La ponencia describe los primeros avances de un estudio que busca comparar las organizaciones económicas gestionadas por sus propietarios y trabajadores, según la conformación de su comunidad efectiva, cuando ya participan en un emprendimiento asociativo de trabajo auto gestionado en la región metropolitana de Santiago de Chile. A través de este ejercicio buscamos responder la siguiente pregunta, ¿qué dimensiones de la comunidad efectiva son significativas para comprender su trayectoria en un sistema ecológico?
La cooperativa de editores La Furia, conformada por 41 organizaciones económicas, es relevante como una obra colectiva que expande la economía mediante otras formas de intercambio y de producción de bienes y servicios, más aun si consideramos que Chile aplica un impuesto a la industrial del libro, el cual fue inaugurado por la dictadura cívico-militar y luego mantenido hasta la fecha por los gobiernos elegidos democráticamente. Es indudable que este impuesto es un mecanismo inherente a un mercado que produce precios y que coopera con la estructura oligopólica del modelo neoliberal chileno. También ese impuesto indica que el Estado busca mermar y desalentar la producción de libros y revistas, y que las políticas públicas menoscaban o no alienta las posibilidades para el intercambio de las ideas. En ese escenario, la cooperativa de editores La Furia, nos ayuda a observar las variables que participan en la autogestión de la organización económica, hace posible conocer cómo los integrantes transforman su subjetividad y facilita reconocer los procesos que han seguido las organizaciones para transitar desde ser actores económicos a actores políticos, mediante lo cual podemos evaluar sus capacidades de gestión de recursos para enfrentar el discurso de otros actores políticos que ocupan posiciones dominantes.
A nivel teórico, nos interesa caracterizar las trayectorias de las organizaciones económicas, poniendo énfasis en las cualidades de la comunidad efectiva para así observar los deslindes que hay entre la “cohesión social efectiva” (Granovetter, 1973) y la “integración sociotécnica” (García, 2004). Específicamente cuando la autogestión pretende distribuir el poder mediante la democracia directa en la toma de decisiones (Alburquerque, 2004), y toda vez que la obra colectiva se sostiene en las “exigencias del sentimiento de deber” del compañerismo, la fraternidad y la cooperación (Tönnies, 1942).
1.1 El área de estudio: Economía Social y Economía Solidaria
Las organizaciones que nos proponemos estudiar se las ubica dentro de la economía social y la economía solidaria. La primera categoría ha sido el centro de un área de estudio que tomó fuerza desde mediados del siglo pasado en Europa, y a través de ella se reconoce que hay una manera sesgada de estudiar la economía, donde se prescinde del marco institucional que las ha creado y se asume la “autonomización de la esfera económica” gracias a que se pone al centro la existencia de un “mercado auto-regulado […], esto es como mecanismo que relaciona la oferta y la demanda mediante los precios”. Estas críticas permitieron retomar los aportes de Polanyi y Mauss, porque ambos han demostrado que hay una “pluralidad de principios económicos […] y de formas de propiedad” que ayudan a entender que la economía es un “conjunto complejo” (Laville, 2009:94) de modos de circulación de bienes y servicios, entre ellos: mercados que fija precios, prácticas de redistribución y relaciones de reciprocidad (Godelier, 1976).
Desde esta perspectiva, habitualmente llamada “institucionalismo” o “sustantivismo” (Bird-David, 2004:106), se aprecia que las economías de mercado de los países avanzados no se basan exclusivamente en el modelo de negocio "con fines de lucro", sino que en una diversidad de modalidades de propiedad y de organizaciones, las cuales no corresponden a “formes d’économie clandestine ou criminelle” (Caillé, 2003), y que son “refuerzos de los vínculos sociales” que reintegran la economía en la sociabilidad porque “se establecen nuevas relaciones entre las personas que comparten obligaciones […] (y) los problemas planteados se resuelven no en la esfera privada sino que en la esfera púbica” (Perret y Roustang, 2000:270).
Según Huybrechts (2016), la economía social tiene dos momentos. El primero se inicia desde la mitad del siglo XIX, formado por la libre asociación y las cooperativas; y el segundo momento de “nueva economía social”, arranca a mediados de la década del ochenta del siglo pasado y se articula entre empresas sin fines de lucro, cooperativas, empresas sociales de integración laboral, servicios de proximidad; productores de alimentos orgánicos y organizaciones que participan en cadenas cortas de suministro, finanzas sociales, comercio justo y energías renovables.
