En los 1990 se ha empezado a fortalecer la lucha altermundista por la creación de una globalización contra-hegemónica. Desde su localización, cada lucha en el siglo XXI es también global: subraya la complejidad de la modernidad/colonialidad que ha divido el mundo a partir de una línea abisal. El pensamiento poscolonial y las epistemologías del sur reconocen la importancia del contexto, de la especificidad y localización de cada lucha, pero también apuesta por las solidaridades posibles, el diálogo intercultural y las ecologías de saberes, al reconocer que la postura contra-hegemónica de cada colectivo conlleva transversalidades con otras perspectivas: al ser antirracistas, antipatriarcales o anticoloniales están atravesadas por el mismo sistema de opresión. El debate que propongo tiene por enfoque las reivindicaciones identitarias en América Latina, y, por tanto, las estrategias y desafíos de visibilización y obtención de derechos por parte de grupos sociales construidos como ausentes a lo largo de siglos de construcción colonial y de colonialidad del poder en nuestro continente. No hablo de minorías étnicas o culturales, porque la marginalización y vulneración social no son una cuestión numérica, sino construcciones discursivas e institucionales del Estado-Nación en América Latina que apartan de su definición de identidad nacional y de ciudadanía todo aquello que no encaja con la visión colonial heredada y mantenida por las élites políticas nacionales.
Conforme subraya Boaventura de Sousa Santos (2011), nuestros tiempos exigen imaginación política, al mismo tiempo en que demandan una sociología de las ausencias y las emergencias capaz de ver y escuchar y aprender de las alternativas ya existentes, de las potencialidades de las prácticas ya en proceso. Entre todas, nos enfocaremos en las posturas reformistas, que entienden el Estado como un escenario clave para las transformaciones buscadas, a través de leyes, políticas públicas y mecanismos de participación. En América Latina se multiplicaron a lo largo de los 1990 y los 2000, Constituciones más atentas a las reivindicaciones identitarias y que reconocen la necesidad de pensar la diversidad cultural y la interculturalidad en su diálogo y su desafío a la noción moderna de identidad nacional. Como consecuencia, se diseñan nuevas generaciones de políticas públicas de cultura, de reconocimiento de grupos étnicos y de recuperación de la memoria histórica de grupos marginados. Para citar apenas algunos casos, recordemos Bolivia y Ecuador en que la interculturalidad y e bien-vivir se han hecho políticas estatales, como bien explica Catherine Walsh (2009), llevando a la constitución de Estados Plurinacionales. También en Brasil, hemos visto la transformación del escenario sociopolítico desde 2003 con políticas públicas de educación y cultura que intentan afrontar le deuda histórica hacia la población afrodescendiente y en cuya creación tuvieron fundamental papel los movimientos sociales, entre los cuales el Movimiento Negro. En Colombia, como parte del proceso de paz, se ha creado el Centro Nacional de Memoria Histórica, en 2011, con vocación intercultural, valora y promueve las múltiples identidades étnicas, locales, comunitarias que conforman el tejido social del país, entendiendo que la paz depende del reconocimiento de las pluralidades colombianas. Sin duda, nada de esto ocurre sin conflicto. En cada uno de estos casos hay contradicciones, incoherencias, retos propios de cada Estado, sociedad, comunidad. Sin embargo, me gusta mirarlos en su complejidad y diferencia como ideas-fuerza, como potencialidades políticas para la transformación de los Estados en clave poscolonial. Y, siendo así, aterrizo al estudio de caso, relacionado con lo que ocurre en República Dominicana durante esta misma época y que parece ir en contra la tendencia regional.
Desde 2007 ya se registraban casos de trabas jurídicas a los dominicanos de ascendencia haitiana para la obtención de su cédula de votación cuando cumplían los 18 años. Pero esta situación se ha hecho oficial con la Constitución dominicana del 2010, que cambia los apartados del texto constitucional anterior en lo referente a la ciudadanía dominicana. A partir de entonces, dejan de tener derecho a la nacionalidad dominicana los hijos de padres extranjeros que estén en tránsito en el país, es decir, que no tengan residencia legal. Aunque la Constitución no pueda tener carácter retroactivo, pasa a servir de justificación para la negación de documentos nacionales a dominicanos hijos de padres haitianos en el momento en que se presentan delante la Junta Central Electoral para obtener su cédula. En el 2013, lo que eran prácticas informales gana el peso de ley, cuando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dicta la Sentencia 168-13, que, con efectos retroactivos, quita la nacionalidad a todas las