La ley migratoria vigente en Chile rige desde la década del ’70, cuando en plena dictadura militar se reforma la legislación sobre la base de una perspectiva basada en la “seguridad nacional”. Esa base legislativa es la que determina hasta hoy la vida de quienes buscan en Chile mejores expectativas de vida, migrando desde países principalmente latinoamericanos. La legislación, por tanto, supone una “defensa” hacia el “otro” y se ha ido interpretando en función de que el “otro” debe ser un aporte en términos de productividad económica, sujeto a cuotas de sectores productivos, pero nada más. En ese contexto surge el Movimiento de Acción Migrante (MAM), a comienzos de 2014, y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en 2016. El MAM agrupa a organizaciones sociales de diferentes países, como Haití, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, formando parte de la Mesa Temática de Migración del Senado de Chile y donde “se trabaja entregando información y colaborando para promover la igualdad de las personas en movilidad y mejorar su inclusión social”. El propósito de este movimiento es incidir en la redacción de una nueva legislación, acorde con los tratados internacionales que Chile ha firmado. La Coordinadora de Nacional de Inmigrantes también tiene como objetivo cambiar la ley migratoria y presionar por regularización migratoria. Asimismo, ambas organizaciones pertenecen a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes, creada en 2016 con el fin de constituirse como una voz que articula las demandas y discursos de las organizaciones que, a través de todo Chile, buscan incidir en transformaciones sociales desde el punto de vista migratorio. Siguiendo a Rico Lie (2002), observamos que “la idea del espacio de negociación no implica necesariamente que los elementos culturales se modifican y desarrollan como resultado de esta negociación. Pueden permanecer inalterables y estáticos durante largos periodos de tiempo. Pero, en algún momento, el espacio total se considerará pasado, antiguo y no propio de este tiempo”.
Esta ponencia da cuenta de una investigación que analiza las articulaciones discursivas de estas organizaciones y de cómo, “desde abajo”, han ido generando relatos mediatizados desde una perspectiva de los derechos humanos. Además, estas articulaciones discursivas han comenzado a girar, desde 2017, hacia un activismo que enfrenta el racismo y el clasismo que la migración latinoamericana reciente ha levantado en Chile, un país construido a partir de paradigmas racializados. En este punto, los aportes de Deleuze y Guattari son clave, considerando que fueron ellos los que acuñaron los conceptos de desterritorialización, pérdida del territorio y devenir minoritario, lo que permite a los inmigrantes y sus nodos de redes sociales crear una territorialidad subjetiva y objetiva que se sustenta en la comunicación transnacional y sus productos así como en la comunicación intercultural (en el país de llegada) y sus productos para crear un devenir social transcultural que busca instalar sus ethos en la convergencia de nuevas estructuras sociales. Coincidimos con Jesús Martín Barbero cuando advierte que: “Las redes se vuelven reales cuando son activadas, usadas para negociar o gestionar, para navegar o conversar (...). La singularidad del mundo que habitamos pasa por los espacios virtuales que, en otros tiempos, tejían los sueños y las representaciones, y ahora tejen también las redes de comunicación (...). Pues, el lugar significa nuestro anclaje primordial: la corporeidad de lo cotidiano y la materialidad de la acción, que son la base de la heterogeneidad humana y de la reciprocidad, forma primordial de la comunicación. Pues, aún atravesado por las redes de lo global, el lugar sigue hecho del tejido y la proxemia de los parentescos y vecindades” (Martín Barbero, 2004:262-267). Así, en esta ponencia se discute cómo los inmigrantes latinoamericanos y caribeños, especialmente, relevan organizadamente y desde las bases ese acento sobre la “cuestión social” que los atañe.