Por su parte, la economía solidaria emerge en Latinoamérica en un escenario donde hay transformaciones en el mercado de trabajo (Weller, 2000) y se aprecian las secuelas de la pobreza y el hambre. Según Coraggio (2013), al considerar los sistemas jurídicos y políticos-administrativos de la economía solidaria y social, se observa que en Venezuela (desde 1998), Argentina (desde 2003) y en Ecuador (desde 2006), emergen con la movilización de las personas y los recursos desde el Estado.
En Brasil, desde 2003, los sistemas jurídicos y políticos-administrativos surgen en el Foro Brasileño de Economía Solidaria (FBES), que logró incidir en los ministerios de Desarrollo Agrario, Educación, Desarrollo Social y Combate al Hambre, Trabajo y Empleo, gracias a lo cual se promovió la participación intersectorial en la Conferencia de Economía Solidaria; mientras que la Central Única de Trabajadores convocó a las universidades nacionales para que asumieran la formación de incubadoras. En Bolivia, las reivindicaciones de los pueblos originarios (desde la “guerra” del Agua de 2000), promueven un sistema jurídico y político-administrativo que reconoce economías: comunitarias, estatales, privadas y social cooperativa.
Según Díaz, en Argentina, Brasil, Bolivia y México, habría una tendencia “desde abajo” gracias a un sector tradicional de cooperativas y mutuales, incluyendo las formas ancestrales de los ejidos y las comunidades indígenas de México y Bolivia. Y un sector de organizaciones de desocupados y empresas recuperadas por sus trabajadores (Argentina y Brasil), clubes de trueque, nuevas organizaciones campesina e indígena, junto a las empresas sociales y el comercio justo (Díaz, 2011:305-316).
A continuación podemos sostener que son porosas las demarcaciones teóricas entre la economía social y la economía solidaria. Más aun cuando en Latinoamérica se incorporan otras nociones como, por ejemplo: economía popular y Buen Vivir, también polisémicas y en construcción (Quijano, 2012; Acosta, 2015). Pero todas ellas empalman porque, por un lado, conciben su objeto de estudio como un proceso plural de coexistencias de economías de Estado, empresas capitalistas y solidarias (Caillé, 2003:9,11); y, por otro lado, estudian casos históricos desde tres variables, a saber: cooperación, autonomía y gestión democrática.
Estos ejercicios han tenido dos consecuencias. La primea, han promovido una revisión sobre las transformaciones de los paradigmas “euro-estadounidenses de desarrollo” (González, 2014:131) y del comportamiento del capital, especialmente su paso desde una fase de proletarización para lograr rentabilidad, hacia la actual, donde la rentabilidad es obtenida por la especulación financiera, privatizando las empresas del Estado y desregularizando el trabajo asalariado (Espinosa, 1998). Desde ahí se ha entendido la situación de marginalidad de los que experimentan la cesantía estructural, como de los hombres y las mujeres que no lograron acceder a la educación técnica y profesional porque habitan otras economías, entre ellas: la comunitaria indígena, campesina familiar (Altisent, 2015:80) o la pesca artesanal.
La segunda consecuencia, se produjo un tránsito desde el trabajo entendido sólo como la búsqueda individual de salario, hacia una concepción donde el trabajo es un proceso de transformación de las condiciones de la comunidad en la cual está la organización económica. Por lo cual, el trabajo no se reduciría a un individuo calificado técnicamente, además habría que considerar su papel mediador entre la formación en la cultura de trabajo y la coordinación de las capacidades colectivas de la comunidad de trabajo. Así, por ejemplo, se estudia el “fondo de trabajo” de las unidades domésticas (Coraggio, 1998:74; Loritz, 2016:107) y se aborda la “pluriactividad” en el medio social rural (Díaz, 2015:124).
En resumen. Las nociones de economía social y economía solidaria han introducido en la experiencia científica otros arreglos institucionales (Caillé, 2003:19; Gasca, 2014:149). En particular nos referimos a su articulación intersectorial en la concurrencia de los programas del sector público, servicios de las organizaciones no gubernamentales y las empresas capitalistas, que dibujan el contexto donde sucede la vida cotidiana de las personas que autogestionan su organización económica.