Esta ponencia es un avance del proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica denominado “Estudio de casos sobre la internacionalización neoliberal de la Universidad pública en Panamá, Nicaragua y Costa Rica: Subjetividad, conformidad y resistencia desde las Ciencias Sociales”, realizado en conjunto con Carmen Caamaño Morúa.
En esta ponencia nos enfocaremos en el caso de la Universidad de Costa Rica a partir del análisis de 18 entrevistas abiertas realizadas a autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales dicha Universidad, la cual comprende las Escuelas de Antropología, Ciencias de la Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, Geografía, Historia, Psicología, Sociología y Trabajo Social, y tres centros y dos institutos de investigación. También entrevistamos a autoridades encargadas de definir políticas y procedimientos para toda la universidad.
Las entrevistas enfocan tres categorías principales: internacionalización, mercantilización y precarización laboral; y tres secundarias: digitalización de los procesos académicos, evaluación docente y jerarquización del personal universitario. Tales ejes fueron obtenidos como resultado de un amplio análisis sobre las características de la universidad-empresa o universidad corporativa que se ha convertido en el modelo impulsado por organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, la OCDE, el CSUCA y diversas redes internacionales de universidades, entre otros.
En esta ponencia discutiremos sobre la subcategoría jerarquización del personal universitario a partir de las preguntas realizadas a las personas entrevistadas sobre las personas que ocupan la más alta y la más baja jerarquía en la Universidad de Costa Rica, si todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, la forma en que las personas se sienten frente a esas jerarquías, si existe oposición frente a este sistema y de parte de qué sectores.
Las entrevistas serán analizadas como narrativas desde la perspectiva de las autoridades quienes, a su vez, tienen una doble experiencia: como docentes y como personal docente-administrativo y, al mismo tiempo, como personas estudiosas de fenómenos sociales, con capacidad para el análisis de su entorno. Estas narrativas serán presentadas de manera general, sin identificar a las personas específicas que se ven reflejadas en ellas, de manera que podamos garantizar cierto grado de anonimato.
Las Instituciones de Enseñanza Superior están construidas bajo las bases de diferencias en jerarquía asociada al nivel académico de las personas que la conforman. La Universidad de Costa Rica (UCR) no es la excepción, desde diversas instancias formales e informales genera diferencias en las cualidades, calidades y cantidades del trabajo realizado, así como, en los derechos y deberes que sus empleados y empleadas poseen y la forma en que experimentan su quehacer diario. Algunas de estas son manifiestas directamente a través de los distintos reglamentos y estructuras legales de la institución, otras se han construido a través de prácticas sostenidas en el tiempo y otras son manifestaciones de un giro en el modelo de universidad que se construye y disputa entre el ideal de la Reforma de Córdoba y la Universidad Empresa. En conjunto, todas estructuran y guían la labor de la universidad. En las entrevistas realizadas identificamos diferentes “clases” de jerarquías: legales-administrativas, de contratación, disciplinarias, norte/sur y de investigación.
El primer y máximo elemento de jerarquización de la UCR, desde la categoría legal-administrativa, es el estatuto orgánico, reglamento principal de la institución. Según este instrumento, en el ápice de la pirámide organizacional de la universidad se encuentra un cuerpo colegiado llamado la asamblea plebiscitaria la cual, está conformada por todos los profesores y profesoras en plaza fija (propiedad) por al menos ¼ de tiempo (Artículo 12, Estatuto Orgánico, UCR, pp.2-3). Estos tienen a su función elegir y ejercer las diversas jefaturas académicas que se dan en la institución (Rectoría, Vicerrectorías, Decanaturas, Direcciones de Escuelas, Centros e Institutos de Investigación) a la par de sus labores de docencia, investigación y extensión.
Sin embargo, durante las entrevistas realizadas muchas de las personas que ostentan cargos de dirección en Ciencias Sociales, no identifican la asamblea plebiscitaria como elemento de máxima jerarquía, sino que le atribuyen este rol a la persona que se encuentra ocupando el puesto de Rector. El poder que esta persona ocupa está dado por el estatuto orgánico, que lo designa como el funcionario académico de más alta jerarquía ejecutiva, tiene la representación judicial y extrajudicial de la Universidad. A su vez, ocupa la más alta posición en términos administrativos, y participa de todos los espacios de toma de decisión como el Consejo Universitario, Asamblea Representativa, entre otros (Capítulo IV, Estatuto Orgánico, UCR, pp.9-10). Su lugar jerárquico es tan estable que incluso no existen formas internas de control y/o consecuencias en caso de acciones estipuladas en leyes nacionales como delitos en la función pública.
