación o buenos oficios frente a episodios de amenaza o quiebre institucional y la segunda, en caso de no resolverse de manera positiva la situación de crisis, están previstas sanciones de carácter económico y político. Teniendo en cuenta que existía otra organización regional con un aceitado mecanismo de defensa de la democracia – la OEA mediante su Carta Interamericana – surge el siguiente interrogante: ¿cuál es la relación que existe entre el tipo de crisis políticas ocurridas en Bolivia y Ecuador y las características de la UNASUR como institución regional de cooperación y diálogo político? En base a esta pregunta, nuestro interés es entender el papel de la defensa de la democracia en América del Sur, con particular énfasis en la capacidad mediadora demostrada por la UNASUR en relación a las crisis de Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010. En los últimos años, dichos países llevaron a cabo transformaciones políticas y sociales profundas que modificaron las bases del Estado mediante procesos de reformas constitucionales dirigidas por gobiernos nacionales y populares. Nuevas visiones de desarrollo, como el vivir bien (o buen vivir) y la Madre Tierra (o Pachamama), están contenidos en las nuevas constituciones de Bolivia (2009) y Ecuador (2008). Estos conceptos son entendidos como expresión de una crítica profunda a las nociones tradicionales de progreso, desarrollo y bienestar en estos dos países. Las profundas reformas que fueron llevadas a cabo en ambos países también generaron tensiones sociales y políticas que tuvieron consecuencias graves en ambas naciones. La convocatoria a una Asamblea Constituyente para refundar la república era uno de los compromisos centrales de la campaña política de Evo Morales en Bolivia. Instalada en agosto de 2006, la Asamblea enfrentó serios contra tiempos y trabajó en medio de un intenso conflicto entre las principales fuerzas políticas y sectores económicos en ellas representadas. En otras palabras, la constituyente fue el principal escenario de enfrentamientos, entre el bloque indígena y popular que la respaldaba y la oposición burguesa y agro exportadora (FUSER, 2016). Ambos proyectos políticos, el Movimiento al Socialismo en Bolivia y Alianza País en Ecuador, tuvieron graves problemas en el equilibrio entre las demandas de tipo económico-redistributivo de carácter universales y las demandas de reconocimiento, vinculadas con las identidad y las “minorías” étnicas, de carácter particular (FUSER, 2016). Estas tensiones resultaron como veremos a lo largo de nuestro trabajo en conflictos políticos y sociales que amenazaron el orden democrático conquistado a lo largo de los últimos años. El primer caso que analizaremos en este trabajo es el de Bolivia. En este país el conflicto se desarrolló entre los meses de agosto y septiembre de 2008, como consecuencia de una medida de protesta dirigida por los prefectos de las cuatro provincias más ricas en yacimientos gasíferos de Bolivia. En su punto más agudo se llegó a temer por la posibilidad de fragmentación del territorio nacional e implicó la posibilidad de derivar en una guerra civil con amplias repercusiones regionales.El segundo caso de estudio es el de Ecuador. La mañana del 30 de setiembre de 2010 comenzó con una protesta encabezada por la Policía Nacional en contra de la Ley del Servicio Público, que luego incluyó una huelga policial, la toma del aeropuerto de Quito y del edificio de la Asamblea, hasta el secuestro del Presidente Rafael Correa en el Hospital de la Policía Nacional. Como consecuencia de ese episodio durante el transcurso de ese día se contabilizaron un total de diez víctimas fatales.
La democracia es de vital importancia para el proceso de integración regional y viceversa, ya que no sólo la redemocratización dio impulso a la integración, sino que la integración, en sus múltiples dimensiones, fue concebida para contribuir al fortalecimiento de las democracias reinstauradas (BIZOZZERO, 2012). Desde que los procesos en la década de los 90 se fueron institucionalizando, fueron surgiendo las cláusulas democráticas para los países en condición de miembro de cada organización. Por ejemplo, en el ámbito del MERCOSUR a través del Protocolo de Ushuaia (1998) a, y en la OEA mediante la Cláusula Interamericana (2001). En función de lo presentado hasta aquí, el presente trabajo tiene como objetivo estudiar el papel que tuvo la UNASUR en la mediación de crisis políticas ocurridas en países que comparten una particularidad. En otras palabras, buscamos comprender cuál es la relación entre la intervención de la UNASUR y el tipo de crisis que logró solucionar a través de su mediación, así como de las características de los Estados que sufrieron dichas crisis.