La ponencia propuesta busca reflejar experiencias desarrolladas desde el ámbito de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas a la protección de los derechos de los habitantes afectados por procesos de urbanización.
En el año 2013, con el patrocinio jurídico de la Defensoría, un grupo de vecinos del Edificio “Elefante Blanco” (en la Villa 15 situada en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires) inicia una acción de amparo judicial en defensa de sus derechos, en particular el derecho al hábitat y la vivienda digna, afectados en la medida en que vivían en un predio en condiciones de grave insalubridad y contaminación.
Se trata de un número de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, afectados por un escaso acceso a los derechos, y que forman parte de grupos que padecen situaciones estructurales de exclusión social.
A partir de la presentación de la acción de amparo, comienza un desarrollo y experiencia colectiva muy interesante, que pese a las limitaciones y obstáculos estructurales, permite a los vecinos hacer oír su voz y participar de un proyecto en busca de soluciones a la situación que atraviesan.
A modo de ejemplo, y dentro del marco de un proceso complejo, cabe destacar que el Poder Judicial dictó diferentes medidas cautelares con el fin de garantizar el derecho a la vivienda y el hábitat digno de los habitantes del lugar.
Actualmente, a comienzos del año 2018, se está llevando adelante un proceso de relocalización, con control judicial, con el fin de garantizar que los vecinos que abandonan el predio afectado reciban una compensación económica adecuada.
Consideramos que el caso resulta relevante para analizar y reflexionar acerca de la posibilidad de plantear ante los organismos judiciales reclamos en materia de derechos sociales, así como explorar diferentes estrategias que resulten útiles y eficaces en la protección de derechos.
Uno de los ejes principales de la labor de la Defensoría se vincula a la garantía del derecho de “acceso a la justicia”, entendido desde una perspectiva integral, para garantizar que el sistema judicial escuche las voces de los grupos y colectivos marginados de la sociedad, que tradicionalmente no tienen acceso al sistema de justicia.
La Defensa Pública tiene como misión trabajar desde la perspectiva de los Derechos Humanos, con un enfoque particular en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.
A su vez, la tarea busca involucrar al sistema judicial, tradicionalmente alejado de los sectores populares, en la solución de las problemáticas que afectan a colectivos postergados y vulnerables.
Cabe señalar que en el ámbito de la Ciudad, desde sus comienzos la Defensa Pública ha tenido un rol muy activo en la defensa y promoción de los derechos económicos sociales y culturales, sin descuidar el rol tradicional de defensa pública en materia penal.
En particular, la Defensa Pública ha tenido una fuerte impronta en la defensa del derecho a la vivienda digna, llevando ante los tribunales numerosos casos para la protección de personas en situación de calle o de graves carencias habitacionales. Uno de estos casos, iniciado ante la Justicia local, motivó un pronunciamiento histórico de la Corte Suprema de Justicia donde precisó los alcances del derecho a la vivienda en nuestro ordenamiento (caso “Quisbert Castro”, abril de 2012).
Es muy importante entonces, tener presente la dimensión social del acceso a la justicia. En líneas generales, el Poder Judicial ha estado muchos años alejado de las necesidades populares, de espaldas a los sectores más necesitados. En este sentido, desde la Defensa Pública se busca desarrollar e implementar acciones para empezar a reparar esta deuda.
Otro enfoque relevante se refiere a la acción de la Defensa Pública dentro de los territorios. La descentralización permite a las instituciones judiciales superar las barreras de acceso, generar vínculos novedosos con los territorios, y conocer mejor las problemáticas de cada barrio.
Estas experiencias se dan en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por ser una Ciudad fragmentada, desigual y donde se profundizan procesos de segregación urbana.
La Ciudad es un escenario de conflictos sociales, donde se enfrentan lógicas e intereses complejos y antagónicos. Por una parte, los intereses del capitalismo inmobiliario, con las lógicas de acumulación, rentabilidad, desposesión urbana, gentrificación, etc. Y por otra parte, la lógica de la protección de los derechos humanos de los habitantes, en especial el derecho a la vivienda y el hábitat de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Vastos sectores de la población se encuentran socialmente excluidos y sin acceso a servicios básicos, con dificultades para sostener el derecho a la vivienda digna. De acuerdo a los datos disponibles, se estima que actualmente unas 250.000 personas (el 8% de la población de la Ciudad), vive en villas y asentamientos informales (Informe Universidad Católica Argentina, octubre de 2017).
En esta perspectiva, la ponencia se propone destacar los siguientes ejes: acceso a la justicia, perspectiva de derechos humanos, justicia social urbana, participación e información de los colectivos afectados, análisis del conflicto urbano en las grandes ciudades, etc.
Complementariamente, también se propone el análisis del proceso de urbanización del Barrio “Los Piletones”, también situado en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde igualmente la Defensoría desarrolla su trabajo acompañando a los vecinos en el reclamo por sus derechos, tanto frente a los organismos administrativos de Gobierno como ante el sistema judicial.