personas nacidas después de 1929 de padres extranjeros sin documentación de residencia. La sentencia tiene un fuerte carácter racista y xenofóbico, denunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por estudios como el de Amelia Hintzen (2017), que investigan el origen del discurso anti-haitiano y de negación de las raíces negras de República Dominicana durante las tres décadas de dictadura trujillista. La Sentencia desconsidera, además, la responsabilidad histórica del Estado en la enorme atracción de población haitiana que vive en el país desde el siglo XIX, a través de acuerdos binacionales de mano de obra para los ingenios de azúcar – afecta a personas que han construido sus vidas en territorio dominicano, y cuyos hijos, viviendo como dominicanos desde su nacimiento, no tienen ya ningún arraigo con Haití. El carácter retroactivo de esta sentencia provocó una situación de desnacionalización y apatridia nunca antes vista en América Latina, subrayando la actualidad de los dilemas sociales, políticos, culturales, identitarios que atraviesan la sociedad dominicana desde su organización en Estado-Nación y en su relación con la vecina República de Haití. En clave poscolonial, podemos entender esta situación como una clara pervivencia de la colonialidad del poder en la República Dominicana, bien como de colonialismo interno.
A pesar de los duros ataques sufridos por el Estado, la población dominicana de ascendencia haitiana no se ha quedado en silencio. Desde los primeros indicios de negación de derechos en 2007, un grupo de jóvenes empezó a organizarse y conformó el movimiento social Reconoci.do. Este grupo empezó luchando por derechos básicos y fundamentales, como la obtención de sus documentos de identidad y cédulas, instrumentos tan esenciales como que de ellos dependen la posibilidad de inscribirse en la escuela y la universidad, acceder a los servicios de salud, adquirir bienes y conseguir un trabajo formal. Con el tiempo, el movimiento ha crecido en voluntad, profundidad, dimensiones, y se ha dado cuenta de la necesidad de una transformación de las mentalidades culturales y políticas de su país, sobre todo en lo que respecta al racismo y a la constitución de una identidad nacional dominicana que reconozca sus elementos haitianos y afrodescendientes. Esta lucha está ocurriendo ahora. Su labor de visibilización, debate, problematización de los derechos humanos, la memoria histórica, el espacio público y de la identidad en República Dominicana tiene el valor de Pedagogía de los Movimientos Sociales de que nos habla Miguel Arroyo (2003), basada en una visión poscolonial e intercultural que pone en jeque las acciones coloniales del Estado dominicano y su clase política.
Desde una Sociología de las Ausencias y de las Emergencias, el objetivo de esta ponencia será traer a la luz lo que he podido aprender de Reconoci.do y sus demás aliados durante mi estancia en la República Dominicana, de septiembre de 2017 a febrero de 2018. Más que visibilización y representatividad, también espero poder (re)sensibilizar a los latinoamericanos sobre una problemática que ha desaparecido de la agenda y de los medios de comunicación como si hubiera sido resuelta la Ley 169 del 2014, llamada Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. No es así. Entre octubre y diciembre de 2017 he podido acompañar lo que sería la segunda etapa del Plan, cuando los ciudadanos que habían aplicado en 2014 obtendrían finalmente la nacionalidad dominicana. A muchos les están concediendo apenas autorizaciones de residencia donde figura la nacionalidad haitiana, otros simplemente no han podido ser atendidos en los dos meses de apertura del proceso. Más que por trabas burocráticas, esta es una lucha vigente por lo mucho que queda por hacer en la transformación de las ideas de identidad nacional y ciudadanía en la República Dominicana – y en toda América Latina y Caribe. Compartiré algunos ejes de la pedagogía y transformación que Reonoci.do viene realizando, enfocándome en las ideas de ciudadanía, memoria, espacio público e identidad nacional. Y, por fin, volver a poner este panorama dominicano en relación y diálogo con lo que creo ser uno de los retos clave de la globalización contra-hegemónica – los desafíos de la identidad/alteridad, de lo local/global, pasando por lo nacional.

Referencias

Arroyo, Miguel (2003). Pedagogias em movimento: o que temos a aprender dos movimentos sociais. Currículo sem fronteiras, 3(1), 28-49.

De Sousa Santos, Boaventura. (2011). Epistemologías del sur. Utopía y praxis latinoamericana, 16(54), 17-39.

Hintzen, Amelia (2017). De la Masacre a la Sentencia 168-13: apuntes para la historia de la segregación de los haitianos y sus descendientes en República Dominicana.

Walsh, Catherine (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales en nuestra época. Ediciones Abya-Yala: Quito.