El modelo de cuasi-mercado educativo instaurado en Chile desde la década de los ochenta en plena dictadura militar es reconocido internacionalmente por la introducción masiva de una lógica de funcionamiento neoliberal. Las políticas educativas post dictatoriales no han cambiado sustantivamente los pilares del modelo que, además, se han ido fortaleciendo a través de mecanismos asociados a una gestión managerial, entre los cuales se encuentran evaluaciones estandarizadas de tipo censal, gestión basada en resultados y competencia entre escuelas. En esta línea, el modelo de gestión que se prescribe a las realidades escolares se relaciona con criterios gerencialistas, con la instalación de estándares de calidad desde la institucionalidad de nivel macro, con la rendición de cuentas y con la medición constante de resultados, principalmente en logros de aprendizaje de los estudiantes, a través de un sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE). El SIMCE se ha transformado paulatinamente en el articulador de las políticas educativas de mercado. Esta medición es una prueba censal estandarizada anual, destinada a medir los rendimientos académicos de los estudiantes de ciertos niveles en todos los establecimientos del país, cuyos resultados son publicados y difundidos a modo de ranking a través de los medios de comunicación. Además, el SIMCE se utiliza para clasificar a los establecimientos por su desempeño, clasificación que tiene un alto impacto en términos de los grados de autonomía o control que tienen por parte del estado, llegándose incluso al extremo que los establecimientos con peor clasificación pueden ser cerrados al cabo de cuatro años si no aumentan su puntaje SIMCE.
Desde hace algunos años, el SIMCE ha empezado a ser cuestionado respecto a su utilidad como herramienta para aportar con información relevante para el mejoramiento de la calidad educativa así como por los efectos no intencionados que podría generar en las comunidades escolares. En Chile, la línea de investigación respecto de los efectos del SIMCE en las escuelas ha comenzado a desarrollarse sólo recientemente. En dichas investigaciones existen indicios de consecuencias inesperadas negativas, en línea con los hallazgos de investigaciones en otros países que aplican políticas de rendición de cuentas asociadas a pruebas estandarizadas. La presente ponencia presenta los resultados de una investigación que indagó directamente en la cotidianeidad de la escuela respecto a la puesta en práctica -enacment- del SIMCE en las comunidades escolares. Buscamos comprender cómo los distintos actores del sistema educativo interpretan esta política, cómo se va transformando la cultura escolar y cuáles subjetividades se construyen bajo la lógica de rendición de cuentas y auditoría.
Metodología: Se utilizó un enfoque etnográfico. La unidad de estudio fue la escuela municipal vulnerable. Seleccionamos tres escuelas con altos índices de vulnerabilidad en su alumnado ubicadas en la zona sur de Santiago y con distinta clasificación según resultados SIMCE: Liceo Sur (emergente), Liceo Rosa (en recuperación) y Escuela Nova (autónoma). En los tres establecimientos se entregaron los consentimientos informados respectivos. La estrategia de terreno consistió en observaciones etnográficas de las jornadas en que se rindió la prueba SIMCE, en el mes de octubre del 2015. Se registró en un diario de campo el ambiente de la escuela, la llegada y recepción de los examinadores SIMCE, las actividades previas y posteriores al momento de rendir la prueba, así como conversaciones informales con estudiantes, docentes y directivos. Durante el año también se observaron consejos de curso y se realizaron entrevistas a docentes respecto al SIMCE. Se realizó análisis de contenido inductivo, basado en la Teoría Fundamentada de Taylor y Bogdan (1990). Las diversas fuentes fueron analizadas en conjunto, levantando categorías emergentes que hicieran sentido de la complejidad de las prácticas y discursos que estas escuelas han construido en torno al SIMCE.
Principales resultados: El SIMCE es representado como: un instrumento descontextualizado; no reconoce las desiguales condiciones de las escuelas; carece de utilidad para el mejoramiento; no valora prácticas educativas que los docentes consideran significativas; un castigo injusto para las comunidades escolares. La mirada a la vida cotidiana de la escuela, a los momentos rituales de la rendición de la prueba SIMCE y el discurso social que circula en espacios significativos del trabajo docente, como en los Consejos de Profesores, muestran el carácter hipertrofiado del discurso de la responsabilización en el contexto del sistema educativo guiado por mecanismos de mercado. En este contexto los principales hallazgos dicen relación con lo que hemos denomidado: “cultura de auditoría”, “trabajo (in)decente”, “subjetividades des-quiciadas”, “cotidianeidad en el aula sometida”, “escuela pública amenazada de extinción”, “escuela pública “enferma” en la UCI”.