En Ecuador y Bolivia, como en el resto de la región y el continente, a finales del siglo XX “emergieron” importantes y poderosos movimiento indígenas campesinos que transformaron el escenario político. Al igual que en las reformas agrarias de los 50 y 70, se convirtieron en el actor político central de la ruptura con el viejo régimen y el motor de la “modernización” del campo; en este caso en los actores de la crisis del neoliberalismo y un nuevo proceso de democratización de la sociedad.
A principios del siglo XXI, en medio de la crisis política y las crisis sistémicas con las que el capitalismo amenaza (ecológica, económica, militar, cultural), la propuesta de los movimientos indígenas campesinos prometía ir más lejos: fueron actores centrales del impulso de gobiernos “progresistas” y sobre todo institucionalizaron en las constituciones de sus países una agenda “indígena campesina” que renovó los horizontes de cambio para la sociedad y la misma izquierda. Las propuestas como el Estado Plurinacional, soberanía alimentaria, economía comunitaria, democracia participativa, justicia plural, derechos de la naturaleza, etc., abrieron un campo de debate que tenia, además, el respaldo de la experiencia y experimentación social –la economía y democracia comunitaria no era un discurso a inventar, la soberanía alimentaria había nacido en la resistencia al modelo de expansión agroindustrial en el campo, etc.–.
Las expectativas creadas fueron enormes, sobre todo porque el auge de movilización social se cierra con la “ocupación” de los estados a través de movimientos políticos o partidos que se articularon en torno a las demandas que habían sido labradas en las calles por los movimientos indígenas campesinas por algo más de una década. En el caso de Bolivia, el mismo presidente es un aymara, representante directo del movimiento cocalero –un dirigente indígena campesino, aunque hoy pueda negar su afiliación al movimiento indígena–.
La institucionalización y aplicación de la propuesta indígena campesina presente en los programas de gobierno, en las constituciones y la aplicación de la política pública tuvo sus propias condiciones y ritmos. Tanto en Ecuador como en Bolivia los gobiernos pueden mostrar avances importantes resultado de la recuperación del estado y las inversiones sociales, pero en el tiempo, sus políticas se alinearon con los intereses de las élites nacionales y la dinámica de acumulación capitalista.
El desarrollo del proceso que había generado enormes expectativas hizo un giró conservador. En oposición de los avances constitucionales e iniciales promesas, a pesar de la oposición en las calles de los propios indígenas y campesinos, sus políticas han logrado actualizar la dinámica de acumulación capitalista y hoy resultan claramente anticampesinas: se alinearon con una estrategia extractivista para el desarrollo nacional, no hay avances mayores en la eliminación del latifundio y la privatización de recursos productivos, han dejado intactas la capacidad de control y de veto de las elites terratenientes sobre el mercado, fortalecieron el proceso de subordinación de la agricultura familiar campesina al modelo agro industrial, levantaron una estrategia de contención sobre los actores más críticos, actualizaron el régimen de control y de dominación.
Los efectos del proceso son discutibles, pero no dejan de ser contradictorios, el momento nos muestra que las propias organizaciones populares se han transformado en el proceso y su acción política. Además de la fracturas y divisiones internas que se han hecho cada ves más visibles; hoy, no solo, no logran seducir a la población y empujar el sentido de sus proyectos, sino que, “participan activamente” del momento conservador.
El balance para la organización y movilización social no es el mejor. El proceso fragmentó las organizaciones entre las “gobiernistas” y las que entraron en “oposición”. Muchas de las organizaciones defienden las propuestas de los gobiernos, otras se fracturaron o desaparecieron, en el mejor de los casos pasaron de ser un alternativa política a hacer del asedio a los gobiernos la política de las organizaciones.
Lo mas obvio es que en estas pocas décadas los movimientos indígenas y campesinos han cambiado. Han desarrollado un ciclo completo de emergencia, auge, institucionalización y crisis. Pero también es cierto que mantienen un capital político y capacidad de movilización que los sitúa en el centro de las disputas que el modelo de acumulación impulsa. El trabajo intenta hacer un balance de época en el esfuerzo de construir hipótesis que nos permitan explicar este transito político de las organizaciones indígenas campesinas .