Esta situación evidencia que a pesar de que en teoría la asamblea plebiscitaria es la máxima instancia de decisión, en términos prácticos su labor recae en elegir a la Rectoría y miembros del Consejo Universitario, o en cesar al Rector de sus funciones cuando ha cometido una falta que así lo amerite, para lo cual tampoco existe un procedimiento estipulado en la normativa universitaria. Esto pone en cuestión, por lo tanto, la idea de una Universidad democrática, construida por toda su comunidad.
Por otro lado, en términos de contratación, la universidad se encuentra fragmentada a nivel de docencia por las y los trabajadores en plaza fija y aquellas personas en plaza temporal (interinazgo). El cuerpo docente en propiedad, alrededor de un 30% de la población, tiene acceso a un sistema de ascenso académico y salarial exclusivo llamado Régimen Académico, el cual garantiza mejoras salariales y ascenso en su nivel académico y, por lo tanto, en el reconocimiento que hace la institución sobre su trabajo. Por otro lado, el grupo de profesores en condición de interinazgo es heterogéneo tanto en su labor profesional como en sus méritos académicos. El elemento unificador en la mayoría de los casos es que sus contratos son válidos durante ocho meses al año, sin consideración por el trabajo necesario para planear los cursos que se les asignan que suelen cambiar de semestre a semestre.
Además, el grupo de profesores interinos no tiene voto en ninguna instancia de decisión de la Universidad, y en muchos casos, ni siquiera tienen voz dentro de sus unidades académicas. Aunado a esto, la Universidad brinda más apoyos económicos y profesionales a las personas que se encuentran en Régimen Académico, pero en el caso de las personas interinas se les restringe este acceso: salidas a congresos, aumentos salariales, beca para estudios, entre otros.
Otro aspecto importante de la jerarquización es la que se da a nivel de la contratación administrativa y la tercerización de servicios. El personal administrativo en términos de estatus se encuentra por debajo del cuerpo docente e investigación, esto se evidencia en en salario, vacaciones y derechos laborales.
En esta misma línea, también se construyen diferencias en las formas en que el trabajo de los docentes es valorado. Es decir, la institución apoya y se le da más prestigio a las personas que trabajan haciendo investigación, en detrimento de las que se dedican a la docencia y la acción social. Esto se evidencia de múltiples formas, tales como en los presupuestos otorgados, la carga de trabajo asignada, la continuación de los contratos y la posibilidad de ir al exterior a presentar su trabajo.
Otra jerarquía de importante envergadura, es la disciplinaria. Es un sentir generalizado por las direcciones académicas de Ciencias Sociales, que la universidad favorece las “ciencias naturales aplicadas” por encima de las Ciencias Sociales, de forma que es necesario contar con elementos que les permitan negociar de en mejores condiciones los recursos para sus unidades académicas.
Por último, identificamos la jerarquía norte/sur, ya que la institución, en su afán por la internacionalización, busca que la comunidad universitaria tenga contacto y construyan redes de trabajo con universidades del norte global. Es así, como convenios o apoyos para realizar estudios en universidades latinoamericanas no se dan con el mismo ímpetu y en muchas ocasiones son obstaculizadas por las instancias administrativas. Por otro lado, el contacto con universidades del norte, según la experiencia, se puede convertir en una relación basada en elementos coloniales donde se da un trato desigual y se cuestiona la capacidad que tiene el cuerpo de investigación, docentes y estudiantes de la UCR.
Todas estas situaciones, no se dan sin resistencia. Ya que de forma contradictoria la Universidad, a pesar de ser sumamente jerárquica, mantiene instancias de toma de decisión colegiada que permiten a las direcciones académicas y a docentes en condición de propiedad o de nombramiento continuo, es decir a aquellas personas que no pueden ser despedidas, capacidad de maniobrar y utilizar ya sea los diversos reglamentos o negociar con actividades a su cargo que son importantes para la institución. Las resistencias no son necesariamente explícitas, sino de baja intensidad, pero necesitan para su realización como mínimo un puesto seguro en la institución. Sin embargo, esto último tampoco garantiza perder los temores y oponerse a las políticas universitarias.
Para concluir, analizaremos la forma en que esta particular complejidad en las jerarquías de la Universidad de Costa Rica facilitan las transformaciones que facilitan la generación de una universidad que funciona más como una empresa.