El régimen agroalimentario en el que actualmente nos encontramos inmersos funciona en el marco del capitalismo neoliberal, donde se pueden identificar varios actores influyentes de diverso tipo que pujan en un entramado complejo de relaciones de poder. Estos actores son las transnacionales (agroempresas y empresas de biotecnología), los Estados, organismos multilaterales, grupos o bloques de países, y los movimientos sociales. Estos últimos se constituyen como resistencia a la situación establecida, presentando una diversidad de modelos y propuestas que apuntan a solucionar problemas de sustentabilidad ecológica y equidad social. El conflicto que plantean es entre una agricultura centralizada, orientada a la exportación y la industrialización, manejada por corporaciones transnacionales, y una agricultura sustentable, descentralizada, basada en el campesinado y la unidad agrícola familiar que se oriente a los mercados domésticos. Este sistema agroalimentario dominado por las corporaciones ha penetrado en Uruguay, donde el agronegocio se ha establecido como forma predominante de producción agrícola relegando a importantes cantidades de pequeños productores de dicha actividad. Además estas corporaciones no solo controlan la producción sino también las etapas posteriores del proceso económico: la comercialización y el consumo de los alimentos.
Tal estado de cosas es entendido, en términos teóricos, como heteronomía instituida, ya que implica la pérdida de control creciente por parte de la población en general sobre los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Sin embargo, se plantean múltiples resistencias con diferentes perspectivas y propuestas. La que en este caso interesa, desde una perspectiva de Economía Social y Solidaria, son las redes de colaboración solidaria, y dentro de las mismas más particularmente interesan las organizaciones de consumo que buscan construir colectivamente nuevas prácticas al respecto. Se concibe a estos grupos como espacios instituyentes, que buscan construir autonomía respecto a los procesos crecientes de mercantilización que han permeando el sistema agroalimentario. La construcción de autonomía se expresa básicamente a partir de dos dimensiones. En primer lugar por la creación de nuevas formas de relacionamiento entre las personas, y en segundo lugar por la constitución de otro tipo de vinculo con lo que se consume, en este caso el alimento. Ambas dimensiones tienen en común el hecho de proyectarse como potencial alternativa al predominio de la racionalidad hegemónica guiada por una lógica instrumental y la maximización de los beneficios.
De esta manera, en este trabajo se busca analizar estas experiencias colectivas a partir de la categoría de reciprocidad como patrón de convivencia y forma de relacionamiento que pone el intercambio entre sujetos por encima del intercambio entre objetos. En estrecha afinidad con esto, también se toma en cuenta la categoría valor de uso, revalorizándolo por encima del valor de cambio, dado que permite concebir al alimento como fuente de nutrición más que como elemento de intercambio mercantil. Por tanto, el objetivo es analizar si las organizaciones de consumo solidario logran instituirse como espacios de resistencia respecto a los procesos de mercantilización hegemónicos que invaden el sistema agroalimentario. El análisis se basa en 15 entrevistas realizadas a integrantes de tres organizaciones, y de la observación de diferentes ámbitos colectivos: acopios, asambleas, visitas a productores, etc. Los resultados contribuyen en el sentido de aportar información empírica sobre resistencias colectivas emergentes en Uruguay, analizando sus potencialidades y limitaciones. Por otro lado, se acompaña y realiza un aporte en el marco de las luchas por soberanía alimentaria, en la cual es central la noción de autodeterminación de comunidades y sociedades, mientras que al cuestionar la seguridad alimentaria como propuesta se pone en disputa la visión acerca de los modelos de desarrollo y sus consecuencias en los sistemas agroalimentarios.