La Costa Sur es una región habitada por población mestiza y maya que concentra las principales inversiones capitalistas agroindustriales del país. A partir de la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado, el Estado aplicó ahí un conjunto de prácticas de aniquilamiento sistemático que, siguiendo la definición de Feierstein, podrían ser consideradas como genocidas.
Feierstein propone que el proceso genocida abarca las siguientes etapas/procesos: a) Construcción de una otredad negativa, b) Ejecución de acciones de hostigamiento físico y legal sobre esa otredad negativa así como preparación y prueba de los ejecutores de las mismas, c) Aislamiento del sector social a ser exterminado, d) Debilitamiento físico y psíquico del núcleo aislado a través de diversas técnicas y generación de una estructura de traición todo lo cual culmina en la muerte o “adaptación” del núcleo aislado e) Aniquilamiento físico y simbólico, y f) “Realización simbólica,” que supone la construcción de determinadas formas narrativas sobre el proceso genocida, no sólo de los perpetradores sino de otros sujetos como la academia, en las que, por ejemplo, se resalta la inocencia de las víctimas y se niega su potencial subversor del orden social, y/o se retratar a los perpetradores como seres irracionales.
El proceso explicado arriba se registró en distintas regiones de Guatemala a partir de la contrarrevolución de 1954, cuando los medios de comunicación pública y privada, el sistema educativo y el sistema jurídico convirtieron a “los comunistas” en la “otredad negativa” de la nación. El proceso de demonización y hostigamiento incluyó: el asesinato, encarcelamiento y exilio de comunistas o acusados como tales, su expulsión del sistema político e intelectual y la proscripción de la literatura y simbología que les era asociada. La contrarrevolución se expresó de formas particulares en la Costa Sur. En la finca Jocotén, Tiquisate, se registró una masacre anticomunista/ antisindical de por lo menos un centenar de trabajadores. Esta podría considerarse un antecedente del proceso genocida guatemalteco pero no lo ha sido.
En la segunda mitad de los años sesenta, el Estado guatemalteco dejó de recurrir a la prisión política y, con apoyo de la CIA organizó la primera operación de desaparición colectiva de militantes revolucionarios (poco más de una treintena). Entre los varios escenarios de esta operación estuvo, nuevamente, la Costa Sur. Durante el período más álgido de la guerra (1978-1984), los comunistas continuaron siendo considerados la “otredad negativa” de la nación, pero en determinadas circunstancias a esta identidad se integraron otras como la indígena y católica. En la Costa, las modalidades de hostigamiento, aislamiento y aniquilación física y simbólica se extendieron y se sofisticaron. Se ejecutaron masacres familiares, se desaparecieron a cientos de personas y aparecieron decenas sino es que centenas de cadáveres torturados en ríos, calles o veredas.
Al terminar la guerra, la violencia política acontecida en la Costa Sur y en otras regiones, no sólo fue invisibilizada sino que quedó desligada del debate sobre el genocidio. Esto se debe, fundamentalmente, a que el genocidio fue conceptualizado como una política estatal racista, aplicada en forma de masacres colectivas a pueblos mayas desarmados, entre fines de los 1970s e inicios de 1980s, por el hecho de ser mayas. Dicha narrativa: a) Olvida o pretende olvidar que el diseño de las prácticas genocidas acontecidas en las distintas regiones fue dirigido desde el mismo Estado b) Tiende a negar las identidades políticas de las víctimas (aparte de la étnica) y c) Fragmenta temporal, espacial y políticamente el genocidio guatemalteco.
Por tanto, en esta ponencia me cuestiono si dichas narrativas constituyen parte del proceso de “realización simbólica” del proceso genocida guatemalteco y hago un llamado a reconceptualizarlo desde una perspectiva explícitamente política y totalizadora. Nuestra lucha por construir una sociedad democrática e igualitaria pasa necesariamente por la revisión y cuestionamiento de nuestras políticas sobre la memoria de la guerra y el genocidio.