En los últimos años el fenómeno de la violencia en México se ha exacerbado de manera tal que, solamente en el año 2017, se documentaron los mayores índices de homicidios dolosos de los que se tenga registro en la historia del México contemporáneo. Con casi un cuarto de millón de victimas que fenecieron a manos de sus victimarios homicidas, aunadas a las más de treinta mil personas desaparecidas, más miles de familias desplazadas, forzadas a la migración interna o al exilio, las políticas en materia de seguridad pública que se han venido implementando en México desde diciembre del año 2006 arrojan una singular conclusión: si bien la vida humana se encuentra salvaguardada por la ley, impunemente se le puede dar muerte. También, cabe destacar que en la integración de los datos que corresponden a las estadísticas oficiales de la violencia, la participación de la sociedad civil ha sido pieza clave, ya que mediante la conformación de organizaciones para la acción colectiva se ha conseguido visibilizar tanto a los victimarios de la violencia homicida como a las victimas desaparecidas y los lugares en donde estas yacían. No obstante, parecería ser que la respuesta estatal ante la participación ciudadana ha sido la criminalización de la protesta social y la omisión de investigar judicialmente los homicidios y agresiones contra periodistas y defensores de derechos civiles. Así, este modo de actuar del poder soberano, hace patente, por una parte, la paulatina transformación del Estado Constitucional en un Estado de Excepción y, por otro lado, coloca en el umbral de indistinción los históricamente signados límites entre un gobierno democrático y un gobierno totalitario. Situado entre el derecho público y el hecho político, el Estado de Excepción es la forma legal de aquello que no puede tener forma de ley. El Estado de excepción no corresponde puramente a un hecho político porque este se produce de la suspensión del derecho y, no obstante, por ello mismo tampoco es derecho. El Estado de excepción constituye un punto de desequilibrio a partir del cual el orden y el caos, lo normal y lo anormal, lo interior y lo exterior se indeterminan. El Estado de excepción es una zona de anomia en el que la distinción entre lo público y lo privado es desactivada. A pesar de que no siempre se cuenta con una declaración técnica de este, el Estado de excepción se ha impuesto tanto en México como en algunos países latinoamericanos, particularmente, Brasil y Honduras. La militarización de Rio de Janeiro respaldada por el presidente brasileño no electo popularmente, Michel Temer, aunado a la reelección inconstitucional del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, más la militarización de la vida social en México desde finales del año 2006, muestran la transición por medio de la cual el Estado de Excepción se ha convertido en la regla. En los últimos 20 años una serie de cambios políticos transformaron cualitativamente la vida de algunos pueblos latinoamericanos. Los gobiernos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay presididos por Hugo Chávez, Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y José Mújica, respectivamente, ejemplifican proyectos políticos donde la vida humana y el bienestar social pasaron a ocupar la centralidad. No obstante, ante el temor de la proliferación de proyectos políticos que gobiernen en función del bienestar social y no en función del capital, el gobierno norteamericano (tanto con Barack Obama como con Donald Trump) ha optado por respaldar a gobernantes que han accedido al poder mediante cuestionados triunfos electorales o mediante golpes de estado simulados bajo la figura del impeachment (como en el caso de Honduras, Paraguay y Brasil). Ante el actual encumbramiento de nuevos autoritarismos políticos en América latina (Argentina, Brasil, Honduras y México), más la judicialización de la política, se puede asentir que este modo de gobernar de los soberanos latinoamericanos facilita la emergencia de Estados de Excepción, los cuales han iniciado un nuevo episodio en la lucha entre el Estado y el no-Estado, es decir, entre el Estado y la vida humana.